Follow by Email

jueves, 16 de junio de 2016

Segunda vuelta



En el último número de la revista Voz y Voto se publicó un interesante artículo de José Woldenberg sobre el tema de la segunda vuelta electoral, para la elección de los puestos ejecutivos. Como argumento de fondo, el distinguido politólogo presenta el que se evite que llegue a encabezar gobierno quien concita más voluntades en su contra.

Desde luego no puede obviar el ex presidente del IFE el tema de la gobernabilidad por referencia a la integración del legislativo, y propone que se modifique la integración de las cámaras federales, a fin de que  sean un espejo de la votación nacional, esto es, el porcentaje de votos de cada fuerza política sea igual al de escaños que obtenga. Afirma que, incluso en caso de que este elemento de ajuste no se consiga, aun así con el modelo constitucional actual sería posible un esquema de segunda vuelta, dado que se puede optar por un gobierno de coalición, basado en la alianza entre el partido en el ejecutivo y la fuerza o fuerzas principales del el legislativo.

Desde luego la autorizada pluma que propone lo anterior obliga a tomar en serio su propuesta. Y por tanto, exige también una réplica que permita ofrecer a los ciudadanos distintos puntos de vista para que cada quien forme su opinión.

Si bien es cierto la segunda vuelta genera la ilusión de una mayor “legitimidad”, siguiendo a Jaime Cárdenas, puede afirmarse que la misma en buena medida es ficticia, dado que un porcentaje importante de quienes votan por el ganador no lo hacen por sus propuestas, personalidad o antecedentes, sino justamente como afirma Woldenberg, para evitar que otra persona acceda al ejecutivo, esto un poco justo como acaba de suceder en Perú entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski.

Sin embargo, ¿esto genera legitimidad? Genera la aceptación del mal menor, pero ni concita la emoción ni garantiza el apoyo; más bien una especie de pasiva aceptación.

Al contrario que Woldenberg, estimo que el entramado constitucional actual no es adecuado para la segunda ronda. Ya lo ha apuntado María Marván, ex consejera tanto del IFE como del IFAI, el tema no es la segunda ronda, el asunto es si modificamos la forma de gobierno presidencial por una diversa. Veamos el ejemplo de Perú. Frente al triunfo ajustado de Kuczynski para el ejecutivo, se observa que los seguidores de Fujimori tienen 60 escaños de 130, y los partidarios del presidente electo acceden apenas a 25. Es de esperarse que las medidas legislativas y presupuestarias del nuevo gobierno choquen con la fuerza que tiene casi la mitad de los congresistas.

Si un escenario similar se presentara en México, se dirá que hay dos salidas: una, la negociación política de cada tema trascendente, lo que desde luego es posible pero que en un congreso con diversas bancadas se vuelve muy complejo, y más si observamos que en nuestro país ya no son tres, sino cuatro las fuerzas políticas principales. La segunda salida, podría aducirse, es que ya nuestra Constitución contempla los gobiernos de coalición, que al correcto decir del expresidente del IFE permite acuerdos que permitan ejecutar un plan de gobierno concertado.

Sin embargo, vale recordar que ese modelo de gobiernos de coalición es propio de los sistemas parlamentarios, en los cuales el gabinete dura tanto como el apoyo de la mayoría de la legislatura. Así, si en México tuviéramos una coalición en el gobierno que por cualquier causa (elecciones intermedias, disputas por puestos, discrepancia sobre la ejecución de políticas, eventos externos sobre cuya atención no haya acuerdo, etc,) se rompiera, no terminaría anticipadamente el gobierno y el tema se zanjaría con elecciones anticipadas, como en cualquier país parlamentario, sino que continuaría un ejecutivo nacional confrontado con una oposición fortalecida por sus ex aliados, con una debilidad patente por un lastimoso periodo de varios años.

Con lo anterior no descarto la segunda ronda. Llamo la atención sobre la necesidad de no introducir elementos aislados en la estructura constitucional de gobierno, sin que se haga la revisión integral de la misma que permita su adecuado funcionamiento como un todo. 

miércoles, 8 de junio de 2016

Miscelánea jurídica XXIII

Teoría de la nulidad de las elecciones
Santiago Nieto Castillo

Por derecho propio, uno de nuestros máximos autores de Derecho Electoral, que ahora plasma sus ideas sobre el tema siempre complejo de las nulidades en materia comicial. Siguiendo su buena costumbre de fijar posiciones, precisa de inicio su visión acerca del Estado constitucional y democrático de derecho, así como el papel de los jueces en la democracia. Esto es importante, porque su visión ideológica y su postura epistemológica, expresadas de forma clara, permiten confrontar sus ideas a lo largo del libro con los postulados de que parte, a fin de verificar la coherencia del autor; sin duda lo es a lo largo de todo el texto.

Se abordan temas como el desarrollo histórico de la nulidad electoral, así como el concepto de la determinancia en sus dos vertientes, cualitativa y cuantitativa. En particular, destaca el análisis de las causas abstractas y genéricas de nulidad, distinguiendo con precisión entre una y otra. En un apartado previo analiza las causales específicas. Al final, plasma sus consideraciones sobre la judicialización de la política.

La obra de Nieto Castillo conjunta conocimiento teórico con un brillante análisis de casos concretos, en temas que van desde la separación Iglesias-Estado hasta el uso de logos partidistas en peleas de box. Su compromiso con los ideales de un estado auténticamente democrático están presentes en este como en todos sus libros; y aquí toman un lugar preponderante cunado se ocupa de analizar las nuevas causales constitucionales de nulidad electoral. Pluma ágil, experiencia práctica y solidez teórica, no es algo que se encuentre siempre.

Afirma el autor: "Los juzgadores deben ser conscientes que sus sentencias trascienden al ámbito social y mandan mensajes para el colectivo". Lo que permiten o no los jueces, marca el límite entre lo políticamente posible y lo jurídicamente lícito.


lunes, 23 de mayo de 2016

Voto razonado. ¿Pueden las autoridades administrativas realizar control constitucional?

Transcribo a continuación mi voto razonado en un asunto, donde analizo el tema del control constitucional difuso y las autoridades administrativas.

VOTO RAZONADO QUE EMITE EL CONSEJERO LUIS OCTAVIO VADO GRAJALES, EN RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RELATIVO A LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVARSE PARA LA CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EMITIDA EN EL EXPEDIENTE TEEQ-RAP/JLD-2/2016 Y SUS ACUMULADOS.

Para explicar este voto, quiero centrarme en la decisión contenida en la sentencia del expediente TEEQ-RAP/JLD-2/2016, en cuanto la inaplicación en el caso concreto del artículo 166, fracciones I, II, III incisos a) y b) así como IV, incisos a) y d) de la Ley Electoral queretana, inaplicación a la que llega el juzgador electoral luego de ejecutar el método de control constitucional que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010, originado por la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el asunto Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos.

En tal decisión, el máximo tribunal constitucional reconoció el control difuso de la constitucionalidad, mismo que en palabras de Rafael Coello Cetina podemos definir como “la atribución que corresponde a todo tribunal del Estado Mexicano, sea judicial, administrativo o del trabajo, para analizar y decidir sobre la constitucionalidad de las disposiciones generales que debe aplicar al conocer y resolver un juicio, con el objeto de tutelar los derechos humanos de los sujetos que se someten al orden jurídico nacional”[1] y fijó los pasos para realizar dicho control, mismos que deben seguirse para declarar en su caso, la inaplicación por inconstitucionalidad. Dichos pasos son los siguientes[2]:

A.  Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo a las personas la protección más amplia.

B.  Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde con los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.

C.  Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.

Destaco de lo anterior, que conforme el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  la obligación de realizar interpretación conforme en sentido amplio corresponde a todas las autoridades, mientras que la interpretación conforme en sentido estricto así como la inaplicación por inconstitucionalidad, corresponden a los jueces.

Me parece que de lo anterior se pueden extraer dos conclusiones relevantes. Primera, que la distinción que realiza el máximo juez constitucional mexicano entre autoridades administrativas y autoridades jurisdiccionales, debe ser la guía para el actuar de las mismas, pues cualquier ejercicio de potestad pública debe estar sujeto al ámbito de competencias de cada autoridad, sin que sea posible, aún con los mejores deseos cívicos, que una determinación pueda sostenerse cuando se dicta fuera de la esfera de atribuciones que el propio sistema constitucional ha señalado.

Segunda, que la inaplicación de disposiciones legales es una competencia exclusiva de los jueces, aún en el modelo de control constitucional. Esto se robustece con la tesis de rubro SISTEMA DE  CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO, en cuya parte final se puede leer “Finalmente, debe señalarse que todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad”.

Hasta aquí, puede afirmarse entonces que al emitir el Acuerdo relativo a los Lineamientos que deberán observarse para la constitución y registro de los partidos políticos locales en el estado de Querétaro este Consejo General estaba constreñido a realizar la interpretación conforme de la legislación aplicable, pero le estaba vedado el realizar una apreciación sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley Electoral del Estado.

La interpretación conforme es un canon mediante el cual el operador jurídico debe realizar una lectura de los textos legales que permita dar a los inferiores un sentido concorde con el que se adscribe a los que se encuentran en gradas mayores del sistema normativo. Ahora bien, para lograr esto es necesario que la asignación de sentido sea racionalmente sostenible. Esto es, no cualquier lectura del texto es posible.

Dicho claramente, no es posible, so pretexto de una supuesta interpretación conforme, realizar una inaplicación. Hacerlo sería violentar el criterio fijado por la Suprema Corte e ignorar la distribución constitucional de competencias.

Ahora bien, en el caso relativo al porcentaje requerido por la legislación local y la general para el registro de nuevos partidos, el juez comicial queretano concluye que no es posible realizar una interpretación conforme, ni en sentido amplio ni en sentido estricto, porque, como afirma en la sentencia referida, la regulación de los asuntos que contiene el artículo 166 de la Ley Electoral es competencia del legislador federal. Esto racionalmente no puede superarse mediante método alguno de interpretación.

En el ejercicio de esta facultad, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro ha llevado a cabo el control constitucional en una manera que esta autoridad administrativa no pudo haber realizado, dado que la emisión del Acuerdo y de los Lineamientos que hoy se modifican son un asunto materialmente administrativo, no contencioso. En el caso de que este Consejo General hubiera arribado a la misma conclusión que dicho Tribunal, al realizar una inaplicación ya sea de forma directa o embozada mediante una supuesta interpretación conforme, hubiera realizado un acto más allá de su competencia e inconstitucional.

Si se hubiera tratado de un asunto contencioso, tales como los procedimientos sancionadores tanto ordinarios como especiales, estaríamos en presencia de una facultad materialmente jurisdiccional por parte de este Colegiado, ya que siguiendo las ideas de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, el ejercicio de la jurisdicción implica conocer, en su día decidir, y en su caso ejecutar, la determinación tomada con motivo de un litigio. Aquí sí hubiera sido no solo posible, sino en mi opinión completamente obligatorio para este Consejo General, realizar interpretación constitucional en sentido estricto e incluso determinar una inaplicación[3].



[1] COELLO CETINA, Rafael, “El control jurisdiccional del control difuso”, en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal constitucional, México, número 18, julio-diciembre 2012, p. 129.
[2] Se transcribe en los incisos siguiente lo escrito en la página 34 de la determinación del expediente Varios 912/210.
[3] Vid. NIETO CASTILLO, Santiago, Control de convencionalidad y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, México,Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, número 30 de los Cuadernos de divulgación de la justicia electoral, p.p. 86-89. Si bien las consideraciones del autor en cita se refieren al control de convencionalidad, me parecen aplicables al control de constitucionalidad, en tanto se trata de confrontar textos normativos de distinta jerarquía que estatuyen o limitan derechos fundamentales. En particular, lo relativo a que las autoridades administrativas al ejercer competencias jurisdiccionales puedan realizar control constitucional. Esto es concorde con el voto particular y concurrente que formula el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de las consideraciones sustentadas en el expediente Varios 912/2010, en el que textualmente afirma: “En este sentido, estimo que habría sido adecuado precisar, de una vez, que el control de constitucionalidad difuso que se aprobó por el Tribunal Pleno resulta obligatorio para todos aquellos jueces y órganos que realicen funciones materialmente jurisdiccionales”. p.11 de la resolución del expediente Varios 912/2010.

sábado, 14 de mayo de 2016

“Sumisión” de Michel Houellebecq

Desde las primeras páginas se sabe cómo acabará el libro. Pero eso no significa mucho en realidad, pues lo que vale la pena es el camino que recorrerá el antihéroe de la historia. El fin presentido no quita las ganas de leer, antes bien, despierta la duda de cuánto se resistirá el personaje antes de llegar a donde tiene que terminar.

Pero este no es, estrictamente, un blog de crítica literaria. Es un espacio para dar a conocer mis reflexiones sobre temas constitucionales y de democracia; sin embargo, en ocasiones es un excelente pretexto un libro para plantear asuntos de la mayor importancia. Y el texto de Houellebecq queda como anillo al dedo para diversas cuestiones.

Hay que señalar que los sucesos de la novela se presentan en una Francia cercana, en la que han hecho agua los partidos tradicionales (¿recuerdan Venezuela?) y se enfrentan en las urnas, también en las calles, el populismo de derecha de Le Pen, y un movimiento musulmán, confesional pero moderado.

Frente a la caída de las posiciones políticas tradicionales, y al encorsetamiento del discurso público por lo “políticamente correcto”, el elector imaginario del libro se enfrenta a dos opciones. Una ruidosamente radical, que reclama un regreso a una Francia que nunca existió (regreso imposible, pero alegoría muy utilizada); y otra confesional, pero que se muestra tersa y racional.

El entorno se significa por un alejamiento de la política como acuerdo, y el surgimiento de una elección plebiscitaria, en donde el signo es “o con nosotros o contra nosotros”, en medio de un descrédito general de los políticos así como una percepción de alejamiento entre éstos y la realidad social.

El triunfo de una de las dos opciones (lea el libro y sabrá quién ganó) implica una progresiva y acelerada uniformidad social. El convencimiento tanto como la presión, digamos, suave, va poco a poco alineando a los individuos en la fila de la conformidad, y el adormecimiento de la crítica. Tal vez, producto del exceso de la discusión que duró tantos años, lo que parece una referencia a la Francia de los años treinta, o la Alemania de los veinte.


“Sumisión” es una novela que nos hace reflexionar sobre la relación entre sociedad y política, entre expectativas y realidades. Los límites del discurso público, la utilidad de lo “políticamente correcto”, así como los lobos con piel de cordero. Vale la pena leerlo en clave mexicana.

domingo, 20 de marzo de 2016

Miscelánea jurídica XXII

Derechos, libertades y jueces
Ronald Dworkin

Publicado por Miguel Carbonell, en la serie de muy interesantes y económicos libros que ha editado. No necesita mayor referencia el autor de este compendio de cinco ensayos precedidos por una presentación del editor, que en un texto pequeño y de pastas suaves, invita a llevarlo a todos lados.

El primer ensayo versa sobre igualdad y democracia, abordando el tema de las distintas visiones de la primera y desarrollando la idea de la acción comunitaria, es el trabajo más denso del libro; el segundo plantea la cuestión de si los jueces deben o pueden ser también filósofos, exponiendo las distintas aproximaciones al tema, con su opinión personal explicada de forma muy convincente; el tercer trabajo toca un asunto de gran pertinencia para México, relativo a un fallo de la Suprema Corte americana sobre las el derecho de las corporaciones mercantiles y sindicatos para invertir recursos en anuncios electorales. En el corto pero sustancioso apartado cuarto el distinguido jurista se enfrenta al tema de las convicciones religiosas, el multiculturalismo y la libertad de expresión. Cierra el volumen con un análisis de las decisiones de los máximos jueces americanos sobre acciones planteadas por presos en Guantánamo o acusados de pertenecer a grupos terroristas, bordando sobre la cuestión del respeto a los derechos humanos, los prisioneros de guerra, y la extensión de la protección judicial.

De Dworkin, como de Kelsen, Hart, Nino, Atienza y otros, hay que leer todo lo que se encuentre, así sea la lista del mandado, porque con absoluta certeza algo se aprenderá. Este libro nos muestra a una mente privilegiada diseccionando asuntos coyunturales, y demostrando la importancia del análisis de las sentencias de los tribunales de constitucionalidad.

lunes, 14 de marzo de 2016

Miscelánea jurídica XXI

Introducción a la retórica y la argumentación
Gerardo Dehesa Dávila

Libro cuya primera edición data de 2004, que poseo en la segunda, de enero 2005. Texto que he utilizado constantemente, tanto en la práctica profesional como para actividades académicas, y que me gusta recomendar a los alumnos.

Bajo el sello de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la aproximación de este texto a su objeto de estudio es esencialmente práctico. Si bien hace un recorrido por distintas teorías de la retórica, me parece que su gran virtud se encuentra en cuando explica las partes del discurso, y profundiza en los distintos tipos de argumentos.

Al abordar las distintas figuras de la argumentación (de las que aborda 17) el autor se basa en jurisprudencias y citas de preceptos legales; esto lo hace un texto muy entendible, recomendable lo mismo para el experto que para los estudiantes, siempre que se busque una aproximación práctica.


martes, 8 de marzo de 2016

Miscelánea jurídica XX

Jurisprudencia interamericana sobre Derechos Humanos. Criterios esenciales
Fernando Silva García

Editado por Tirant lo Blanch, contiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta mayo de 2011. Edición en pasta dura, con excelente encuadernado, se nota que es un libro editado para resistir el uso constante.

A partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el autor desgrana en cada artículo la jurisprudencia del tribunal americano que los ha interpretado. Fija los casos en que se sostuvieron y señala los datos de identificación. Al desarrollar su texto artículo por artículo, facilita la consulta y permite una visión completa de los criterios jurisdiccionales.

En la época actual en que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha tomado un lugar privilegiado en la práctica jurídica, este libro resulta muy útil, fácil de manejar, y de consulta casi obligatoria. Nos hace esperar una nueva edición que contenga la jurisprudencia que, por la fecha de publicación, el que aquí reseño no pudo contener.