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sábado, 7 de marzo de 2015

Reflexiones sobre una biblioteca jurídica

Los textos que tenemos hablan de nuestras aficiones. Nos dicen lo que hemos sido así como lo que nos afanamos en ser, las clases que recibimos y las que hemos dado. Los trabajos en que hemos entregado nuestras capacidades. Los textos que hemos escrito.

Algunos libros jurídicos los considero entrañables. El estupendo texto de Eduardo J. Couture, "Fundamentos de Derecho Procesal Civil", claro, bien escrito, preciso y a mi parecer, sin desperdicio. De Emilio Rabasa, "La constitución y la dictadura", elegante, de prosa que fluye demostrando una mente excepcionalmente bien amueblada; para mí, sigue siendo nuestro mayor constitucionalista.

H.L.A. Hart, con su "El concepto del Derecho", que me convenció con su modelo acerca del entramado jurídico, y por quien me considero afiliado a su corriente positivista. Carlos Santiago Nino, que en "Introducción al análisis del Derecho" demuestra la posibilidad de exponer claramente qué es el derecho, y cómo funciona. De Manuel Atienza, sería difícil escoger un texto, pero en "La guerra de las falacias" demuestra que el conocimiento profundo de la argumentación se puede aplicar (se debe aplicar, como una función auténticamente cívica) al análisis del discurso político.

José Ramón Cossío, a quien considero el mejor constitucionalista mexicano vivo, que en su libro de pequeñas dimensiones (que después es un capítulo de su obra "Cambio social y cambio jurídico") "Dogmática constitucional y régimen autoritario", evidencia el uso políticamente justificatorio de cierta visión del constitucionalismo mexicano. Los "Apuntes de clase" de Teoría del Estado, de Jesús Reyes Heroles, político-intelectual al estilo antiguo, de sólida formación. "Una constitución para la democracia" de Jaime Cárdenas, que aúna el análisis y la propuesta con claridad y rigor.

De Kelsen, su "Garantía jurisdiccional de la Constitución", que brinda un estupendo método de análisis para cualquier proceso constitucional, además de su "Teoría del Estado" y la brillante, estimo insuperada, explicación del estado federal. Cosío Villegas, con "La Constitución de 1857 y sus críticos", que tengo en primera edición, libro en que el estilo beligerante y el rigor histórico van de la mano. Nervio guiado por la convicción.

Entiendo perfectamente a Alfonso Reyes, de quien se dice que sintiendo ya que sus días se acortaban, pidió le llevaran la cama a su biblioteca, la "Capilla Alfonsina". La cercanía de la familia enmarcada con los libros que en buena medida nos han hecho lo que somos.

lunes, 2 de marzo de 2015

Interpretación del derecho.


I. Prolegómenos.

Interpretar el derecho es una actividad legítimamente pública en una sociedad democrática. Jueces, autoridades administrativas, abogados, pero también ciudadanos, organizaciones sociales, académicos, etc., todos tenemos algo que decir sobre el derecho, y más cuando hablamos de temas del ámbito constitucional.

En este documento, me propongo realizar algunas reflexiones acerca de la labor interpretativa. Más que establecer o fijar convicciones, mi interés principal es fomentar la discusión sobre este tema de la mayor importancia.

Diré que estimo la labor interpretativa del derecho como la asignación de un significado a un texto normativo (ley, contrato, reglamento, entre otros) (vea enteste mismo blog la entrada "Un pequeño ejercicio"). No como encontrar, que es una actividad dirigida hacia el pasado, sino como asignar, que implica no desatenderse del contexto en que el material a interpretar fue creado, pero también entender su significado el día de hoy. Así, acepto que los textos jurídicos cambian o por reforma o por cambio en su entendimiento.

Surge la necesidad de interpretar de la vaguedad propia del lenguaje, baste un simple ejemplo para ilustrar. El artículo 27 constitucional permite la expropiación “mediante” indemnización, ahora bien, ¿qué temporalidad se debe entender por el término “mediante”? ¿Antes de la desposesión, al momento de la misma, con posterioridad?, no hay un sentido único, sino la necesidad de asignar (o encontrar, dirán otros) uno de los varios posibles.

El primer presupuesto de la interpretación es la existencia de un texto normativo que admita diversos entendimientos. O dicho de otra manera, sin texto no hay interpretación, sin artículo, fracción, disposición alguna, que requiera ser dotada de sentido, la actividad del que sólo puede interpretar y no crear, está absolutamente limitada. Interpretar, ya sea como dotar o encontrar sentido, es una actividad que sólo puede darse en presencia de un texto.

Parece que todo esto es una obviedad. Pero no es así. Sobre todo en tiempos de interpretación pro persona, como apuntamos en el primer párrafo. Cierto, hay que maximizar. Cierto, si hay que equivocarnos, que sea a favor de los derechos.

No es menos cierto que hay que buscar no equivocarse. Que no todas las autoridades pueden crear normas generales. Que la división de poderes no debe ser violentada ya que es un valladar protector justamente de los derechos fundamentales.

II.- El derecho como objeto de interpretación. El artículo 215 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro.

He de afirmar que considero a las leyes, códigos, reglamentos, etc., como textos normativos, no como normas. No estoy solo en esta afirmación, autores como Eros Grau estiman lo mismo. Así, la norma surge hasta la aplicación del texto regulatorio al caso concreto, al que busca dar solución práctica.

Visto de tal manera, y sirviéndome de las ideas del citado jurista brasileño, el derecho es pariente cercano de la música en cuanto a que en ambos casos se cuenta con un “texto” escrito siguiendo ciertos criterios o reglas, y que no tiene vida hasta que es “interpretado”. No deja de ser curioso que a los músicos se les llame, justamente, “intérpretes”.

Como en la música, el derecho también admite una amplia serie de intérpretes. Más aún, si se trata de sociedades abiertas, donde es dable que cualquiera pueda opinar sobre temas jurídicos (lejos estamos de las épocas primitivas de Roma, en las que sólo los sacerdotes conocían las arcanas fórmulas de la ley) Así, cualquier persona puede opinar, por ejemplo, sobre los asuntos de libertad de expresión y libertad de tránsito; o sobre derecho a la intimidad y acceso a la información.

Ciertamente, en música y en derecho, varios son los intérpretes, pero cada interpretación debe tener un peso distinto de otra. Pongamos un caso, un ciudadano que se encuentra impedido de circular por una calle, puede tener una visión distinta de los derechos fundamentales, que quien bloquea la misma por motivos políticos. Ambas interpretaciones, provenientes de ciudadanos con iguales derechos, pueden incluso diferir de la que tenga un académico, o un juez constitucional.

Tenemos entonces un objeto, el derecho, que está sujeto a consideraciones de diversa índole (política, judicial, académica) así como a diversos “lectores” (ciudadanos, autoridades, académicos), así como en la música tenemos intérpretes que cantan bajo la regadera, otros en serenata, y algunos pocos frente a públicos numerosos.

Esta diversidad de intérpretes nos debe llevar también a considerar los variados ámbitos de la interpretación jurídica. Por ejemplo, uno de singular importancia es el político, que debe llevar a consideraciones sobre la propia creación legislativa de los textos jurídicos. Otro es el de la discusión pública, las reflexiones que sobre temas de mucho interés realizamos los ciudadanos.

Debemos señalar también el ámbito de la academia, en la cual se sopesan los textos normativos, las normas, la corrección de todas ellas, las cualidades o defectos de un sistema jurídico, etc.

Entre esta diversidad de ámbitos, tenemos uno en particular que es la interpretación que realizan las autoridades. Esta debe ser necesariamente práctica, en cuanto atiende a la resolución de conflictos o litigios de la vida real, en los que las partes, por decisión o por mandato del mismo derecho, acuden ante órganos de gobierno para encontrar una solución, mediante la aplicación de los textos jurídicos a los casos, con toda la complejidad que esto encarna.

Así, si bien un intérprete académico puede señalar los errores del sistema, las fallas de los textos, y evidenciar su pobreza o necesidad de cambio, el intérprete gubernamental debe tomar estos materiales jurídicos, con todas sus virtudes y defectos, para arribar a una solución aplicable al problema práctico que se ha sometido a su conocimiento y prudencia.

Por tanto, una interpretación de la autoridad que se limite a señalar las deficiencias de los textos normativos, no es una interpretación útil para la resolución de los conflictos que ante el órgano público se presenten.

Hay quien afirma que los textos legales fácilmente tienen un solo sentido, aún los más claros. Trataré de evidenciar la dificultad de apoyar dicha afirmación, con un caso concreto de Querétaro.

El artículo 215 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, señala lo siguiente:

“Las manifestaciones de respaldo para cada uno de los aspirantes, según el tipo de cargo al que se aspire, se recibirán en las oficinas del Consejo General de Instituto Electoral del Estado de Querétaro o en los inmuebles que al efecto se habiliten y que señale la convocatoria; exclusivamente dentro de la etapa de obtención del respaldo de que se trate”.

Dicho texto parece muy claro, ¿es así? Sin embargo, admitió dos interpretaciones distintas, una del propio Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y otra del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. La primera autoridad consideró (consideramos, pues formo parte de la misma) que implicaba la necesidad de que cada ciudadano que quisiera mostrar su apoyo a un aspirante a candidato independiente, acudiera a la oficina comicial correspondiente, para formalizarlo.

Sin embargo, el órgano judicial electoral estimó que el texto de referencia, admitía otra interpretación, consistente en que los apoyos se podrían entregar, en los formatos adecuados, por el ciudadano, el candidato independiente, un tercero, o incluso remitirse por vía de correo.

¿Alguna de las dos asignaciones de sentido es irracional? Desde luego que no. ¿Son sostenibles? Estimo que sí. Con independencia de la autoridad que las haya emitido, ambas muestran como un texto, en apariencia claro y unívoco, puede tener diversas lecturas posibles y racionales.

III.- El dilema del vestido, o la valuación de las distintas interpretaciones.

Para Rebeca Pérez, por la estimulante plática.

Me serviré de un caso de la mayor actualidad: días han sido los pasados, en los que un vestido de no bellas hechuras ha causado debate mundial. Dorados y blancos tonos encuentran algunos en sus telas, otros lo estimad de negro y azul, y aún hay quienes afirman con certeza, que los hilos claramente son violetas y café oscuro…, tema que de suyo nos sirve para ilustrar la diferencia entre interpretar y argumentar.

En un mundo abierto de intérpretes, encontramos entonces diversas visiones y afirmaciones sobre lo que dice una ley, la constitución, o los colores del ropaje femenino en cuestión.

Pero desde luego, si bien todos podemos opinar, no toda interpretación vale de igual forma. Esto es así, porque deben seguirse cánones o reglas de interpretación, que permitan arribar a un recto entendimiento del objeto interpretado. Veámoslo en la discusión del vestido, cuando cada uno de nosotros afirma lo que captamos con la vista; sin embargo, es posible que un experto en colorimetría afirme que para apreciar de manera correcta los colores, es necesario apreciarlos con luz natural y en determinado ángulo; así, la interpretación que haga tal experto aplicando esta regla, seguramente será más “válida” que la que cualquiera de nosotros haga, basados en una fotografía de la que no sabemos ni el ángulo, ni el lugar, ni si ha sufrido cambio alguno por filtros.

Igual sucede en el campo del derecho. Todos podemos opinar sobre cuestiones jurídicas, somos al final una sociedad democrática. Pero con independencia de que una autoridad tenga la palabra última, debemos admitir que el sentido que encuentre (o asigne) un jurista de altos vuelos, aplicando las reglas propias de la interpretación jurídica, es más “válida” que la que sostenga alguien que no cuenta con dicha formación.

Esto no es cosa extraña. El experto en colorimetría, como el jurista, valen en su campo técnico por sus conocimientos y su prudencia (el “saber hacer” que distingue al sabio del mero acumulador de conocimiento) por lo que sus afirmaciones tienen el peso de su autoridad.

¿Lo anterior nos obliga a guardar silencio ante la docta opinión? Bueno, cuando discutimos cuestiones de vida o muerte, ciertamente no contradeciremos al doctor que receta la operación inmediata a quien se presenta con el adorno poco común de una varilla adosada a un hombro. Pero cuando hablamos de cuestiones de gustos (el vestido colorido, la comida, etc.) o de asuntos públicos (derecho, política, principios sociales, moral) debemos escuchar con reverencia la opinión de los expertos, pero a la vez, será sana costumbre democrática participar en una discusión que por pública, nos interesa a todos.

IV.- Interpretar y argumentar.

Si interpretar es dotar de sentido, argumentar es razonar la interpretación. Explicar el por qué se ha arribado a la convicción, demostrando su posibilidad jurídica y razonabilidad; y en el caso de la interpretación de la autoridad, su utilidad.

Parece más fácil, y desde luego resulta útil, evidenciar lo que no es argumentar. Un argumento no es afirmar “porque es mi opinión, y todas las opiniones son válidas”, tema sobre el que escribí en el apartado anterior. Tampoco lo es remitirnos al argumento de autoridad, dado que si bien esto dota de un peso específico operativo a la interpretación, no la hace por sí misma mejor, y en todo caso una autoridad no podría fundamentar su decisión en la posición jerárquica que guarde en el concierto de los órganos públicos, so pena de caer en un argumento circular.

Como he afirmado en otros lugares (en los ensayos ‘¿Nueva constitución? Otro capítulo de un debate permanente’; y ‘Concepciones de la interpretación del derecho y la labor judicial’, respectivamente publicados en los libros “La Constitución de 1917 y Querétaro como capital de la República”, y “Reflexiones sobre democracia, constitución y elecciones”), la argumentación no es aséptica. Está determinada por la visión que tenga la autoridad que la emite, al menos sobre las siguientes cuestiones.

·         Qué es el derecho.
·         Para qué sirve el derecho.
·         Su postura epistemológica.
·     Su postura ideológica (principalmente, pero no en exlcusiva, cuando se  discuten temas de derecho constitucional, y que no tiene que ver con    identificaciones partidistas)

Así, una autoridad que estima la función interpretativa como el “encontrar” el sentido del texto jurídico, posiblemente recurrirá a argumentos tales como el histórico. Un intérprete que vea su función como el “dotar” de sentido, posiblemente utilizará argumentos de distinto tipo.

De esta forma, no es el argumento el que precede a la interpretación. Y la interpretación no está precedida de la mera lectura del material a conocer, sino que está determinada por las visiones que tenga el intérprete.


Entonces es necesario exigir al intérprete una coherencia entre sus convicciones, la interpretación que realice, y los argumentos que la sustenten.

domingo, 22 de febrero de 2015

La interpretación de los órganos administrativos

En esta entrada propongo discutir si los órganos administrativos y los órganos jurisdiccionales pueden realizar con igual amplitud, la interpretación de los textos jurídicos. No tanto en cuanto a métodos, sino respecto de alcances. Sobre todo, en  cuanto a los temas en que se pueda dudar de la constitucionalidad de las disposiciones a aplicar.

Ciertamente, tanto autoridades administrativas como jurisdiccionales están sujetas a la supremacía constitucional, De igual forma, deben atender la jerarquía normativa, y así, realizar en su caso, interpretaciones conformes tanto por referencia a la Constitución como a los tratados internacionales (lo que permite atender desde luego tanto la jurisprudencia como los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)

Pero, aún en tiempos de control constitucional difuso, ¿hasta dónde puede llegar la labor interpretativa? claramente en el caso del juez, podría llegar hasta la no aplicación de una porción del texto normativo o incluso declarar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad. Pero, ¿puede hacerlo la autoridad administrativa?

Respondo que no. La autoridad administrativa está circunscrita, en el mayor de los casos, a realizar una interpretación conforme; pero no cuenta con la atribución del control constitucional. En tal sentido no puede determinar la inconstitucionalidad de una norma, aunque tal sea su convicción. También le está vedado inaplicar por la misma razón.

Si nos tomamos en serio los límites, entonces tampoco podrá, so pretexto de una "interpretación", arribar al efecto práctico de no aplicar una norma de mutuo proprio. No a la alquimia constitucional.

¿No atenta lo anterior contra el principio de supremacía constitucional? Estimo que no. Al contrario, atender al marco competencial es absolutamente necesario en un estado constitucional, so pena de, con el pretexto de una "interpretación", ampliar indebidamente facultades sin más límite que el criterio del propio intérprete. 

miércoles, 18 de febrero de 2015

El votante en tránsito en las elecciones locales de Querétaro.

Votar en las elecciones populares en los términos que señalen las leyes es, al mismo tiempo, un derecho y una obligación del ciudadano, lo que se desprende de los artículos 35, fracc. I; y 36, fracc. III, de la Constitución nacional. Partiendo de la base de que México es una federación, debemos admitir dos diversas cualidades de ciudadano, que pueden reunirse en una misma persona. La primera se refiere a la ciudanía en el ámbito federal, que permite participar en la elección de autoridades pertenecientes a tal ámbito, y se sujeta por tanto a la Constitución nacional, normas generales, así como a las leyes federales. La segunda, es la ciudadanía local, en virtud de la que se eligen a las autoridades locales y municipales, ejercicio supeditado a la Constitución nacional, las normas generales y las leyes locales.

Ahora bien, en el caso del derecho de sufragio para cargos federales, tenemos el numeral 9, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que, al regular el ejercicio del derecho de voto, establece que este deberá realizarse en la sección electoral que corresponda al domicilio del ciudadano, con excepción de los casos expresamente previstos en la norma en cita.

Los casos de excepción se contemplan, principalmente, en los artículos 258 y 284 de la LGIPE, los denominados “electores que se encuentren transitoriamente fuera de su sección” o genéricamente llamados “votantes en tránsito”. Dichos votantes pueden votar para diversos cargos, según el lugar en el que se encuentren en relación con su estado, distrito y sección; siguiendo las reglas del último dispositivo citado. Para hacerlo, deberán acudir a las casillas especiales, cuya función justamente es recibir la votación de tales ciudadanos.

Puede entonces concluirse que el votante en tránsito es, en el ámbito federal, una figura regulada legalmente. Así, construimos el siguiente silogismo:

Premisa 1. El voto es una atribución constitucional que debe ejercerse conforme las leyes.

Premisa 2. En el ámbito federal, el voto como regla general, debe ejercerse en la sección que corresponda al domicilio del ciudadano.

Premisa3. También, es factible que el ciudadano en tránsito ejercite su derecho al voto en casillas especiales, respecto a diversos cargos.

Conclusión: El votante en tránsito puede ejercer su atribución constitucional para sufragar por cargos federales, en casillas especiales, ya que es una excepción legal a la regla de que el ciudadano debe votar en la casilla correspondiente a su sección.

De manera similar a la disposición para las elecciones federales, el artículo 9, fracc. III de la Ley Electoral del Estado de Querétaro señala que el voto deberá ejercerse en la casilla correspondiente a su domicilio, con las excepciones que la misma norma local señale.  Sin embargo, a diferencia de lo observado en el punto anterior, la legislación comicial queretana no contempla como excepción la del votante en tránsito. Cabe plantearnos entonces las siguientes preguntas:

·        ¿Fue un descuido del legislador? (hipótesis del olvido)
·        ¿Es posible aplicar por analogía la legislación relativa a las elecciones federales? (hipótesis de la analogía)

Hipótesis del olvido: Suponer que el legislador olvidó establecer el supuesto del elector en tránsito, implica negar el principio del llamado “legislador racional”, canon de interpretación conforme al cual, si el legislador no estableció un supuesto normativo, fue porque no quiso regularlo. Dicho de otra forma, no es olvido, es un acto deliberado el que no lo haya contemplado; sin embargo, no se desprende del texto constitucional, la necesidad de que se contemplara en la normatividad local, la figura de los votantes en tránsito. Por tanto, se rechaza esta hipótesis.

Hipótesis de la analogía: Esta suposición implica aceptar que la ausencia de la figura del votante en tránsito es, muy posiblemente, inconstitucional. Abordaré entonces este punto.
Ciertamente, votar es un derecho y una obligación. Como ha quedado expresado por referencia al numeral 36, fracc. III de la Constitución nacional, el ejercicio del sufragio está sujeto a los supuestos legales. Desde luego, estos deben ser acordes con el ejercicio del derecho y si contienen posibles límites o restricciones, deben ser racionales. En el caso del votante en tránsito local, ¿es inconstitucional su no previsión? ¿Es razonable exigir al ciudadano queretano, que una vez cada tres años, esté presente en su domicilio, para ejercer su derecho y obligación al voto? Desde luego que lo es, dado que ni exige esfuerzo económico ni sacrificio personal más allá que el que, de todos modos se haría (fila para votar). Máxime si como es el caso de la próxima jornada electoral, desde hace más de un año se ha hecho del conocimiento público la fecha de su realización.  Podría afirmarse que en el ámbito federal se permite, a lo que contesto que tiene la lógica propia de la gran extensión territorial de nuestro país, supuesto que no aplica a la entidad.

Ciertamente los artículos 1° de la Constitución nacional, y 2° de la Constitución particular del estado, obligan a una interpretación pro homine. Este canon de interpretación requiere que, frente a diversos sentidos posibles de una norma, deba preferirse el que maximice el ejercicio de un derecho antes del que lo limite. Esto debe observarse con el máximo de los cuidados, pues para que la interpretación se presente, debe contarse con un texto a interpretar, una norma que admita racionalmente diversos sentidos. En este caso, ¿qué norma es la que estaría sujeta a una interpretación pro persona? No se encuentra. Y sin norma, ¿qué es lo que se va a interpretar?

Ahora bien, si se busca fundamentar una interpretación contraria en la afirmación de que se permite el voto de los electores en tránsito en las elecciones federales, se contesta que esto sucede porque así está regulado para las elecciones federales, en normas que, formando parte de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son aplicables justamente para las elecciones de tal ámbito. No se trata entonces de reglas generales, sino federales.

Ignorar lo anterior implica también desconocer que una ley puede tener disposiciones de carácter general (lo que significa el reparto de competencias entre autoridades federales, locales, y en su caso municipales; así como contenidos mínimos que el legislador estatal debe atender) y disposiciones federales (aplicables sólo respecto de dicho ámbito de gobierno) y llevaría a la perniciosa afirmación, no por implícita menos grave, de que la normatividad federal es superior a la local, lo que es contrario a la forma de estado federal que tenemos en nuestro país.

Expresemos lo comentado en forma de silogismo:

Premisa 1. El voto es una atribución constitucional que debe ejercerse conforme las leyes.

Premisa 2. El votante en tránsito puede ejercer su atribución constitucional para sufragar por cargos federales, en casillas especiales, ya que es una excepción legal a la regla de que el ciudadano debe votar en la casilla correspondiente a su sección (conclusión del silogismo anterior).

Premisa 3. En el ámbito local, el voto como regla general, debe ejercerse en la sección que corresponda al domicilio del ciudadano.

Premisa 4. No se prevé en el ámbito local, la figura del votante en tránsito.

Conclusión. El votante en tránsito podrá votar por cargos federales, pero no por cargos locales.

El votante en tránsito puede ejercer su atribución constitucional para sufragar por cargos federales, en casillas especiales, pero no en elecciones locales. No está previsto en la legislación local, y la interpretación de la norma no puede realizarse en ausencia de esta. Por otra parte, afirmar, así sea de manera implícita, la superioridad de una disposición de carácter federal, por sobre las normas de naturaleza local, niega las características propias del federalismo mexicano, lo que desde luego no es admisible, a menos que se acepte una subordinación que carece de sustento jurídico alguno.


domingo, 15 de febrero de 2015

Por qué es interesante el derecho electoral

Existen ramas del frondoso árbol jurídico en las que todo está dicho. El derecho civil, por ejemplo, es una armoniosa construcción de sólidos cimientos romanos; poco es lo que hay que decir, poco es lo que falta por construir (a menos claro, que se piense quitar los augustos basamentos en que se sostiene)

La rama penal, de recientes y grandes avances,cuenta ya con cultivadores de solera, pero tal disciplina no me ha atraído particularmente. La disciplina constitucional es la frondosa copa que da la sombra necesaria, con la dosis adecuada de sol a cada fruto; y la más verde de sus partes es justamente el derecho electoral.

Normas que se vinculan de manera directa al ejercicio de la soberanía, que regulan el acceso al poder mediante la voluntad del cuerpo electoral. Derecho que cambia después de cada comicio, tanto de manera legislativa (bástenos recordar la reciente reforma político-electoral) como en virtud de la interpretación, tanto de la Corte, como de una judicatura altamente especializada.

No hay santones aún. No hay verdades incuestionables. Cambio es la constante, razón el ejercicio diario, argumentación el juego permanente de las inteligencias. Nada está dicho, todo está por decirse.

sábado, 7 de febrero de 2015

Centralismo mental

El más grande mal que aqueja a nuestro sistema federal es el centralismo mental. La creencia extendida, aceptada acríticamente y asumida de forma inconsciente, de que "como es en el centro debe ser en la periferia". Este mal cerebral se manifiesta de muy diversas maneras.

1.- Aceptación de que las normas locales deben ser como las federales. Ni ir más lejos, ni menos. Justo exactas, mismo alcance, mismo contenido; y desde luego, misma interpretación.

2.- Sobre interpretación de las normas federales. Grave creencia, que hace pensar superior al derecho federal por encima del derecho local, y que establece así una jerarquía indebida, que al menos desde 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha rechazado.

3.- Consideración defectuosa de las leyes generales. Una norma general lo es no por su nombre, sino por su contenido. De hecho, leyes con el adjetivo "general" en parte son federales, dado que regulan aspectos de dicho ámbito de gobierno; y en otra son justamente generales, en tanto se ocupan de distribuir competencias entre federación, estados y municipios. Un ejemplo es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en parte es federal, en parte es general.

Los defectos anteriores nos llevan a renunciar al adecuado, oportuno y responsable ejercicio de facultades locales. El centralismo mental nos condena a vivir de inteligencia prestada, a no pensar desde la provincia, los problemas locales.

Perniciosa enfermedad que debemos esforzarnos por desterrar.

domingo, 11 de enero de 2015

La constitución como función.

Tradicionalmente hemos visto a la constitución como un documento, como un texto que contiene, o verdades reveladas, o disposiciones humanas que consideramos mínimas para una adecuada vida social. De esta forma, le damos certeza a su contenido y podemos situarlo como la norma de mayor jerarquía en el entramado.

Sin embargo, siguiendo a Rolando Tamayo, podemos estimar que la constitución es una función. Esto, en varios sentidos. Primero, en tanto distribuye competencias entre ámbitos (federación) o niveles (estado central) de gobierno; segundo, porque fija los contenidos posibles y los procedimientos de creación de normas, esto en un evidente y claro sentido kelseniano.

Si lo anterior es correcto, la manera coherente de interpretar a la máxima norma es buscando su funcionalidad. Una interpretación dinámica y previsora, que teniendo a la mano el pasado y sirviéndose de él (Churchill por referencia a Lord Rosebery) sea contemporánea. Entender que interpretar la norma de normas, es situar su contenido en un momento concreto, conforme ciertos valores propios de la hora.

La constitución no es un monumento venerable. Es una casa en perpetua construcción.