México es un país que envejece.
Sin advertirlo del todo el fenómeno avanza, y me temo que no nos encuentra
preparados para enfrentarlo; en este momento tenemos una edad promedio de 27 años,
las personas mayores de 60 años representan el 12.3% del total de la población,
de los cuales el 60% vive con alguna discapacidad, y el 72% se encuentra en
precariedad o vulnerabilidad social. En una fecha no tan lejana como lo es el
2034, el número de infantes será igual que el de adultos mayores.
Ese mismo grupo demográfico
representa el 16% de la lista nominal, esto es, de quienes pueden votar. La
población mayor de 80 años, junto con los hombres de 19 a 29 años es la que
menos vota
La situación de vulnerabilidad
social, la precariedad, las enfermedades, pintan un panorama difícil para el
envejecimiento de cada persona, pero también para nuestra sociedad. Se trata de
un reto de políticas públicas que necesitamos tomar en serio.
La calidad de ciudadano, de
ciudadana, se define en buena medida por ser sujeto del Estado. Esto es, ser
partícipe de las decisiones políticas, y no mero objeto de las determinaciones
del gobierno; implica participar en la discusión pública, proponer acciones,
presentarse en una candidatura, participar en la organización de las elecciones
y votar, desde luego.
La edad, en un país con tanta
desigualdad como el nuestro, es un factor que en la práctica limita o
desaparece la calidad de ciudadano o ciudadana, por varias razones. Primera,
porque la precariedad hace que las personas mayores sean un grupo vulnerable a
la compra y coacción del voto; segunda, porque no tenemos mecanismos que
permitan el voto desde casa para aquellas personas que no puedan salir a
sufragar; tercera, porque el tema mismo de una agenda gerontológica de la
democracia mexicana está fuera de la discusión pública.
En este entorno debemos sumar,
en vistas a las elecciones del 2021, la pandemia en la que nos encontramos. El
COVID-19 que según han advertido las autoridades sanitarias y se comprueba
todos los días, se ensaña con las personas mayores.
Así, dado que suspender
elecciones no es una posibilidad, debemos aprender a hacerlas en medio de la
epidemia. Y esto vuelve aún más vulnerable la ciudadanía efectiva de las
personas mayores.
En este entorno el Consejo General
del INE aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021.
En la interesante discusión previa a la aprobación de este documento, así como
en el texto de la propia estrategia, se señalaron dos puntos que tienen que ver
con las personas mayores de 60 años: la primera, que estarán ausentes de la
primera insaculación, un acto previo y necesario para la selección del
funcionariado de casilla; la segunda, que no podrán participar en el proceso de
selección de capacitadores-asistentes electorales (son las personas que
notifican a quienes han sido insaculados para participar en casillas y les
capacitan) todo esto con motivo de las recomendaciones acerca de que las
personas con edades arriba de los 60 años se queden en sus casas.
Estas decisiones, que no se
tomaron por mayoría y que generaron una muy interesante discusión, tienen como respaldo el proteger el derecho a la salud, lo
que es un fin constitucionalmente protegido sin duda alguna. Sin embargo me
parece que, como se planteó en el debate que este punto suscitó en la sesión
del Consejo General del INE, la solución pudo ser otra. Si bien la salud es un
derecho constitucionalmente tutelado, lo es también la autonomía de la persona,
el derecho al trabajo así como el derecho a la participación política.
Recordando la sentencia del uso
lúdico de la marihuana, podemos traer a la discusión que el derecho a la salud
tiene límites que puede marcar la misma persona. Si esto es posible cuando
hablamos del llamado “libre desarrollo de la personalidad”, que fue lo que se
afirmó en esa resolución, es también posible cuando hablamos del ejercicio de
la ciudadanía.
Participar en las mesas
directivas de casilla es un acto de plena ciudadanía. Es una acción que implica
compromiso con nuestra comunidad, una forma de patriotismo llena de
significado. Es una alta manifestación de la pertenencia a una comunidad
política.
Por otra parte la función de
capacitación electoral es sin duda pesada. Implica ir casa por casa, convencer
a ciudadanos/as en ocasiones apáticos, capacitarles y apoyarles en la jornada
electoral. Es un trabajo duro, que para quien lo hace se convierte en su
principal o única fuente de ingresos.
Entiendo la necesidad de ajustar
nuestras elecciones a la nueva normalidad, y creo que exige una labor de
armonización entre distintos derechos y mandatos. Pero creo también que debemos
considerar dos presupuestos: primero, la autonomía personal, la capacidad y el
derecho a decidir que tienen todas las personas adultas; segundo, el riesgo de
la pérdida de la ciudadanía en la práctica en que se encuentra la población
adulta mayor.
Las medidas que se tomen deben
respetar esa autonomía y reforzar las posibilidades para que, en ejercicio de
la misma, nuestras personas mayores sigan siendo parte de quienes deciden el
rumbo de nuestro país.
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