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lunes, 23 de mayo de 2016

Voto razonado. ¿Pueden las autoridades administrativas realizar control constitucional?

Transcribo a continuación mi voto razonado en un asunto, donde analizo el tema del control constitucional difuso y las autoridades administrativas.

VOTO RAZONADO QUE EMITE EL CONSEJERO LUIS OCTAVIO VADO GRAJALES, EN RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RELATIVO A LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVARSE PARA LA CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EMITIDA EN EL EXPEDIENTE TEEQ-RAP/JLD-2/2016 Y SUS ACUMULADOS.

Para explicar este voto, quiero centrarme en la decisión contenida en la sentencia del expediente TEEQ-RAP/JLD-2/2016, en cuanto la inaplicación en el caso concreto del artículo 166, fracciones I, II, III incisos a) y b) así como IV, incisos a) y d) de la Ley Electoral queretana, inaplicación a la que llega el juzgador electoral luego de ejecutar el método de control constitucional que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010, originado por la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el asunto Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos.

En tal decisión, el máximo tribunal constitucional reconoció el control difuso de la constitucionalidad, mismo que en palabras de Rafael Coello Cetina podemos definir como “la atribución que corresponde a todo tribunal del Estado Mexicano, sea judicial, administrativo o del trabajo, para analizar y decidir sobre la constitucionalidad de las disposiciones generales que debe aplicar al conocer y resolver un juicio, con el objeto de tutelar los derechos humanos de los sujetos que se someten al orden jurídico nacional”[1] y fijó los pasos para realizar dicho control, mismos que deben seguirse para declarar en su caso, la inaplicación por inconstitucionalidad. Dichos pasos son los siguientes[2]:

A.  Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo a las personas la protección más amplia.

B.  Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde con los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.

C.  Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.

Destaco de lo anterior, que conforme el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  la obligación de realizar interpretación conforme en sentido amplio corresponde a todas las autoridades, mientras que la interpretación conforme en sentido estricto así como la inaplicación por inconstitucionalidad, corresponden a los jueces.

Me parece que de lo anterior se pueden extraer dos conclusiones relevantes. Primera, que la distinción que realiza el máximo juez constitucional mexicano entre autoridades administrativas y autoridades jurisdiccionales, debe ser la guía para el actuar de las mismas, pues cualquier ejercicio de potestad pública debe estar sujeto al ámbito de competencias de cada autoridad, sin que sea posible, aún con los mejores deseos cívicos, que una determinación pueda sostenerse cuando se dicta fuera de la esfera de atribuciones que el propio sistema constitucional ha señalado.

Segunda, que la inaplicación de disposiciones legales es una competencia exclusiva de los jueces, aún en el modelo de control constitucional. Esto se robustece con la tesis de rubro SISTEMA DE  CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO, en cuya parte final se puede leer “Finalmente, debe señalarse que todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad”.

Hasta aquí, puede afirmarse entonces que al emitir el Acuerdo relativo a los Lineamientos que deberán observarse para la constitución y registro de los partidos políticos locales en el estado de Querétaro este Consejo General estaba constreñido a realizar la interpretación conforme de la legislación aplicable, pero le estaba vedado el realizar una apreciación sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley Electoral del Estado.

La interpretación conforme es un canon mediante el cual el operador jurídico debe realizar una lectura de los textos legales que permita dar a los inferiores un sentido concorde con el que se adscribe a los que se encuentran en gradas mayores del sistema normativo. Ahora bien, para lograr esto es necesario que la asignación de sentido sea racionalmente sostenible. Esto es, no cualquier lectura del texto es posible.

Dicho claramente, no es posible, so pretexto de una supuesta interpretación conforme, realizar una inaplicación. Hacerlo sería violentar el criterio fijado por la Suprema Corte e ignorar la distribución constitucional de competencias.

Ahora bien, en el caso relativo al porcentaje requerido por la legislación local y la general para el registro de nuevos partidos, el juez comicial queretano concluye que no es posible realizar una interpretación conforme, ni en sentido amplio ni en sentido estricto, porque, como afirma en la sentencia referida, la regulación de los asuntos que contiene el artículo 166 de la Ley Electoral es competencia del legislador federal. Esto racionalmente no puede superarse mediante método alguno de interpretación.

En el ejercicio de esta facultad, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro ha llevado a cabo el control constitucional en una manera que esta autoridad administrativa no pudo haber realizado, dado que la emisión del Acuerdo y de los Lineamientos que hoy se modifican son un asunto materialmente administrativo, no contencioso. En el caso de que este Consejo General hubiera arribado a la misma conclusión que dicho Tribunal, al realizar una inaplicación ya sea de forma directa o embozada mediante una supuesta interpretación conforme, hubiera realizado un acto más allá de su competencia e inconstitucional.

Si se hubiera tratado de un asunto contencioso, tales como los procedimientos sancionadores tanto ordinarios como especiales, estaríamos en presencia de una facultad materialmente jurisdiccional por parte de este Colegiado, ya que siguiendo las ideas de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, el ejercicio de la jurisdicción implica conocer, en su día decidir, y en su caso ejecutar, la determinación tomada con motivo de un litigio. Aquí sí hubiera sido no solo posible, sino en mi opinión completamente obligatorio para este Consejo General, realizar interpretación constitucional en sentido estricto e incluso determinar una inaplicación[3].



[1] COELLO CETINA, Rafael, “El control jurisdiccional del control difuso”, en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal constitucional, México, número 18, julio-diciembre 2012, p. 129.
[2] Se transcribe en los incisos siguiente lo escrito en la página 34 de la determinación del expediente Varios 912/210.
[3] Vid. NIETO CASTILLO, Santiago, Control de convencionalidad y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, México,Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, número 30 de los Cuadernos de divulgación de la justicia electoral, p.p. 86-89. Si bien las consideraciones del autor en cita se refieren al control de convencionalidad, me parecen aplicables al control de constitucionalidad, en tanto se trata de confrontar textos normativos de distinta jerarquía que estatuyen o limitan derechos fundamentales. En particular, lo relativo a que las autoridades administrativas al ejercer competencias jurisdiccionales puedan realizar control constitucional. Esto es concorde con el voto particular y concurrente que formula el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de las consideraciones sustentadas en el expediente Varios 912/2010, en el que textualmente afirma: “En este sentido, estimo que habría sido adecuado precisar, de una vez, que el control de constitucionalidad difuso que se aprobó por el Tribunal Pleno resulta obligatorio para todos aquellos jueces y órganos que realicen funciones materialmente jurisdiccionales”. p.11 de la resolución del expediente Varios 912/2010.

sábado, 14 de mayo de 2016

“Sumisión” de Michel Houellebecq

Desde las primeras páginas se sabe cómo acabará el libro. Pero eso no significa mucho en realidad, pues lo que vale la pena es el camino que recorrerá el antihéroe de la historia. El fin presentido no quita las ganas de leer, antes bien, despierta la duda de cuánto se resistirá el personaje antes de llegar a donde tiene que terminar.

Pero este no es, estrictamente, un blog de crítica literaria. Es un espacio para dar a conocer mis reflexiones sobre temas constitucionales y de democracia; sin embargo, en ocasiones es un excelente pretexto un libro para plantear asuntos de la mayor importancia. Y el texto de Houellebecq queda como anillo al dedo para diversas cuestiones.

Hay que señalar que los sucesos de la novela se presentan en una Francia cercana, en la que han hecho agua los partidos tradicionales (¿recuerdan Venezuela?) y se enfrentan en las urnas, también en las calles, el populismo de derecha de Le Pen, y un movimiento musulmán, confesional pero moderado.

Frente a la caída de las posiciones políticas tradicionales, y al encorsetamiento del discurso público por lo “políticamente correcto”, el elector imaginario del libro se enfrenta a dos opciones. Una ruidosamente radical, que reclama un regreso a una Francia que nunca existió (regreso imposible, pero alegoría muy utilizada); y otra confesional, pero que se muestra tersa y racional.

El entorno se significa por un alejamiento de la política como acuerdo, y el surgimiento de una elección plebiscitaria, en donde el signo es “o con nosotros o contra nosotros”, en medio de un descrédito general de los políticos así como una percepción de alejamiento entre éstos y la realidad social.

El triunfo de una de las dos opciones (lea el libro y sabrá quién ganó) implica una progresiva y acelerada uniformidad social. El convencimiento tanto como la presión, digamos, suave, va poco a poco alineando a los individuos en la fila de la conformidad, y el adormecimiento de la crítica. Tal vez, producto del exceso de la discusión que duró tantos años, lo que parece una referencia a la Francia de los años treinta, o la Alemania de los veinte.


“Sumisión” es una novela que nos hace reflexionar sobre la relación entre sociedad y política, entre expectativas y realidades. Los límites del discurso público, la utilidad de lo “políticamente correcto”, así como los lobos con piel de cordero. Vale la pena leerlo en clave mexicana.

domingo, 20 de marzo de 2016

Miscelánea jurídica XXII

Derechos, libertades y jueces
Ronald Dworkin

Publicado por Miguel Carbonell, en la serie de muy interesantes y económicos libros que ha editado. No necesita mayor referencia el autor de este compendio de cinco ensayos precedidos por una presentación del editor, que en un texto pequeño y de pastas suaves, invita a llevarlo a todos lados.

El primer ensayo versa sobre igualdad y democracia, abordando el tema de las distintas visiones de la primera y desarrollando la idea de la acción comunitaria, es el trabajo más denso del libro; el segundo plantea la cuestión de si los jueces deben o pueden ser también filósofos, exponiendo las distintas aproximaciones al tema, con su opinión personal explicada de forma muy convincente; el tercer trabajo toca un asunto de gran pertinencia para México, relativo a un fallo de la Suprema Corte americana sobre las el derecho de las corporaciones mercantiles y sindicatos para invertir recursos en anuncios electorales. En el corto pero sustancioso apartado cuarto el distinguido jurista se enfrenta al tema de las convicciones religiosas, el multiculturalismo y la libertad de expresión. Cierra el volumen con un análisis de las decisiones de los máximos jueces americanos sobre acciones planteadas por presos en Guantánamo o acusados de pertenecer a grupos terroristas, bordando sobre la cuestión del respeto a los derechos humanos, los prisioneros de guerra, y la extensión de la protección judicial.

De Dworkin, como de Kelsen, Hart, Nino, Atienza y otros, hay que leer todo lo que se encuentre, así sea la lista del mandado, porque con absoluta certeza algo se aprenderá. Este libro nos muestra a una mente privilegiada diseccionando asuntos coyunturales, y demostrando la importancia del análisis de las sentencias de los tribunales de constitucionalidad.

lunes, 14 de marzo de 2016

Miscelánea jurídica XXI

Introducción a la retórica y la argumentación
Gerardo Dehesa Dávila

Libro cuya primera edición data de 2004, que poseo en la segunda, de enero 2005. Texto que he utilizado constantemente, tanto en la práctica profesional como para actividades académicas, y que me gusta recomendar a los alumnos.

Bajo el sello de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la aproximación de este texto a su objeto de estudio es esencialmente práctico. Si bien hace un recorrido por distintas teorías de la retórica, me parece que su gran virtud se encuentra en cuando explica las partes del discurso, y profundiza en los distintos tipos de argumentos.

Al abordar las distintas figuras de la argumentación (de las que aborda 17) el autor se basa en jurisprudencias y citas de preceptos legales; esto lo hace un texto muy entendible, recomendable lo mismo para el experto que para los estudiantes, siempre que se busque una aproximación práctica.


martes, 8 de marzo de 2016

Miscelánea jurídica XX

Jurisprudencia interamericana sobre Derechos Humanos. Criterios esenciales
Fernando Silva García

Editado por Tirant lo Blanch, contiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta mayo de 2011. Edición en pasta dura, con excelente encuadernado, se nota que es un libro editado para resistir el uso constante.

A partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el autor desgrana en cada artículo la jurisprudencia del tribunal americano que los ha interpretado. Fija los casos en que se sostuvieron y señala los datos de identificación. Al desarrollar su texto artículo por artículo, facilita la consulta y permite una visión completa de los criterios jurisdiccionales.

En la época actual en que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha tomado un lugar privilegiado en la práctica jurídica, este libro resulta muy útil, fácil de manejar, y de consulta casi obligatoria. Nos hace esperar una nueva edición que contenga la jurisprudencia que, por la fecha de publicación, el que aquí reseño no pudo contener.

viernes, 4 de marzo de 2016

Miscelánea jurídica XIX

Nuevo Derecho Electoral en México.
José René Olivos Campos

(Análisis de los seis ensayos contenidos en el libro de referencia, leídos en la presentación del mismo el 4 de marzo de 2016 en Santiago de Querétaro)

1. Democracia y representación. Jorge Fernández Ruiz. Las dimensiones y complejidad de la sociedad moderna hace imposible su gobierno mediante democracia directa. Por tanto, la democracia representativa requiere de los electos una legitimidad fuera de duda, para lo que requerimos un sistema electoral que garantice la autenticidad de los representantes.

2. Utilización de recursos públicos con fines electorales. Manuel González Oropeza. A partir del desarrollo jurisprudencial del artículo 134 constitucional, establece sus prohibiciones en cuanto al uso de recursos públicos con fines electorales y promoción personalizada de funcionarios públicos, a partir de diversos casos vinculados a apariciones en programas de televisión, entrega de materiales, asistencia a eventos en días inhábiles, etc. Sostiene que las autoridades electorales administrativas, incluso las locales en el ámbito de sus competencias, pueden conocer de estas violaciones siempre que se cumplan los siguientes elementos:

Que se trate de propaganda político-electoral.
Dicha propaganda conlleve la promoción personalizada de un servidor público.
Que se evidencie la responsabilidad del funcionario público.

3. Democracia participativa. José René Olivos Campos, coordinador del libro. Partiendo de la idea de la democracia constitucional, así como de los defectos que se observan en la representación política (principalmente el abstencionismo) postula la necesidad de fortalecer los mecanismos de la democracia participativa. Hace un recorrido desde la reforma constitucional del 2012, así como un muy completo análisis de las constituciones locales, para señalar la existencia en México de figuras tales como plebiscito, referéndum y revocación de mandato. Tanto en su versión participativa como en la representativa, la democracia se fundamenta en la participación ciudadana. 

4. Usos y costumbres en materia electoral, sistemas normativos internos de Oaxaca. Octavio Ramos Ramos. Da cuenta de los diversos métodos usados en tal entidad en las elecciones en asambleas comunitarias: pintado de raya, mano alzada, voto secreto, pelotón, formación en filas, asambleas simultáneas, credenciales y urnas, aclamación, relación de firmas, y directa. Aborda temas como el tequio, la participación política de la mujer, restricción al voto, así como las etapas del proceso electoral cuando se realiza por usos y costumbres. Muy interesante el tema de la mediación y conciliación realizada por el Instituto local respecto de conflictos sobre resultados.

5. Financiamiento a partidos políticos. Carlos Alberto Burgoa Toledo. Desarrolla de forma muy completa la fórmula para la asignación de recursos a los partidos, analiza el financiamiento público, incluyendo el destinado a actividades específicas; así como el privado en sus diversas modalidades.

6. Justicia electoral e integridad. Raúl Ávila Ortiz. Define la integridad en las elecciones como el compromiso con valores y parámetros tales como: Estado de Derecho, organizaciones electorales sólidas, relatividad pactada y tolerada del poder, inclusión social y ciudadana para la participación política y plena rendición de cuentas. Propone dicho concepto como una mejor opción frente al de “elecciones libres y justas” dado que puede evaluarse a partir de indicadores que surgen de estándares constitucionales y convencionales; en todo esto juega un papel central la justicia electoral, que deberá emprender nuevos esfuerzos promotores y protectores de derechos.

sábado, 6 de febrero de 2016

VII Congreso Nacional de Derecho Constitucional. Tercera jornada. 5 de febrero de 2016

Tema III.- La dialéctica permanencia-cambio constitucional. Las opciones a futuro (Coord. José Ma. Serna de la Garza e Isidro de los Santos Olivo)

Serna de la Garza: ¿qué explica el constante cambio en la Constitución? Una hipótesis es que la clase política tiene una gran fe en la posibilidad de cambiar la norma para que esta modifique la realidad; una especie de fetichismo constitucional.

Otra posibilidad es que la constante reforma es un acto de justificación del legislador, que demuestra así que realiza su trabajo. Búsqueda de recuperar el prestigio perdido, construir carreras políticas. Como tercera hipótesis, plantea que el costo de aprobación de las modificaciones es muy bajo, y los legisladores no son responsables de su implementación
Considera que el hiperreformismo es manifestación de la baja calidad democrática de la política en nuestro país.

Desde la cultura política, ¿Qué explica el cambio constante? ¿Qué explica la inclusión en la máxima norma de disposiciones reglamentarias?.

Si consideramos que debemos evitar este cambio repetitivo, hay varias opciones: la primera es modificar el procedimiento de reforma constitucional; ya sea incorporando el referéndum, o exigiendo dos legislaturas distintas para la aprobación. En su momento, en la época de la República, Zarco y Prieto se opusieron, Mata y otros estaban a favor. El expositor considera que actualmente existen las condiciones para que el pueblo juegue un papel activo en los ajustes a la Constitución, además, esto rompería las  características oligárquicas que tienen las reformas en nuestros tiempos.

Como desventaja, se encuentra el que el referéndum no corrige los errores que ya tiene la máxima norma.

Otra alternativa es reordenar el texto actual, y dirigir el cambio constante a las leyes de desarrollo constitucional, distinguiendo principios básicos del estado y normas reglamentarias.

No hay que buscar una máxima norma para expertos, sino para los ciudadanos.

Existe otra opción. Hacer una nueva Constitución. En los hechos, ¿cuándo un estado decide cambiar su norma superior? En América Latina se da la sustitución cuando éstas dejan de ser útiles como instrumento de gobernanza, cuando las crisis constitucionales son frecuentes, o cuando los actores no tienen la capacidad de incorporar cambios por medio de reformas o interpretación constitucional (referencia a Negretto)

Detecta el expositor diversos puntos de riesgo para esta opción en México: el tema de la elección de los constituyentes, la dinámica interna del Congreso Constituyente (bloqueos) e intervención del Ejecutivo.

En todo caso, las opciones, plantea el ponente, no son excluyentes. En todo caso, debe buscarse una Constitución inteligible para los ciudadanos.

De los Santos Olivo valdría la pena preguntarnos si el constante cambio que ha sufrido la Constitución es justamente lo que la hace vigente, siendo centenaria, ha sido capaz de conducir al sistema político mexicano.

El Poder Constituyente es auténticamente político, sujeto sólo a las obligaciones internacionales. Los poderes constituidos son limitados; así, pretender reformar, esto es “dar nueva forma” es una facultad que sólo compete al Constituyente, como manifestación del pueblo.

Considera que no puede hacerse una nueva Constitución por conducto el mecanismo de reforma, que estima incluso el primer medio de protección de la misma. La reforma permite incorporar inquietudes al texto sin modificar su esencia.

Mesa I.- La reordenación y consolidación del texto de la Constitución mexicana de 1917 (Presidente Martín Beltrán Saucedo)

Imer B. Flores Mendoza (IIJ)  en México hemos optado por reformas parciales. De 1987 a la fecha, se han expedido la mitad de los decretos que reforman a la Constitución (Con don Adolfo Ruiz Cortínes hubo solo un decreto de reforma)

Una dinámica que se ha dado recientemente es el intercambio de reformas, como sucedió con la energética por la política.

El expositor considera necesario una reforma integral, tal como fue la de 1917 respecto de la de 1857. Lo que se requiere es una nueva “constitucionalidad”. Propone algún tipo de control constitucional previo a la reforma, así como sustituir la Comisión de Redacción y Estilo por una de peritos o expertos.

Una opción sería reformar la carta actual para prever las reglas de un nuevo Constituyente. 


Considera más importante utilizar el sistema de reforma. Estima adecuado incorporar un preámbulo al texto constitucional, como en la propuesta de Jurídicas.

José Luis Caballero Ochoa (U. Iberoamericana) es importante hacer un ejercicio de reordenación y consolidación del texto constitucional. Vale la pena hacer un alto en cuanto a las modificaciones y revisar en qué punto nos encontramos, a pesar de que se reconoce la existencia de temas pendientes.

En cuanto al ejercicio de consolidación y reordenación, le preocupa al ponente que se vea como la única reforma. Debemos situarnos en un contexto que la incluya, pero sea más amplia; se corre el riesgo de que, por el prestigio de Jurídicas, sea retomada la propuesta por los operadores políticos, y no se haga una revisión a mayor profundidad.

Considera que hay mitos sobre la construcción del texto. Pareciera que la propia Constitución demanda que todo se encuentre en la misma, un fetiche (elevar a rango constitucional todo) estima que el aumento a las reformas es una manifestación de la debilidad de la Corte.

También hay un mito sobre el órgano de reforma y el procedimiento. El propio artículo 135 guarda silencio sobre distintos tópicos.

Otro mito es sobre la imposibilidad del control de la modificación constitucional; ya se han presentado intentos de lograrlo, pero no han sido exitosos. La Corte ha abdicado ante el Poder Reformador, que no deja de ser poder constituido.

Hay que reflexionar sobre el paradigma de la Constitución, no como vértice de un ordenamiento, sino como una articulación en redes de fuentes. También hay que reconfigurar el poder, ¿es necesario seguir creando órganos autónomos y estableciendo transitorios respecto a la permanencia de sus titulares? Otro tema más a meditar es cómo evitar que el máximo texto sea coto de los poderes fácticos, para devolvérsela a los ciudadanos como carta de emancipación.

César de J. Molina Sánchez (Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México) a partir de un ejercicio empírico, afirma que los ciudadanos desconocen qué es la Constitución; lo que implica una contradicción con la idea de que la misma está dirigida a todo el pueblo.


La Constitución debe ser conocida por todas las personas, no solamente los abogados. Debe depurarse lo que no sirve, sin temor

Mesa II.- La opción de una nueva Constitución (Presidente Laurencio Faz Arredondo)

Jaime Cárdenas Gracia (IIJ) la tesis del exponente consiste en que el viejo presidente autoritario del siglo XX no requería la reforma constitucional por sus facultades metaconstitucionales. El presidente dominante de finales del siglo XX requería pactar las reformas. Y particularmente desde Fox, las reformas constitucionales tienen un origen externo, impuestas por los grandes poderes trasnacionales, el gobierno americano, FMI, OCDE, Banco Mundial, etc.

Tal fenómeno debe entenderse para captar lo que sucede en nuestro país. Las reformas energética y de telecomunicaciones son de suma cero para México. La reforma educativa es producto de las presiones de la OCDE.

Como está la correlación de fuerzas en México, una nueva Constitución sería de corte neoliberal, diseñada desde una visión geopolítica que favoreciera la integración de nuestro país en América del Norte, bajo la égida de Estados Unidos. No se lograría un texto social, democratizador, integrador.

Las reformas al sistema electoral han producido una democracia representativa, de bajísima intensidad, que favorece a los partidos políticos y no permite el surgimiento de nuevas opciones. Un ejemplo es el nuevo constituyente de la Ciudad de México, con integrantes nombrados por los poderes.

En cuanto al propio sistema electoral, producto de la reforma de 2014, no fue capaz de maximizar la democracia participativa. Los porcentajes para ser candidato independiente a la Presidencia de la República, o para la iniciativa ciudadana, no favorecen su uso.

Así, tenemos consecuencias jurídicas del modelo neoliberal; un modelo económico que favorece los intereses económicos, un ejemplo son las “Zonas Económicas Espéciales” que rompen el esquema federal. Políticamente a este modelo no le interesa una democracia fuerte, ni social de carácter radical, por lo que no se impulsa fuertemente mecanismos de democracia participativa o comunitaria. Jurídicamente no se limita a los poderes fácticos, ni nacionales ni internacionales.

Estima que el camino de las reformas constitucionales continuará durante este sexenio, acatando las indicaciones de los centros de control económico del mundo. Es posible que estos centros decidan hacer una nueva Constitución, pero no sería ni social, ni a favor de la democracia participativa y deliberativa, que haga exigible los derechos sociales y culturales; sino un texto a favor de la oligarquía.

Francisco José Paoli Bolio (IIJ) considera valiosa la propuesta de Jurídicas. La presentación del trabajo como estudio académico, solo permite objeciones en dicho campo; aun cuando abre la puerta a la discusión política sobre su pertinencia; el planteamiento que sigue es abiertamente proponer la realización de una nueva Constitución, mediante un Constituyente electo por los ciudadanos justamente para realizar tal labor.

Nuestro país vive el momento más corrupto de su historia. La situación nacional es tan grave que se está creando el caldo de cultivo necesario para una nueva carta, que oriente de mejor forma la vida nacional. La propuesta no solamente puede ser de carácter técnico, debe reconocerse la necesidad de reconducción social.

Propone realizar una revisión integral del texto actual, del que surja una nueva Constitución, antes de que el descrédito de las instituciones y la crisis social sean mayores. Un nuevo texto puede promover el entusiasmo social para enfrentar los graves tiempos que vivimos; integrar una nueva forma de gobierno más cooperativo, empoderando a las distintas fuerzas de la sociedad para que se hagan cargo de las decisiones fundamentales.
Propone partir de un referéndum en el que la ciudadanía decida si quiere o no una nueva Constitución. Estima que los partidos políticos, como tales, no deberían participar en la elección de los constituyentes, sólo participarían candidatos independientes, y las campañas se basarían en debates en los medios de comunicación. Propone un Congreso pequeño, de hasta 150 integrantes; y una vez terminada su labor, someterla a referéndum para su aceptación o rechazo.

José Gamas Torruco (IIJ, Director del Museo de las Constituciones) estima que las reformas que el país requiere no implican una nueva Constitución, se suma a la propuesta de Jurídicas. Considera que el problema principal es el desconocimiento de la norma suprema por parte de los ciudadanos, incluso de lo que es una norma suprema.

En su experiencia, las personas consideran que la carta nacional es una imposición; por tanto, como premisa se requiere que el pueblo sepa lo que es dicho documento, que lo asimile.

Un referéndum requiere información precisa, no proveniente de partidos políticos. Qué se puede conseguir, cuál será el resultado del planteamiento, etc.; de otra forma la consulta se convierte en una mayor desorientación pública, dado que no hay cultura constitucional.

Ricardo Zuluaga Gil (Universidad Católica de Oriente) en Colombia como en México, hay serios retos para la estabilidad constitucional. Su texto, que apenas llegará a los 25 años, tiene ya 40 reformas. Igual que aquí, en Colombia se desconoce en buena medida su máximo texto normativo.

En cuanto a las diferencias, se encuentran el que su Constitución fue refundacional de la república, entre otras razones por la amplia pluralidad de quienes la elaboraron. También, la Corte Constitucional colombiana es bastante fuerte e internacionalmente reconocida.

En su país hay una modalidad de control a la reforma constitucional no previsto expresamente en la normatividad, es una creación pretoriana. La propia Constitución permite expresamente el control constitucional de las reformas sólo por cuestiones de forma o procedimiento.

La Corte descubrió (o creó) el llamado “vicio de competencia” en la sentencia 551/2003, se sostiene en la idea de que el poder reformador puede modificar, pero no sustituir el texto constitucional o cambiar sus “elementos identitarios”. Así, para cada caso concreto ha ejercido el “juicio de sustitución”, mediante el cual determina si se produjo un “problema de sustitución”; cabe señalar que la impugnación la puede presentar cualquier ciudadano.

Un problema relevante es que la Constitución colombiana no tiene cláusulas pétreas. Por tanto, el quid consiste en determinar exactamente lo que se considera “elementos identitarios”, que se han construido caso por caso. Entre estos elementos, estima el carácter unitario del estado, por lo que no permitiría el establecimiento de un modelo federal.

Javier Esteban Guinea (Universidad Camilo José Cela) la Constitución española de 1978 fue un pacto entre el franquismo y las élites del exilio, como forma de conseguir una legitimidad que permitiera insertar a España en la Unión Europea, dejando atrás el modelo autárquico.

Un pacto entre vencedores (franquistas, grupos económicos favorecidos por la dictadura, principalmente) y vencidos, que eran los exiliados. Parte del pacto fue no exigir responsabilidades a ninguna de las partes por lo sucedido en la Guerra Civil. Se consiguió una democracia, así como la ampliación de los Derechos Humanos.

Esto generó una idea-fuerza de la Constitución española.

El modelo descrito ha entrado en franca crisis, en particular el régimen político. La debacle económica a partir de 2008 provocó el despertar de conciencias, se cae en el precariado, y el estado nacional se vuelve receptor de capitales extranjeros que no puede controlar o regular.

A partir de los movimientos sociales de 2012 se da una deconstrucción del mito de la Constitución, y van surgiendo movimientos que se vuelven partidos, como “Podemos” y “Ciudadanos”. Actualmente, se está frente a una crisis constitucional, que se nota sobre todo en la presión sobre el gasto público a partir de los préstamos del Banco Europeo, con las consecuentes exigencias de astringencia, afectando al pueblo.

El procedimiento de reforma constitucional en España es tan complicado (dos tercios de la Cámara de los Diputados, y el mismo número del Senado) que en la práctica no puede reformarse.

En Catalunya, está a favor de la independencia la élite que se vería beneficiada de la misma. Así, la rabia en dicha región contra los políticos, fue encauzada por éstos contra la clase política española, con una gran habilidad. En el fondo es un problema de supervivencia de la élite catalana, que como una forma de defensa efectiva quiere controlar el sistema fiscal, como sucede en Euskadi.

En este momento algunos se niegan a la reforma constitucional (PP) otros plantean una reforma parcial dentro del texto existente (PSOE y Ciudadanos) y otros que son abiertamente rupturistas. La minoría conservadora tiene los suficientes votos para evitar la reforma.


Las independencias que se quieren en España no serán posibles porque no le interesa a nadie en Europa.