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domingo, 20 de marzo de 2016

Miscelánea jurídica XXII

Derechos, libertades y jueces
Ronald Dworkin

Publicado por Miguel Carbonell, en la serie de muy interesantes y económicos libros que ha editado. No necesita mayor referencia el autor de este compendio de cinco ensayos precedidos por una presentación del editor, que en un texto pequeño y de pastas suaves, invita a llevarlo a todos lados.

El primer ensayo versa sobre igualdad y democracia, abordando el tema de las distintas visiones de la primera y desarrollando la idea de la acción comunitaria, es el trabajo más denso del libro; el segundo plantea la cuestión de si los jueces deben o pueden ser también filósofos, exponiendo las distintas aproximaciones al tema, con su opinión personal explicada de forma muy convincente; el tercer trabajo toca un asunto de gran pertinencia para México, relativo a un fallo de la Suprema Corte americana sobre las el derecho de las corporaciones mercantiles y sindicatos para invertir recursos en anuncios electorales. En el corto pero sustancioso apartado cuarto el distinguido jurista se enfrenta al tema de las convicciones religiosas, el multiculturalismo y la libertad de expresión. Cierra el volumen con un análisis de las decisiones de los máximos jueces americanos sobre acciones planteadas por presos en Guantánamo o acusados de pertenecer a grupos terroristas, bordando sobre la cuestión del respeto a los derechos humanos, los prisioneros de guerra, y la extensión de la protección judicial.

De Dworkin, como de Kelsen, Hart, Nino, Atienza y otros, hay que leer todo lo que se encuentre, así sea la lista del mandado, porque con absoluta certeza algo se aprenderá. Este libro nos muestra a una mente privilegiada diseccionando asuntos coyunturales, y demostrando la importancia del análisis de las sentencias de los tribunales de constitucionalidad.

lunes, 14 de marzo de 2016

Miscelánea jurídica XXI

Introducción a la retórica y la argumentación
Gerardo Dehesa Dávila

Libro cuya primera edición data de 2004, que poseo en la segunda, de enero 2005. Texto que he utilizado constantemente, tanto en la práctica profesional como para actividades académicas, y que me gusta recomendar a los alumnos.

Bajo el sello de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la aproximación de este texto a su objeto de estudio es esencialmente práctico. Si bien hace un recorrido por distintas teorías de la retórica, me parece que su gran virtud se encuentra en cuando explica las partes del discurso, y profundiza en los distintos tipos de argumentos.

Al abordar las distintas figuras de la argumentación (de las que aborda 17) el autor se basa en jurisprudencias y citas de preceptos legales; esto lo hace un texto muy entendible, recomendable lo mismo para el experto que para los estudiantes, siempre que se busque una aproximación práctica.


martes, 8 de marzo de 2016

Miscelánea jurídica XX

Jurisprudencia interamericana sobre Derechos Humanos. Criterios esenciales
Fernando Silva García

Editado por Tirant lo Blanch, contiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta mayo de 2011. Edición en pasta dura, con excelente encuadernado, se nota que es un libro editado para resistir el uso constante.

A partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el autor desgrana en cada artículo la jurisprudencia del tribunal americano que los ha interpretado. Fija los casos en que se sostuvieron y señala los datos de identificación. Al desarrollar su texto artículo por artículo, facilita la consulta y permite una visión completa de los criterios jurisdiccionales.

En la época actual en que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha tomado un lugar privilegiado en la práctica jurídica, este libro resulta muy útil, fácil de manejar, y de consulta casi obligatoria. Nos hace esperar una nueva edición que contenga la jurisprudencia que, por la fecha de publicación, el que aquí reseño no pudo contener.

viernes, 4 de marzo de 2016

Miscelánea jurídica XIX

Nuevo Derecho Electoral en México.
José René Olivos Campos

(Análisis de los seis ensayos contenidos en el libro de referencia, leídos en la presentación del mismo el 4 de marzo de 2016 en Santiago de Querétaro)

1. Democracia y representación. Jorge Fernández Ruiz. Las dimensiones y complejidad de la sociedad moderna hace imposible su gobierno mediante democracia directa. Por tanto, la democracia representativa requiere de los electos una legitimidad fuera de duda, para lo que requerimos un sistema electoral que garantice la autenticidad de los representantes.

2. Utilización de recursos públicos con fines electorales. Manuel González Oropeza. A partir del desarrollo jurisprudencial del artículo 134 constitucional, establece sus prohibiciones en cuanto al uso de recursos públicos con fines electorales y promoción personalizada de funcionarios públicos, a partir de diversos casos vinculados a apariciones en programas de televisión, entrega de materiales, asistencia a eventos en días inhábiles, etc. Sostiene que las autoridades electorales administrativas, incluso las locales en el ámbito de sus competencias, pueden conocer de estas violaciones siempre que se cumplan los siguientes elementos:

Que se trate de propaganda político-electoral.
Dicha propaganda conlleve la promoción personalizada de un servidor público.
Que se evidencie la responsabilidad del funcionario público.

3. Democracia participativa. José René Olivos Campos, coordinador del libro. Partiendo de la idea de la democracia constitucional, así como de los defectos que se observan en la representación política (principalmente el abstencionismo) postula la necesidad de fortalecer los mecanismos de la democracia participativa. Hace un recorrido desde la reforma constitucional del 2012, así como un muy completo análisis de las constituciones locales, para señalar la existencia en México de figuras tales como plebiscito, referéndum y revocación de mandato. Tanto en su versión participativa como en la representativa, la democracia se fundamenta en la participación ciudadana. 

4. Usos y costumbres en materia electoral, sistemas normativos internos de Oaxaca. Octavio Ramos Ramos. Da cuenta de los diversos métodos usados en tal entidad en las elecciones en asambleas comunitarias: pintado de raya, mano alzada, voto secreto, pelotón, formación en filas, asambleas simultáneas, credenciales y urnas, aclamación, relación de firmas, y directa. Aborda temas como el tequio, la participación política de la mujer, restricción al voto, así como las etapas del proceso electoral cuando se realiza por usos y costumbres. Muy interesante el tema de la mediación y conciliación realizada por el Instituto local respecto de conflictos sobre resultados.

5. Financiamiento a partidos políticos. Carlos Alberto Burgoa Toledo. Desarrolla de forma muy completa la fórmula para la asignación de recursos a los partidos, analiza el financiamiento público, incluyendo el destinado a actividades específicas; así como el privado en sus diversas modalidades.

6. Justicia electoral e integridad. Raúl Ávila Ortiz. Define la integridad en las elecciones como el compromiso con valores y parámetros tales como: Estado de Derecho, organizaciones electorales sólidas, relatividad pactada y tolerada del poder, inclusión social y ciudadana para la participación política y plena rendición de cuentas. Propone dicho concepto como una mejor opción frente al de “elecciones libres y justas” dado que puede evaluarse a partir de indicadores que surgen de estándares constitucionales y convencionales; en todo esto juega un papel central la justicia electoral, que deberá emprender nuevos esfuerzos promotores y protectores de derechos.

sábado, 6 de febrero de 2016

VII Congreso Nacional de Derecho Constitucional. Tercera jornada. 5 de febrero de 2016

Tema III.- La dialéctica permanencia-cambio constitucional. Las opciones a futuro (Coord. José Ma. Serna de la Garza e Isidro de los Santos Olivo)

Serna de la Garza: ¿qué explica el constante cambio en la Constitución? Una hipótesis es que la clase política tiene una gran fe en la posibilidad de cambiar la norma para que esta modifique la realidad; una especie de fetichismo constitucional.

Otra posibilidad es que la constante reforma es un acto de justificación del legislador, que demuestra así que realiza su trabajo. Búsqueda de recuperar el prestigio perdido, construir carreras políticas. Como tercera hipótesis, plantea que el costo de aprobación de las modificaciones es muy bajo, y los legisladores no son responsables de su implementación
Considera que el hiperreformismo es manifestación de la baja calidad democrática de la política en nuestro país.

Desde la cultura política, ¿Qué explica el cambio constante? ¿Qué explica la inclusión en la máxima norma de disposiciones reglamentarias?.

Si consideramos que debemos evitar este cambio repetitivo, hay varias opciones: la primera es modificar el procedimiento de reforma constitucional; ya sea incorporando el referéndum, o exigiendo dos legislaturas distintas para la aprobación. En su momento, en la época de la República, Zarco y Prieto se opusieron, Mata y otros estaban a favor. El expositor considera que actualmente existen las condiciones para que el pueblo juegue un papel activo en los ajustes a la Constitución, además, esto rompería las  características oligárquicas que tienen las reformas en nuestros tiempos.

Como desventaja, se encuentra el que el referéndum no corrige los errores que ya tiene la máxima norma.

Otra alternativa es reordenar el texto actual, y dirigir el cambio constante a las leyes de desarrollo constitucional, distinguiendo principios básicos del estado y normas reglamentarias.

No hay que buscar una máxima norma para expertos, sino para los ciudadanos.

Existe otra opción. Hacer una nueva Constitución. En los hechos, ¿cuándo un estado decide cambiar su norma superior? En América Latina se da la sustitución cuando éstas dejan de ser útiles como instrumento de gobernanza, cuando las crisis constitucionales son frecuentes, o cuando los actores no tienen la capacidad de incorporar cambios por medio de reformas o interpretación constitucional (referencia a Negretto)

Detecta el expositor diversos puntos de riesgo para esta opción en México: el tema de la elección de los constituyentes, la dinámica interna del Congreso Constituyente (bloqueos) e intervención del Ejecutivo.

En todo caso, las opciones, plantea el ponente, no son excluyentes. En todo caso, debe buscarse una Constitución inteligible para los ciudadanos.

De los Santos Olivo valdría la pena preguntarnos si el constante cambio que ha sufrido la Constitución es justamente lo que la hace vigente, siendo centenaria, ha sido capaz de conducir al sistema político mexicano.

El Poder Constituyente es auténticamente político, sujeto sólo a las obligaciones internacionales. Los poderes constituidos son limitados; así, pretender reformar, esto es “dar nueva forma” es una facultad que sólo compete al Constituyente, como manifestación del pueblo.

Considera que no puede hacerse una nueva Constitución por conducto el mecanismo de reforma, que estima incluso el primer medio de protección de la misma. La reforma permite incorporar inquietudes al texto sin modificar su esencia.

Mesa I.- La reordenación y consolidación del texto de la Constitución mexicana de 1917 (Presidente Martín Beltrán Saucedo)

Imer B. Flores Mendoza (IIJ)  en México hemos optado por reformas parciales. De 1987 a la fecha, se han expedido la mitad de los decretos que reforman a la Constitución (Con don Adolfo Ruiz Cortínes hubo solo un decreto de reforma)

Una dinámica que se ha dado recientemente es el intercambio de reformas, como sucedió con la energética por la política.

El expositor considera necesario una reforma integral, tal como fue la de 1917 respecto de la de 1857. Lo que se requiere es una nueva “constitucionalidad”. Propone algún tipo de control constitucional previo a la reforma, así como sustituir la Comisión de Redacción y Estilo por una de peritos o expertos.

Una opción sería reformar la carta actual para prever las reglas de un nuevo Constituyente. 


Considera más importante utilizar el sistema de reforma. Estima adecuado incorporar un preámbulo al texto constitucional, como en la propuesta de Jurídicas.

José Luis Caballero Ochoa (U. Iberoamericana) es importante hacer un ejercicio de reordenación y consolidación del texto constitucional. Vale la pena hacer un alto en cuanto a las modificaciones y revisar en qué punto nos encontramos, a pesar de que se reconoce la existencia de temas pendientes.

En cuanto al ejercicio de consolidación y reordenación, le preocupa al ponente que se vea como la única reforma. Debemos situarnos en un contexto que la incluya, pero sea más amplia; se corre el riesgo de que, por el prestigio de Jurídicas, sea retomada la propuesta por los operadores políticos, y no se haga una revisión a mayor profundidad.

Considera que hay mitos sobre la construcción del texto. Pareciera que la propia Constitución demanda que todo se encuentre en la misma, un fetiche (elevar a rango constitucional todo) estima que el aumento a las reformas es una manifestación de la debilidad de la Corte.

También hay un mito sobre el órgano de reforma y el procedimiento. El propio artículo 135 guarda silencio sobre distintos tópicos.

Otro mito es sobre la imposibilidad del control de la modificación constitucional; ya se han presentado intentos de lograrlo, pero no han sido exitosos. La Corte ha abdicado ante el Poder Reformador, que no deja de ser poder constituido.

Hay que reflexionar sobre el paradigma de la Constitución, no como vértice de un ordenamiento, sino como una articulación en redes de fuentes. También hay que reconfigurar el poder, ¿es necesario seguir creando órganos autónomos y estableciendo transitorios respecto a la permanencia de sus titulares? Otro tema más a meditar es cómo evitar que el máximo texto sea coto de los poderes fácticos, para devolvérsela a los ciudadanos como carta de emancipación.

César de J. Molina Sánchez (Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México) a partir de un ejercicio empírico, afirma que los ciudadanos desconocen qué es la Constitución; lo que implica una contradicción con la idea de que la misma está dirigida a todo el pueblo.


La Constitución debe ser conocida por todas las personas, no solamente los abogados. Debe depurarse lo que no sirve, sin temor

Mesa II.- La opción de una nueva Constitución (Presidente Laurencio Faz Arredondo)

Jaime Cárdenas Gracia (IIJ) la tesis del exponente consiste en que el viejo presidente autoritario del siglo XX no requería la reforma constitucional por sus facultades metaconstitucionales. El presidente dominante de finales del siglo XX requería pactar las reformas. Y particularmente desde Fox, las reformas constitucionales tienen un origen externo, impuestas por los grandes poderes trasnacionales, el gobierno americano, FMI, OCDE, Banco Mundial, etc.

Tal fenómeno debe entenderse para captar lo que sucede en nuestro país. Las reformas energética y de telecomunicaciones son de suma cero para México. La reforma educativa es producto de las presiones de la OCDE.

Como está la correlación de fuerzas en México, una nueva Constitución sería de corte neoliberal, diseñada desde una visión geopolítica que favoreciera la integración de nuestro país en América del Norte, bajo la égida de Estados Unidos. No se lograría un texto social, democratizador, integrador.

Las reformas al sistema electoral han producido una democracia representativa, de bajísima intensidad, que favorece a los partidos políticos y no permite el surgimiento de nuevas opciones. Un ejemplo es el nuevo constituyente de la Ciudad de México, con integrantes nombrados por los poderes.

En cuanto al propio sistema electoral, producto de la reforma de 2014, no fue capaz de maximizar la democracia participativa. Los porcentajes para ser candidato independiente a la Presidencia de la República, o para la iniciativa ciudadana, no favorecen su uso.

Así, tenemos consecuencias jurídicas del modelo neoliberal; un modelo económico que favorece los intereses económicos, un ejemplo son las “Zonas Económicas Espéciales” que rompen el esquema federal. Políticamente a este modelo no le interesa una democracia fuerte, ni social de carácter radical, por lo que no se impulsa fuertemente mecanismos de democracia participativa o comunitaria. Jurídicamente no se limita a los poderes fácticos, ni nacionales ni internacionales.

Estima que el camino de las reformas constitucionales continuará durante este sexenio, acatando las indicaciones de los centros de control económico del mundo. Es posible que estos centros decidan hacer una nueva Constitución, pero no sería ni social, ni a favor de la democracia participativa y deliberativa, que haga exigible los derechos sociales y culturales; sino un texto a favor de la oligarquía.

Francisco José Paoli Bolio (IIJ) considera valiosa la propuesta de Jurídicas. La presentación del trabajo como estudio académico, solo permite objeciones en dicho campo; aun cuando abre la puerta a la discusión política sobre su pertinencia; el planteamiento que sigue es abiertamente proponer la realización de una nueva Constitución, mediante un Constituyente electo por los ciudadanos justamente para realizar tal labor.

Nuestro país vive el momento más corrupto de su historia. La situación nacional es tan grave que se está creando el caldo de cultivo necesario para una nueva carta, que oriente de mejor forma la vida nacional. La propuesta no solamente puede ser de carácter técnico, debe reconocerse la necesidad de reconducción social.

Propone realizar una revisión integral del texto actual, del que surja una nueva Constitución, antes de que el descrédito de las instituciones y la crisis social sean mayores. Un nuevo texto puede promover el entusiasmo social para enfrentar los graves tiempos que vivimos; integrar una nueva forma de gobierno más cooperativo, empoderando a las distintas fuerzas de la sociedad para que se hagan cargo de las decisiones fundamentales.
Propone partir de un referéndum en el que la ciudadanía decida si quiere o no una nueva Constitución. Estima que los partidos políticos, como tales, no deberían participar en la elección de los constituyentes, sólo participarían candidatos independientes, y las campañas se basarían en debates en los medios de comunicación. Propone un Congreso pequeño, de hasta 150 integrantes; y una vez terminada su labor, someterla a referéndum para su aceptación o rechazo.

José Gamas Torruco (IIJ, Director del Museo de las Constituciones) estima que las reformas que el país requiere no implican una nueva Constitución, se suma a la propuesta de Jurídicas. Considera que el problema principal es el desconocimiento de la norma suprema por parte de los ciudadanos, incluso de lo que es una norma suprema.

En su experiencia, las personas consideran que la carta nacional es una imposición; por tanto, como premisa se requiere que el pueblo sepa lo que es dicho documento, que lo asimile.

Un referéndum requiere información precisa, no proveniente de partidos políticos. Qué se puede conseguir, cuál será el resultado del planteamiento, etc.; de otra forma la consulta se convierte en una mayor desorientación pública, dado que no hay cultura constitucional.

Ricardo Zuluaga Gil (Universidad Católica de Oriente) en Colombia como en México, hay serios retos para la estabilidad constitucional. Su texto, que apenas llegará a los 25 años, tiene ya 40 reformas. Igual que aquí, en Colombia se desconoce en buena medida su máximo texto normativo.

En cuanto a las diferencias, se encuentran el que su Constitución fue refundacional de la república, entre otras razones por la amplia pluralidad de quienes la elaboraron. También, la Corte Constitucional colombiana es bastante fuerte e internacionalmente reconocida.

En su país hay una modalidad de control a la reforma constitucional no previsto expresamente en la normatividad, es una creación pretoriana. La propia Constitución permite expresamente el control constitucional de las reformas sólo por cuestiones de forma o procedimiento.

La Corte descubrió (o creó) el llamado “vicio de competencia” en la sentencia 551/2003, se sostiene en la idea de que el poder reformador puede modificar, pero no sustituir el texto constitucional o cambiar sus “elementos identitarios”. Así, para cada caso concreto ha ejercido el “juicio de sustitución”, mediante el cual determina si se produjo un “problema de sustitución”; cabe señalar que la impugnación la puede presentar cualquier ciudadano.

Un problema relevante es que la Constitución colombiana no tiene cláusulas pétreas. Por tanto, el quid consiste en determinar exactamente lo que se considera “elementos identitarios”, que se han construido caso por caso. Entre estos elementos, estima el carácter unitario del estado, por lo que no permitiría el establecimiento de un modelo federal.

Javier Esteban Guinea (Universidad Camilo José Cela) la Constitución española de 1978 fue un pacto entre el franquismo y las élites del exilio, como forma de conseguir una legitimidad que permitiera insertar a España en la Unión Europea, dejando atrás el modelo autárquico.

Un pacto entre vencedores (franquistas, grupos económicos favorecidos por la dictadura, principalmente) y vencidos, que eran los exiliados. Parte del pacto fue no exigir responsabilidades a ninguna de las partes por lo sucedido en la Guerra Civil. Se consiguió una democracia, así como la ampliación de los Derechos Humanos.

Esto generó una idea-fuerza de la Constitución española.

El modelo descrito ha entrado en franca crisis, en particular el régimen político. La debacle económica a partir de 2008 provocó el despertar de conciencias, se cae en el precariado, y el estado nacional se vuelve receptor de capitales extranjeros que no puede controlar o regular.

A partir de los movimientos sociales de 2012 se da una deconstrucción del mito de la Constitución, y van surgiendo movimientos que se vuelven partidos, como “Podemos” y “Ciudadanos”. Actualmente, se está frente a una crisis constitucional, que se nota sobre todo en la presión sobre el gasto público a partir de los préstamos del Banco Europeo, con las consecuentes exigencias de astringencia, afectando al pueblo.

El procedimiento de reforma constitucional en España es tan complicado (dos tercios de la Cámara de los Diputados, y el mismo número del Senado) que en la práctica no puede reformarse.

En Catalunya, está a favor de la independencia la élite que se vería beneficiada de la misma. Así, la rabia en dicha región contra los políticos, fue encauzada por éstos contra la clase política española, con una gran habilidad. En el fondo es un problema de supervivencia de la élite catalana, que como una forma de defensa efectiva quiere controlar el sistema fiscal, como sucede en Euskadi.

En este momento algunos se niegan a la reforma constitucional (PP) otros plantean una reforma parcial dentro del texto existente (PSOE y Ciudadanos) y otros que son abiertamente rupturistas. La minoría conservadora tiene los suficientes votos para evitar la reforma.


Las independencias que se quieren en España no serán posibles porque no le interesa a nadie en Europa.

jueves, 4 de febrero de 2016

VII Congreso Nacional de Derecho Constitucional. Segunda jornada. 4 de febrero de 2016

Tema 2. La dinámica del cambio constitucional en México (trayectorias y problemas) (Coord. Héctor Fix Fierro y Manuel González Matienzo)

Fix Fierro: las mesas de hoy abordarán el impacto que las reformas tanto a la Constitución nacional como a las locales han tenido. Nuestro texto actual no puede ocultar los graves defectos de redacción, sintaxis, etc., que tiene en buena medida por las diversas reformas, por lo que ya no se trata de un asunto secundario, sino de un tema relevante.

Frase: “Al descuidar la Constitución nos hemos agraviado a nosotros mismos”

Recordando a Häberle, señala que la Constitución es la única norma que nos cubre o interesa a todas las personas, lo que da lugar a la “sociedad abierta de intérpretes constitucionales”. Si a los juristas nos pidieran realizar la constitución perfecta, podría hacerse técnicamente, pero le faltaría el elemento sociológico necesario.

Al día de hoy se han expedido 227 decretos de reforma, y 696 modificaciones al texto de los artículos. 2/3 partes de los cambios son posteriores a 1982. El mayor número de cambios se han dado  con Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Extensión original: 21,000 palabras, extensión actual: 68,000. Esto lo explica el expositor porque ahora la reforma es producto de la negociación; también plantea que antes, al provenir del Ejecutivo, había una mayor calidad técnica de las propuestas, aunque reconoce su poca calidad democrática.

Nuestro texto es ya de los más longevos del mundo, la vida promedio de dichos textos es de 20 años

González Matienzo: se ha explicado que, por comparación a lo que sucede en Estados Unidos, la Constitución mexicana ha tenido mayor número de modificaciones por las siguientes causas: pertenencia a una distinta familia jurídica, sistema de control constitucional difuso en el modelo americano y concentrado en México hasta hace poco tiempo; entre otras razones.

La mayor pluralidad en el Congreso mexicano es una de las causas que explican el aumento de las reformas; por otra parte, en el ámbito internacional esto se ha presentado también en los últimos años, pues la mayoría de los países reformaron sus máximos textos en varias ocasiones, o los sustituyeron.

En estos últimos años, los principales temas de las reformas han tenido que ver con derechos humanos, transparencia, asuntos electorales, equilibrios de poderes, federalismo, y justicia. También se han incorporado modificaciones que provienen de asuntos resueltos en sede judicial.

Será necesario medir los efectos de las modificaciones en la realidad.

Mesa I.- El problema de la falta de sistematicidad del texto constitucional (Presidente de la mesa Daniel Berrones)

Enrique Cáceres Nieto (IIJ) parte del “constructivismo jurídico”, retoma elementos de la Teoría de Sistemas Complejos, así como de la Filosofía del Lenguaje. Propone elementos para una teoría analítica de la interpretación constitucional, que utiliza lenguaje de la lógica formal.

Desarrolla la idea de bloque constitucional, incorporando en el mismo a la Constitución, tratados, interpretación jurisprudencial de estos dos, y normas que contengan derechos fundamentales. Estos textos normativos sirven entre otras cosas para resolver conflictos respecto de normas inferiores.

Mauro Arturo Rivera León (SCJN, adscrito a la ponencia del ministro José Ramón Cossío Díaz)  en México tenemos un promedio de 5.6 reformas constitucionales por año. La distinción entre constituciones rígidas y flexibles se encuentra superado, pues muy pocas se encuentran en la segunda categorización, comportándose en la práctica la nuestra como flexible.

El propio ritmo de reformas en buena medida impide una cultura de los comentarios constitucionales, dado el ritmo de modificaciones que no permite asentar la doctrina. Cerca del 15% de las modificaciones se han realizado al art. 73, favoreciendo la centralización de materias. En cuanto a la asistematicidad material, nos encontramos con artículos que consagran temas diversos en su contenido, otros en que la división interna de los artículos no es uniforme, distribución de disposiciones estructurales en el apartado dogmático, etc.

Existen también asistematicidades jerárquicas, pues en la Constitución se incluyen disposiciones de naturaleza secundaria, un ejemplo es el artículo 41 que regula los minutos a que los partidos tienen acceso en radio y televisión.

Propone el expositor una técnica legislativa constitucional, que parta de considerar la naturaleza del texto que se interviene, distinto al de una ley secundaria. Estima que deben atenderse y resolverse las cuestiones que provocan el hiperreformismo constitucional, ya que daña la vigencia misma del máximo texto normativo.

Samuel Mandujano Rubio (FES Acatlán y consejero del IEEM)  una reforma mal hecha provoca graves problemas de implementación. En ocasiones quienes hacen la reforma constitucional son los que perdieron una elección. Se ocupa el expositor de los supuestos constitucional y legalmente previstos para invalidar elecciones, que sin embargo desde 2014 no se han presentado en las elecciones anuladas, dado que se las que se han resuelto tienen por base la “nulidad por violaciones a principios constitucionales”, a pesar de lo dispuesto en el numeral 99 de la Constitución general, que establece que las nulidades de comicios se podrán dar exclusivamente por supuestos constitucional o legalmente previstos.

Los acuerdos políticos han plagado de detalles a la Constitución en sus reformas. Por ejemplo, en lo relativo a la fiscalización de los partidos, en cuanto a contenidos y tiempos.

Desde una realidad práctica, los lineamientos del INE se han considerado superiores a las leyes o códigos electorales locales.

Edith Cuautle Rodríguez (IIJ) identifica tres usos de la palabra “sistematización” relacionados con la máxima norma. Uno atiende al sentido de ordenar el texto a nivel lingüístico, el segundo tiene que ver con la sistematización de las normas, el tercero tiene que ver con las instituciones y órganos del estado en el contexto del constitucionalismo.

Bajo el paradigma del constitucionalismo, hay que revisar el contenido de algunos conceptos, como el de “autoridad”. La propuesta de sistematización debe tener como base a la Teoría del Derecho y el Derecho Constitucional, para generar un esquema que no obedezca exclusivamente a cuestiones coyunturales.

En el ámbito del derecho, sistematizar consiste en encontrar las soluciones jurídicas para una materia dada; permite detectar casos de incoherencia, laguna o redundancia, y se formulan propuestas de corrección basados en elementos como coherencia, completitud e independencia;  implican ajuste y reordenación.

Otra manera de ver la sistematización tiene que ver con la ordenación, integración y reformulación de los órganos del estado y sus instituciones. Un sistema jurídico es permanente, los que cambian son los ordenamientos. Sugiere una revisión del concepto de “autoridad” a partir de la primacía de los Derechos Humanos.

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández (IIJ) se ocupa en su ponencia de la reordenación y consolidación del texto constitucional respecto del control difuso de la convencionalidad ex officio en materia electoral. Se adhiere en esto a lo planteado en la propuesta de reforma constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Hace una comparación de los artículos que contemplan el control difuso de la convencionalidad en materia electoral, por relación a la Constitución nacional y al texto propuesto arriba referido.

Mesa II.- El problema del carácter reglamentario de muchas disposiciones constitucionales (Presidente de la mesa Jaime Delgado Alcalde)

Francisco Ibarra Palafox (IIJ) además de un hiperreformismos, hay un carácter hiperreglamentario en algunas de las disposiciones constitucionales, que en buena medida se deben a la transición política, lo que explica la naturaleza actual de artículos como el 6°, 41, o 122.

Si bien la Constitución actual ha permitido la alternancia, también se debe reconocer que se ha tornado inestable; algunas de sus reformas han sido producto de la confusión entre reglas y principios en el sentido de Dworkin. Teóricamente una constitución debe ser más de principios que de reglas.

El carácter hiperreglamentario atenta contra el principio de supremacía, porque requiere estabilidad constitucional, y claramente la norma mexicana no lo es. Ese carácter de excesiva reglamentación ha provocado su reforma constante. También se afecta el principio de legitimidad política, (lo legítimo es lo que es capaz de convencernos moral o políticamente) la constante modificación del texto le resta legitimidad y seriedad al texto. Desde luego, el principio de rigidez resulta absolutamente relativo.

La hiperreglamentación plantea el problema de los límites a la modificación constitucional. No está contemplado expresamente la reforma integral o, por otro lado, cláusulas pétreas; y políticamente no existen. Podría sostenerse la existencia de límites basados en los principios, respecto de Derechos Humanos y forma de estado, pero el exceso de reglamentación hace preguntarnos si sería posible una reforma incluso de dichos elementos, por ejemplo con el tema del arraigo y su incorporación en el máximo texto.

Un problema práctico para el legislador radica, por ejemplo, en las contradicciones de la propia Constitución, lo que complica la interpretación jurisdiccional. También la abundancia de disposiciones origina problemas de eficacia.

No hay ley más inestable en México que la Constitución.

Carla Huerta Ochoa (IIJ) existen discusiones sobre la redacción adecuada del texto constitucional, a la que mucho de lo desarrollado por la Técnica Legislativa le es aplicable. Responder a la naturaleza misma de la constitución permite definir la forma de su contenido.

Desde la perspectiva de la Teoría Constitucional, ¿qué es propiamente la “materia constitucional”?. Otra pregunta es ¿cómo debe ser la estructura de la norma constitucional? por ejemplo, las correlaciones. Una tercera, ¿cuál es la función de la norma constitucional? La certeza se conseguirá si la máxima norma es clara y coherente.

La generalidad de la norma permite su adaptación natural a la realidad que debe regular. Un precepto detallado, no puede adaptarse mediante interpretación, les amarra las manos tanto al juez como al legislador, pues la rigidez deriva de su ubicación en el texto constitucional. Este problema se suele presentar justamente por desconfianza, que origina el deseo de detallar la disposición en la norma suprema.

Frase “Las normas no cambian la realidad. La cambian los operadores”

La “materia constitucional” o “reserva constitucional” se refiere a: los elementos o límites del poder, los derechos fundamentales, división de poderes en sentido amplio (competencias y funciones) control de constitucionalidad, así como lineamientos básicos de la producción normativa.

A mayor detalle de los derechos y libertades, mayor limitación. Si existe una limitación o restricción a éstos, debe ser clara y precisa, además de encontrarse en la Constitución. La hiperreglamentación provoca que en ocasiones el legislador no atienda mandatos de legislar contenidos en la propia norma máxima, al suponer que basta la regulación extensa que ya tiene la misma.

Luis Samaniego Santamaría (Universidad de Quintana Roo) 484 reformas se han hecho de 1982 a la fecha, mucho más que en 1917-1981. En el periodo de Calderón Hinojosa se modificó 110 ocasiones, en el mandato de Peña Nieto van 145 modificaciones.

Existe una especie de “fetichismo constitucional”, que lleva a la reforma constante de la Constitución. Tal vez el principal problema que enfrenta es el incremento de su extensión, al incluir disposiciones de carácter reglamentario, o auténticos programas sexenales de gobierno.

Entre los varios problemas que presentan las reformas, uno a destacar es que en ocasiones no se cuenta con los recursos materiales o financieros para llevarlas a la realidad.

José Miguel Cabrales Lucio (UAT) plantea el problema entre la idea del precompromiso con quienes hicieron la Constitución, y el postulado de una norma viviente, que permite a cada generación decidir su contenido.

Históricamente un elemento fundamental tiene que ver con la confianza. Que quede por escrito las  cosas para dar certeza, esto es, seguridad jurídica. Esto permea en el momento  constitucional, y se ha multiplicado por la desconfianza hacia el órgano legislativo. Viso así, ¿tienen mayor legitimidad democrática los constituyentes? Si no es así, habría que regular a detalle, y entonces nuevamente hay que preguntarnos por la legitimidad del que se encarga de dicha regulación.

Deben determinarse, cuantitativa y cualitativamente, los límites de un texto constitucional. El que sea a detalle, regulatoria; circunscribe la interpretación judicial, lo que a la vez nos lleva a la discusión sobre la legitimidad democrática de la justicia constitucional. También limita la evolución de la creación legislativa.

No hacemos estudios de impacto constitucional ni de pertinencia de la reforma.

Mesa III.- Problemas de técnica constitucional: diseño estructural, lenguaje, ubicación de los artículos transitorios (Presidente Juan Mario Solís)

Oswaldo Chacón Rojas (UACH) señala la relevancia de estudiar los artículos transitorios de las reformas constitucionales, en particular lo relativo a la última reforma político-electoral. Los artículos transitorios son normas que se refieren a otras normas, conforme a la categorización de H.L.A. Hart son de adjudicación, ya que su objeto es determinar el modo de aplicación justamente de otras normas.

Tres clases de transitorios: los que determinan la vigencia, los que derogan, y los que establecen un mandato al legislador. Cuando tienen otro contenido, entonces se está haciendo un mal uso de los mismos, práctica que se tiene en México, por ejemplo al utilizar dichos artículos para reglamentar una figura.

Por referencia a la última reforma político electoral, nos encontramos ante una sobrerregulación, por ejemplo el art. 41 tiene más de 4,000 palabras. En el caso del desarrollo de las tres leyes generales que derivan de dicha reforma constitucional, en buena medida sus contenidos se precisaron indebidamente en las disposiciones transitorias de la misma.

Estos absurdos en que se incurren por defecto en la técnica, ¿pueden ser impugnados justamente por dicha razón? ¿Qué sucede si un transitorio es contrario a la disposición constitucional material? Considera el ponente que no puede declararse la inconstitucionalidad de un transitorio exclusivamente por el defecto de técnica legislativa.

José María Soberanes (U. Panamericana) existe una falta de Técnica Legislativa en cuanto a la propia numeración del articulado constitucional, por ejemplo mediante el crecimiento de los contenidos de los numerales ya existentes, en lugar de crear nuevos. Esto hace necesario que existan divisiones formales dentro de los artículos, con la regla general de párrafos, fracciones e incisos.

Sin embargo, en algunos artículos la división interna es distinta, por ejemplo en apartados e incisos; en incisos; o incluso con doble lista de fracciones, como sucede en el numeral 28; otros en fracciones y bases; fracciones, apartados e incisos, etc.

De igual forma, un mismo artículo regula materias muy diversas sin necesaria relación entre sí.

Miguel Ángel Rodríguez Vázquez (U. Juárez de Durango) considera que los reformadores no han observado la correcta Técnica Constitucional. Considera que dicha Técnica incide en el contenido de las reformas.

Existen reformas que, al ignorar la técnica adecuada, provocan errores y defectos en los textos. En otros casos, no se ignora el método pertinente, pero por presión de tiempos se decide ignorarla, con graves efectos. Por último, en otros premeditadamente se rompe con la técnica debida, a veces incluso como ocultamiento o engaño.

Estima el exponente que pueden existir reformas constitucionales inconstitucionales (no tuvo tiempo el ponente para profundizar en este punto)

Sergio Morán Navarro (U. Nayarit) necesidad de esquematizar el contenido de los Derechos Humanos, esto permitiría valorar cada uno y ver si se cumplen con lo que se esperaría del Constituyente en cuanto a su contenido.

Mesa IV.- Comunicaciones (Preside Georgina González)

Isaac de Paz González (U.A. Baja California) el constitucionalismo moderno tiene como clave la rematerialización de las constituciones. Debe admitirse que la mayor densidad normativa no garantiza mejor gobernanza.

Varias de las reformas tienen carácter orgánico, dividen el poder creando micro-poderes. También, con la mayor densidad normativa, se aumentan los casos que deben conocer las altas cortes, con lo positivo y negativo que esto tiene.

En México aún no tenemos ejercicios en el ámbito federal de consultas populares.

Cyntia Raquel Rudas Murga (Universidad Nacional de Cajamarca) no se ha globalizado la defensa de los Derechos Humanos. Estamos en presencia de una desconstitucionalización, porque las reformas y mutaciones, con el falso fin de defender los citados Derechos, en realidad provoca una artificial defensa de los mismos.

En ocasiones la propia Corte Interamericana no protege los Derechos Humanos. Obliga a algunos estados y a otros no.

Debe haber una apertura de la Constitución a todos las personas, no sólo a los jueces y abogados. Las escuelas y facultades no crean espíritus críticos.

Los Derechos Humanos tienen que abordarse y legislarse desde la multiculturalidad y la equidad de género.

Sara Berenice Orta Flores (UASLP) las reformas en materia de acciones de inconstitucionalidad han versado sobre los legitimados para su ejercicio. Este proceso permite al juez realizar un control democrático de las leyes.

De un análisis empírico, se desprende que en 181 acciones se impugnaron violaciones al procedimiento legislativo, un 26.7% de total de acciones. De estas violaciones, encontramos casos donde se esgrime la violación al derecho de participación de los legisladores, en otros temas relativos a las mayorías, o respecto a la publicidad del trabajo legislativo. Algunas tienen que ver con cuestiones diversas (atribuibles al Ejecutivo, errores ortográficos, etc.)

Cada que los actores controvertían violaciones al procedimiento legislativo, se encuentra que en un 19% el agravio no fue analizado, tanto por que se sobreseyó el fondo, como por razones diversas, como por ejemplo, porque la mayoría legislativa ya había subsanado la falta, lo que estima la expositora contraria al Estado de Derecho.


Considera que algunos de estos problemas se podrían resolver con el reenvío al legislador.

miércoles, 3 de febrero de 2016

VII Congreso Nacional de Derecho Constituiconal. Primera jornada. 3 de febrero de 2016

Tema central: La dinámica del cambio constitucional en  México

Evento coorganizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Apuntes personales, tomados al momento de la presentación de las exposiciones.

Conferencia inaugural: Diego Valadés Ríos.

El abogado ejerce una función pública, como intermediario entre la judicatura y el justiciable, por lo que se le debe exigir formación profesional adecuada y desempeño ético; al día de hoy se calcula que al menos existen 1,600 escuelas o facultades de Derecho, sin que se tenga plena certeza del número. Y nos encontramos en que ni se regula correctamente la formación ni el desempeño de los abogados.

Respecto de la reforma constitucional en materia penal, que previó una vacatio legis de 8 años, nos encontramos con que las actividades necesarias para su adecuada implementación no se han realizado, a pesar de los constantes señalamientos desde la academia y los medios de información. Esto ha pasado por que tenemos tal déficit institucional en el país, que dependemos ahora de situaciones aleatorias, como sucede ahora con mucho de lo cotidiano. Así, tenemos una decadencia, degradación de nuestro sistema constitucional.

Parece que continuamos con la idea de que, por que algo se establezca en la legislación, sucede en la realidad. Esto, por las constantes reformas constitucionales, producto de una especie de espejismo, algo de engaño o distracción; es una manifestación de la crisis en que nos encontramos.

La explicación de lo que nos sucede se encuentra en que durante su existencia, la Constitución obedeció a diversos objetivos, nos ha faltado estudiar las motivaciones de la misma, que van cambiando y orientan tanto la modificación como la interpretación del texto. Estas motivaciones comenzaron a variar a partir de la construcción de un partido hegemónico, que por otra parte fue necesario para la consecución de los logros planteados por la propia norma máxima.

La construcción de un sistema presidencial sin reelección y con partido hegemónico, provocó que las motivaciones de la Constitución pasaran a ser las del partido y el presidente en turno, estos últimos buscaban perpetuar su presencia al plasmar en la máxima norma su plan de gobierno, llenándola así de elementos políticos (discurso), no normativos.

Por su parte, la globalización y el TLCAN vuelven a cambiar la motivación constitucional, que ahora atiende a los intereses económicos, no sólo los sociales o de la oligarquía política.

También se dio otro proceso, que implicó el surgimiento del pluralismo político, que cambiaron también las motivaciones constitucionales en cuanto se orientaron a la transición política, permitió un acuerdo entre las fuerzas políticas para que ésta se diera; el costo radicó en que todas las fuerzas políticas quisieran plasmar en la máxima norma sus proyectos políticos, convirtiendo a la Constitución en una especie de pacto de adhesión mediante el establecimiento de minucias, de temas que no deberían encontrarse en dicho texto; esto a fin de reforzar los acuerdos políticos y evitar que quedaran sujetos a mayorías simples.

Frase: “Nada en las soluciones políticas tienen sólo ventajas”

Tema 1.- La teoría y la práctica de la reforma constitucional. Mesa I.- Teoría y cambio constitucional en México (Coords. José Ma. Serna de la Garza e Isidro de los Santos Olivo)

Serna de la Garza: al día de hoy nuestra Constitución ha tenido más de 620 reformas constitucionales. El texto ha perdido sistematicidad, se le han adscrito normas de contenido secundario, su lectura y entendimiento se han complicado.

En una dimensión descriptiva, ¿qué dinámica de cambio ha tenido la Constitución? Menciona el expositor que en el mundo actual no es extraño tener tasas elevadas de ajustes a las máximas normas, si bien países como México o Brasil se encuentran por arriba de la media. También, que la crítica a las reformas en México han atendido al número, pero no al contenido, efectos y deliberación que las originaron. Otra pregunta es ¿por qué se ha dado esa dinámica? ¿hay algo interno en la Constitución, por ejemplo en su procedimiento de reforma, que induzca a dicha dinámica? Los presupuestos del procedimiento son: la soberanía nacional, el perfeccionamiento de las instituciones, la eficacia de la deliberación política, distinción entre norma constitucional y legal, por último, la participación de las entidades en la reforma. La hipótesis es que varios de esos presupuestos no se cumplen en realidad.

Otros posibles fenómenos son: desde la Ciencia Política se descubre que mientras más antiguas o extensas son las constituciones, más se reforman.

Por su parte, la naturaleza del sistema, así como de la cultura política, también generan dicha dinámica. Existe una “cultura de la reforma” que impulsa los cambios con independencia de los méritos de la misma.

Esta dinámica, ¿ha tenido aspectos positivos? Si, en cuanto a: adaptabilidad, inclusión de nuevos actores, que contribuyen a la gobernabilidad. Aspectos negativos también se presentan, tales como trastocar las funciones jurídicas como las políticas de la Constitución (argumentos que sirvieron para poner al día y ajustar técnicamente la Constitución Suiza en 1999)

En lo normativo, ¿debemos alterar la dinámica de cambio? Si la respuesta es sí, ¿qué opciones se presentan? Existen tres: modificar el procedimiento de reforma estableciendo el referéndum; reordenar el texto, o expedir una nueva norma.

De los Santos Olivo: ¿Quién tiene derecho a hacer una nueva Constitución? El texto actual ha crecido por referencia al texto original, que tenía en principio aproximadamente 22,000 palabras, al día de hoy llega casi a 60,000. ¿Cómo se confecciona una norma suprema? Dos son las vías para adaptarlas al cambio: una, por la interpretación jurisdiccional; otra, merced a la reforma del texto. En México hemos optado principalmente por la segunda.

La materia constitucional se define en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y atienden a los derechos así como a la estructura de los poderes; así, técnicamente una constitución debe ser técnica y corta en extensión.

Un constituyente ha surgido, históricamente, producto de un gran cambio político, de un proceso de independencia, o cuando en un estado las instituciones políticas no son suficientes para atender los reclamos sociales (ejemplo una  guerra civil)

Plantea el expositor, ¿es posible por medio del Poder Reformador hacer ajustes al núcleo básico de la Constitución?

Pilar Hernández Martínez (IIJ) a partir de 1992 se da un cambio en el análisis del constitucionalismo en México, al romper un análisis esencialmente histórico y nacionalista. Una constitución no es unidimensional, debe generar una visión racional, estabilizadora y limitadora del poder.

Frase: “La mejor reforma constitucional es aquella que es políticamente necesaria”.

La designación del constituyente para la Ciudad de México es espurio por su origen.

Raúl Ávila Ortiz (IDEA) se referirá a lo sucedido en los últimos 25 años. En relación con las fuentes del cambio constitucional, entendida no sólo como ajuste del texto formal , sino también en cuanto a interpretación. En este periodo, las múltiples y complejas interpretaciones judiciales hacen difícil la construcción de un texto alterno. Por su parte, sigue sin incluirse el referéndum constitucional.

En cuanto a contenidos, debe reconocerse que la Constitución se ha abierto a los tratados internacionales. Respecto legitimidad y eficacia, nos falta ahondar en las consecuencias de las reformas, para lo que se requiere un diálogo multidisciplinario y estudios empíricos.

Entre las investigaciones multidisciplinarias, faltan las realizadas a largo plazo. También la investigación empírica debe regionalizarse, por ejemplo, para verificar la eficacia de las constituciones locales (citó el caso de Querétaro y su corta extensión)

Se carece de una cultura de la previsión y evaluación de los costos de las instituciones, de lo que puede servirnos los instrumentos del análisis económico del derecho.

Manlio Fabio Casarín León (Universidad Veracruzana) el cambio constitucional debe pensarse en términos estructurales. En cuanto a implicaciones teóricas, hay que partir de la base de que la Teoría de la Constitución debe hacerse en clave democrática, reconociendo el pluralismo político y como un producto pactado.

Francisco Tortolero Cervantes (IIJ) los estados deben continuar con la función de laboratorio del cambio constitucional. Señala la inutilidad del “gobierno de coalición” que se estableció en la reforma político-constitucional de 2014.

Opina el expositor que el diseño aprobado concentra más el poder en el Ejecutivo, no se estableció por ejemplo el “voto de confianza” del Congreso hacia aquel. El elemento de negociación es la permanencia del gabinete o la disolución del parlamento, aquí, la disolución del gobierno de coalición queda a favor de las élites partidarias que en el Senado se puedan aliar al partido del titular del Ejecutivo.

El abuso en el empleo de gobiernos de coalición, analizados desde la tradición del parlamentarismo. En Europa se observa una mayor sujeción del parlamento al ejecutivo, en México parece ser que se busca lo contrario con la figura de gobiernos de coalición. En nuestro caso, en el convenio de esta colación, bien podría pactarse la transmisión de poderes del Senado al Ejecutivo.

No se diseñó el modelo considerando una efectiva responsabilidad política de los gobernantes.

Francisca Pou Giménez (ITAM) en México hay un patrón de cambio de hiperreformismo, para analizar sus efectos hay que atender a:

- Eficacia jurídica. La constitución sea capaz de prestar orientación sobre las reglas de conocimiento, cambio y adjudicación (no lo expresó la ponente, pero es la categorización de Hart)

- Eficacia política. Capacidad de la constitución para ordenar la conversación política en democracia. 

Lo que se decidió desde el pasado, lo que se decidirá hoy y lo que debe dejarse para decidir en mañana. Puntos de equilibro entre lo decidible y lo indecidible, en términos de Ferrajoli.

Una constitución eficaz debe atender a los dos conceptos anteriores. Los patrones de cambio tienen que ver con cómo una norma determinada despliega ambas eficacias. Sostiene que tanto por la frecuencia del cambio como por el contenido del texto resultante –complejo y largo- parece no tener un buen aspecto desde la perspectiva de la eficacia.

Ineficacias jurídicas. Es difícil encontrar en el texto constitucional mexicano auténticas “razones para la acción”, por la complejidad del mismo y los mensajes que contiene. Dificulta su construcción judicial, partiendo de la idea de construir la “unidad de la constitución”,

Ineficacias políticas. Todo se discute, no se asumen los temas ya decididos desde el pasado. Se dificulta realizar labores de pedir cuentas por parte de los ciudadanos, por la complejidad de la Constitución. Por último, el texto actual empodera de más a los jueces, y da pocas herramientas para debatir con la judicatura.

El hiperreformismo actual se vincula con los problemas de nuestro Estado de Derecho.

Las concepciones teóricas sobre la Constitución tienen tendencias, de las que se debe estar consciente. Por ejemplo, algunos análisis tienen el sesgo de tomar como referencia el análisis de la Constitución americana.

Mesa II.- El procedimiento de la reforma constitucional: examen crítico (Presidente de la Mesa Daniel Montero Zendejas)

Montero Zendejas. El análisis crítico se sorprende al observar que el cúmulo de reformas han distorsionado el sentido original de la Constitución. Es necesario regresar y analizar el texto original y su discusión, así como la historia constitucional mexicana.

Sergio López Ayllón (CIDE) La hipótesis del alto número de reformas constitucionales en México es que se debía al control de un solo partido. Sin embargo, la realidad nos demuestra que no ha sido así, la pluralidad democrática ha generado más reformas. ¿Por qué sucedió esto?

Gabriel Negretto propone que hay acontecimientos que generan el cambio, situaciones tales como transformaciones políticas o crisis institucionales. Así, las mutaciones surgen o del desempeño de la constitución como instrumento efectivo y legítimo de gobierno, o por intereses estratégicos de los reformadores.

En México, a partir de 1978 las reformas en buena parte, se explican por los intereses estratégicos de quienes las realizan. Sostiene el exponente que de hecho tenemos una nueva Constitución, como efecto acumulado de las reformas que se explican por distintas racionalidades, de las que se desprenden: 

·        -Nuevo concepto de los derechos fundamentales.
·        - Modificaciones centrales en la división de poderes.
·         -Mecanismos de creación normativo (leyes generales o nacionales del Congreso de la Unión)

Andrea Pozas Loyo (IIJ) hay varias perspectivas críticas para analizar las reformas. Una primera es meramente jurídica; la segunda atiende a estimaciones de facto, por ejemplo, cómo el sistema de partidos afectan el cambio constitucional.

A las dos perspectivas se puede sumar una desde el derecho comparado, que permite incorporar criterios normativos exógenos, así como el conocimiento adquirido en las experiencias internacionales.

Plantea que la incorporación del referéndum constitucional obligatorio, atendiendo al excesivo contenido reglamentario de la Constitución actual, no sería recomendable; en tal caso, tal vez integrarlo por referencia a cierto tipo de reformas específicamente acotado.

Alejandro Wong Meraz (Universidad Autónoma del Estado de México) su tema es los derechos sociales como límite a la reforma constitucional. Parte de afirmar la naturaleza política del poder constituyente, y por tanto su producto no requiere ser legal, sino legítima. Los poderes  constituidos sí son legales, y por tanto limitados.

La reforma constitucional es producto de un poder constituido, porque su fundamento es la propia constitución. Hay límites formales de la reforma: por ejemplo, no puede aplicarse la reforma a la propia reforma; también límites materiales relacionados con la propia idea de constitución (artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano) así los derechos fundamentales no pueden reducirse en una reforma, aunque desde luego es procedente su aumento.

Hugo Concha Cantú (IIJ) se centra en los alcances y efectos de la disfuncionalidad de la reforma constitucional en nuestro país. Hay una tensión entre la permanencia y el  cambio del texto, así como discusiones en cuanto al alcance de cualquier cambio, el grado de dificultad del procedimiento y la periodicidad de los ajustes.

Partiendo de Karl Loewenstein, a partir del procedimiento de reforma se puede entender el tipo de régimen político.

Una reforma debe cumplir tres funciones, siguiendo a Pedro de Vega: cambio, esto es, adaptabilidad del texto a la sociedad, considerando que el ajuste debe ser excepcional y trascendente, para que la norma siga regulando la realidad; continuidad del régimen jurídico, equilibrando los cambios de ciertos temas y la permanencia de los demás, esto es, el funcionamiento de los poderes constituidos; y constituirse como una garantía de la propia constitución, separarla de la propia ley ordinaria, de manera que se mantenga la supremacía de la primera.

Analizando el caso mexicano, algunos cambios han hecho de lado la representación social, como pasó con las llamadas “reformas estructurales”, que son producto de la negociación de las principales fuerzas políticas, los partidos hacen actuar a los legisladores a favor de forma vertical. Sin embargo, ese mecanismo no es el diseñado para la reforma, porque excluye la función real de la representación.

Reformas como la centralización de lo electoral atenta contra el federalismo, y si bien supuestamente se elimina el control de los gobernadores, se aumenta el del INE. Otra manifestación es el aumento de las leyes generales, que le quita la distribución de competencias a la Constitución y las deja en manos del Legislativo, que las crea bajo el procedimiento legislativo ordinario.

Las funciones de la reforma constitucional están alteradas en varios motivos. Por un lado, existe un presidencialismo reforzado que si bien mantiene un discurso democrático, fomenta la centralización; por otro, se sustituye la representatividad por la negociación en las cúpulas; por último, se tiene una gran confusión en las reformas, que producen un texto complejo.

Hay que devolver la rigidez al procedimiento de reforma constitucional. Una opción sin duda es el referéndum.

Marina del Pilar Olmeda García (Universidad Autónoma de Baja California) ¿Qué ha pasado con el texto constitucional mexicano? Puede afirmarse que las reformas datan desde 1921, que han dado 227 decretos de reforma; centrándose las modificaciones en numerales concretos como 73 y 123. El 80% de los artículos originales se han modificado.

Hay tres posturas: seguir modificando el texto  cuando sea necesario; realizar un ajuste de largo aliento; o sustituirlo.

Mesa III.- La reforma de las constituciones locales en el marco del sistema federal mexicano (Presidente de la mesa Giovanni Figueroa Mejía)

Gonzalo Armienta Hernández (Universidad Autónoma de Sinaloa) afirma que en la mayoría de las entidades no hay control constitucional, tampoco “amparo local”. Debe incorporarse en las cartas locales el tema del medio ambiente sano como derecho, y precisarlo a partir de las situaciones concretas de cada entidad.

Otro tema pendiente en diversas constituciones estatales son pueblos indígenas, paridad de género, e interés superior del menor.

La omisión legislativa es el mecanismo para obligar a las legislaturas locales a regular los temas que, debiendo encontrarse en las constituciones estatales, no se han establecido.

Irina Cervantes Bravo (Universidad Autónoma de Nayarit) la recepción en las cartas locales de las reformas a la Constitución nacional no debe ser mediante imposición, sino por coordinación.  En algunos casos, por ejemplo, no se desarrolló oportunamente la reforma político-electoral en el ámbito local, lo que ha obligado a la aplicación directa de la Constitución –refirió el caso de Nayarit y la falta de adecuación de la norma estatal a los límites de sobre y sub representación-.

En el cambio del modelo de nombramiento de las autoridades electorales locales, se olvidó establecer las bases necesarias para la autonomía presupuestal. De igual forma, estimó que existen redundancias en las autoridades comiciales federales y locales, sobre todo considerando las actividades en periodo no electoral. En cuanto a la justicia electoral, fortalecer el ámbito local, estableciendo un sistema tasado en virtud del cual sólo en ciertos casos sea posible llegar al TEPJF.

Enrique Uribe Arzate (Universidad Autónoma del Estado de México)  en cuanto a su reforma, las constituciones locales suelen repetir lo previsto por la Constitución nacional. Recomienda el expositor establecer límites claros a la reforma de la misma, y que la reforma de los aspectos fundamentales de la misma, se sujeten a referéndum.

Plantea diversas bases para una revisión tanto de la carta nacional como de las estatales. Debe buscarse que la Constitución permita el combate a la pobreza, pluralidad cultural, desarrollo y bienestar

Marcial Rodríguez Saldaña (Universidad Autónoma de Guerrero) la carta local que más tiempo tardó en adecuarse a la Constitución nacional fue la de Morelos, en 2014. Algunas tienen una estructura parecida al modelo original americano, otras incorporan al aspecto estructural la parte dogmática.

El constitucionalismo local ha aportado al constitucionalismo nacional diversos elementos. Algunos temas, como la participación ciudadana, se abordaron en lo estatal antes que en la máxima norma. Recientemente, en la reforma constitucional en Guerrero, se incorporó los derechos de los afro-mexicanos, así como el reconocimiento a las policías comunitarias.

Rafael Sánchez Vázquez (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) afirma que en su ponencia estudia el tema relativo a la aplicación de la reforma constitucional-penal en las entidades.

Mesa IV.- Comunicaciones (Preside Flor de María Rosillo)

Magdalena Díaz Beltrán (Universidad Autónoma de Baja California) borda su ponencia sobre la inclusión de la palabra “presentes” en el procedimiento de reforma previsto en el artículo 135 de la Constitución nacional. Si se quitara dicha palabra, que es la propuesta de la comunicación, se obligaría a que votaran todos los miembros del Congreso de la Unión, de otra forma, se flexibiliza en la práctica el mecanismo de reforma.

Carlos Sergio Quiñones Tinoco (Universidad Juárez de Durango) asume la autonomía del ámbito local. Los poderes de las entidades no son residuales, sino originarias, al no haberse delegado a favor de la Federación.

El poder reformador, al ser poder constituido, no pueden ir en contra de, entre otros, los elementos orgánicos de la Constitución, ni respecto los derechos fundamentales. La reforma político-electoral de 2013, plantea problemas concretos en cuanto a lo anterior, particularmente respecto de las facultades del INE respecto del ámbito electoral local; y del Senado en relación al nombramiento de los magistrados electorales locales.

Respecto de los nombramientos de los titulares de los órganos electorales locales por parte del INE, a partir del modelo federal que, para Carpizo, en México se basó en la teoría de la cosoberanía, afirma el expositor que se afecta la soberanía/autonomía de las entidades. Esta lesión también se da respecto de las facultades de atracción del INE, al no encontrarse el supuesto de una facultad concurrente. La facultad de autogobierno de las entidades también se lesiona con el nombramiento por el Senado de los magistrados electorales locales.

Por tanto, la reforma político-electoral afecta la cláusula federativa de la Constitución nacional, que debe considerarse como un caso de intangibilidad (cláusula pétrea)

Andrés Salomón Rodríguez (Universidad Veracruzana, Magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz) la realización de un constituyente presenta varios problemas: costo, agitación social, falta de regulación legal para su convocatoria, coexistencia con los poderes constituidos, etc.

Sin embargo, la reforma integral no requiere dicho constituyente, bastando el Poder Constituyente Revisor, complementado con el sometimiento a referéndum del cuerpo normativo resultante. En particular, en las entidades se han realizado reformas integrales sin convocar a congresos constituyentes. Se debe dar vida, respetar y defender las instituciones locales ante los embates centralistas.

David Gerardo Enríquez Díaz (Congreso del Estado de Durango) las entidades empiezan a participar en la reforma constitucional a partir de 1857, cuando frente a la propuesta de que se sometan a referéndum, se decide incorporar a las legislaturas en dichos procesos de modificación. Esto permite, hipotéticamente, que las propias entidades se defiendan cuando vean disminuidas sus facultades.

No se precisa en la máxima norma ni las mayorías requeridas en las legislaturas locales para la reforma constitucional, ni el tiempo para realizarlas, ni si pueden o no formular observaciones o sugerencias.

Existen algunas propuestas de reformas para que los congresos locales participen en la discusión de las propuestas de reforma a la Constitución nacional, esto mediante la remisión a los mismos de las iniciativas en cuanto se presenten; si bien un problema práctico sería el número alto de iniciativas que en tal reforma se presentan cada año.


El autor de la comunicación propone se expida una ley reglamentaria del artículo 135 constitucional.