A vuelapluma III. COVID-19, personas mayores, casillas y capacitación electoral.

 

México es un país que envejece. Sin advertirlo del todo el fenómeno avanza, y me temo que no nos encuentra preparados para enfrentarlo; en este momento tenemos una edad promedio de 27 años, las personas mayores de 60 años representan el 12.3% del total de la población, de los cuales el 60% vive con alguna discapacidad, y el 72% se encuentra en precariedad o vulnerabilidad social. En una fecha no tan lejana como lo es el 2034, el número de infantes será igual que el de adultos mayores.

Ese mismo grupo demográfico representa el 16% de la lista nominal, esto es, de quienes pueden votar. La población mayor de 80 años, junto con los hombres de 19 a 29 años es la que menos vota

La situación de vulnerabilidad social, la precariedad, las enfermedades, pintan un panorama difícil para el envejecimiento de cada persona, pero también para nuestra sociedad. Se trata de un reto de políticas públicas que necesitamos tomar en serio.

La calidad de ciudadano, de ciudadana, se define en buena medida por ser sujeto del Estado. Esto es, ser partícipe de las decisiones políticas, y no mero objeto de las determinaciones del gobierno; implica participar en la discusión pública, proponer acciones, presentarse en una candidatura, participar en la organización de las elecciones y votar, desde luego.

La edad, en un país con tanta desigualdad como el nuestro, es un factor que en la práctica limita o desaparece la calidad de ciudadano o ciudadana, por varias razones. Primera, porque la precariedad hace que las personas mayores sean un grupo vulnerable a la compra y coacción del voto; segunda, porque no tenemos mecanismos que permitan el voto desde casa para aquellas personas que no puedan salir a sufragar; tercera, porque el tema mismo de una agenda gerontológica de la democracia mexicana está fuera de la discusión pública.

En este entorno debemos sumar, en vistas a las elecciones del 2021, la pandemia en la que nos encontramos. El COVID-19 que según han advertido las autoridades sanitarias y se comprueba todos los días, se ensaña con las personas mayores.

Así, dado que suspender elecciones no es una posibilidad, debemos aprender a hacerlas en medio de la epidemia. Y esto vuelve aún más vulnerable la ciudadanía efectiva de las personas mayores.

En este entorno el Consejo General del INE aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021. En la interesante discusión previa a la aprobación de este documento, así como en el texto de la propia estrategia, se señalaron dos puntos que tienen que ver con las personas mayores de 60 años: la primera, que estarán ausentes de la primera insaculación, un acto previo y necesario para la selección del funcionariado de casilla; la segunda, que no podrán participar en el proceso de selección de capacitadores-asistentes electorales (son las personas que notifican a quienes han sido insaculados para participar en casillas y les capacitan) todo esto con motivo de las recomendaciones acerca de que las personas con edades arriba de los 60 años se queden en sus casas.

Estas decisiones, que no se tomaron por mayoría y que generaron una muy interesante discusión, tienen como respaldo el proteger el derecho a la salud, lo que es un fin constitucionalmente protegido sin duda alguna. Sin embargo me parece que, como se planteó en el debate que este punto suscitó en la sesión del Consejo General del INE, la solución pudo ser otra. Si bien la salud es un derecho constitucionalmente tutelado, lo es también la autonomía de la persona, el derecho al trabajo así como el derecho a la participación política.

Recordando la sentencia del uso lúdico de la marihuana, podemos traer a la discusión que el derecho a la salud tiene límites que puede marcar la misma persona. Si esto es posible cuando hablamos del llamado “libre desarrollo de la personalidad”, que fue lo que se afirmó en esa resolución, es también posible cuando hablamos del ejercicio de la ciudadanía.

Participar en las mesas directivas de casilla es un acto de plena ciudadanía. Es una acción que implica compromiso con nuestra comunidad, una forma de patriotismo llena de significado. Es una alta manifestación de la pertenencia a una comunidad política.

Por otra parte la función de capacitación electoral es sin duda pesada. Implica ir casa por casa, convencer a ciudadanos/as en ocasiones apáticos, capacitarles y apoyarles en la jornada electoral. Es un trabajo duro, que para quien lo hace se convierte en su principal o única fuente de ingresos.

Entiendo la necesidad de ajustar nuestras elecciones a la nueva normalidad, y creo que exige una labor de armonización entre distintos derechos y mandatos. Pero creo también que debemos considerar dos presupuestos: primero, la autonomía personal, la capacidad y el derecho a decidir que tienen todas las personas adultas; segundo, el riesgo de la pérdida de la ciudadanía en la práctica en que se encuentra la población adulta mayor.

Las medidas que se tomen deben respetar esa autonomía y reforzar las posibilidades para que, en ejercicio de la misma, nuestras personas mayores sigan siendo parte de quienes deciden el rumbo de nuestro país.