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viernes, 23 de febrero de 2018

Miscelánea jurídica XLVI


Maquiavelo. Una guía contemporánea de lectura sobre lo político y el Estado.
Coordinado por Israel Covarrubias

(Palabras pronunciadas en la presentación del libro el día 23 de febrero de 2017 en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro)

Reconozco que me emocionó la invitación del Dr. Covarrubias para presentar el libro que hoy nos convoca. En primer lugar, por el prestigio bien ganado de que goza el Profesor; en segundo término, porque dirige la revista “Metapolítica”, que compro de forma más constante que intermitente desde su lejano número cuatro, hace ya veinte años pasados.

Presentar un libro implica dar razones para leer el texto. No pretenderé entonces proponer la lectura de Maquiavelo, lo que es uno de los efectos de la obra que comento, sino exponer por qué es interesantes y necesaria la lectura de su libro para quienes nos preocupamos de la cosa pública.

De las dos partes en que se divide “Maquiavelo. Una guía contemporánea de lectura sobre lo político y el Estado” quiero centrarme en la segunda, denominada Excursiones en la historia. Estudios de contexto. Lo haré así en tanto antiguo profesor de Teoría del Estado y Teoría Constitucional, dejando para los que mejor conocen la Ciencia Política la primera parte del libro.

Advierto desde luego un elemento importante. El esfuerzo por entender a Maquiavelo en el contexto de su limitada existencia permite comprender las razones que le llevaron a escribir su obra. Como bien se detalla en el libro coordinado por el Dr. Israel, el florentino es un perfecto hijo de su tiempo. Y lo es por dos razones expresadas con claridad en el texto,  que aqui solo bosquejaré.

Primera, porque nacido en la explosión renacentista, que  vivífica y no salvífica, recibe una educación basada en los clásicos, en el estudio de una Roma antigua que toma no sólo como una época gloriosa,  sino como un objetivo a conseguir en cuanto a la unidad italiana, y el prestigio de lo que ya comienza a llamarse “Estado”. Esta recuperación de la antigüedad clásica no como objeto de museo sino como ideal (tal vez en el sentido platónico) la comparte Maquiavelo con los artistas de su tiempo, siendo común la base cultural de la que todos estos ingenios parten.

Segunda, Maquiavelo está vinculado al poder, no como especulación sino como realidad, es partícipe constante de la vida pública florentina, como funcionario de alto nivel en un momento de intranquilidad política y pérdida de referentes. Así, no es un pensador que haya visto pasar la revolución por su ventana, sino que iba en la primera fila del acontecer público, disfrutando y padeciendo los avatares de ser un “hombre de estado”.

Aquí quiero hacer un contrapunto (técnica musical propia del renacimiento) entre la aproximación al arte de la política y al arte de la música, tomando a dos de sus grandes intérpretes: Maquiavelo, tal como lo presenta el libro que hoy comentamos, y Glenn Gould, el genial pianista canadiense. Por favor, no se crea que esto que hago es nuevo, las relaciones entre la música y la interpretación jurídica son cercanas y ya las ha apuntado con éxito Eros Grau.

Maquiavleo es un autor que reflexiona sobre su práctica a partir de un bagaje cultural determinado. Es un hacedor más que un cuestionador, como se explica en el texto de Covarrubias. Vive inmerso en las luchas de poder y  militares, con el objetivo de ser exitoso en ambas, sí en beneficio de Florencia, pero también en provecho propio. Es un político en el sentido de que pone sus conocimientos y habilidades al servicio de la causa pública, de la que espera ser actor decisivo también. Porque sirve a un fin terrenal su aproximación “amoral” al fenómeno de gobierno lo lleva a negar la preminencia de los asuntos divinos sobre los propios del Estado. Pero como escritor tiene la capacidad de poner en papel sus reflexiones, de si bien no crear un sistema, sí plasmarlas para poder transmitir su pensamiento más allá que con el ejemplo, siempre pobre y limitado.

Así, el florentino es el ejemplo de quien no requiere retirarse del siglo para pensar sobre él. No es sólo mente, es también emoción. Justo como la política.

Gould no es menos genio que Maquiavelo, pero ejemplifica el otro tipo de pensador. Pianista fuera de serie que sorprende con una habilidad que solo supera su concepción personalísima de cada obra, se retira precozmente de los conciertos para encerrarse en el estudio de grabación, donde  controla todas las variables, y la técnica audiovisual le permite alejarse del público para trabajar; define a la disciplina como el excluirse de la sociedad para ser capaz de crear mediante el intelecto.

Su retiro de los reflectores no sólo se motiva por la incomodidad de la vida errante, también lo provoca su rechazo moral a las repeticiones, envidias y pequeños pleitos de reyezuelos que son parte inescindible de la actividad concertística.

Es el hombre que debe retirarse del siglo para pensar sobre él.

El contrapunto es aleccionador. Maquiavelo no concibe su vida fuera de la agitación constante, la mudanza, la lucha por un objetivo humano que es el poder, ya sea que lo interpretemos por mera vanidad, para la gloria de Italia o por revivir los fastos de la república romana. Sabe que lo político es movible y poco firme; pero para escribir sobre él necesita estar en él, y por eso la motivación de “El Príncipe” es congraciarse para volver a los puestos de decisión. Su espíritu no está tranquilo en el retiro, sino en la lucha diaria.

Gould, previo a grabar una pieza, la imagina de forma novedosa y única, pero para lograrlo no puede estar en contacto con la sociedad. Necesita la privacidad, la media luz que confunde y no permite el contacto. El control absoluto del entorno no como fantasía de poder, sino como medio indispensable para obtener la tranquilidad del espíritu.

Al presentarlos así, el florentino que se lee en las bien escritas e incluso emocionantes páginas del libro que hoy presentamos, es el ejemplo del intelectual que reflexiona sobre la vida que conoce y en la que participa; mientras Gould es el paradigma de quien requiere el retiro para conseguir el pensamiento creativo. Vamos a imaginarlos en cubículos: Maquiavelo inmediatamente saldría a los pasillos para hacer política académica o sindical, mientras el pianista canadiense buscaría insonorizar su espacio.

Tal vez, y solo tal vez, ambos tipos de intelectual existen en México.

Es muy coincidente con el sentido del libro que Covarrubias haya puesto como portada un grabado mandado hacer para tal fin. Como ya apunté, el Maquiavelo histórico no puede desprenderse del entorno en que vivió, revolucionario no sólo en el pensamiento sino también en el arte. En buena medida dicha portada  da cuenta del libro: un personaje único que no es producto de un azar (algo que no se llama azar, escribió Borges en el “Poema de los Dones”) sino decantación precisa y exacta de su momento y lugar.

Pero además de este Maquiavelo histórico están los maquiavelos interpretados. Esas visiones, que también se explican en el libro que comento, en las que a veces se ve al florentino como un realista, en otras como enemigo de la moral cristiana, o simplemente se le aprecia simple convenenciero político que a veces es republicano y otras no.

El pensador no puede defenderse de esas interpretaciones. El texto, una vez escrito, deja de ser propiedad de quien lo redactó y se vuelve una referencia para que el lector encuentre en él no sólo el pensamiento estático de alguien tal vez ya muerto, sino provocaciones para que lo dote de  significados a partir de su propia experiencia, de su mundo interior.

Así el contexto que nos brinda la segunda parte de esta “Guía contemporánea de lectura sobre lo político y el Estado” permite acercarnos al escritor y su pensamiento, pero no a los efectos de su obra, ni a los maquiavelos personales de todos quienes lo hayan leído. En buena medida hay una aproximación a tales temas en la primera parte, que analiza el léxico político y sus implicaciones, y que como ya dije, omito reseñar por reconocer en los otros presentadores mayores conocimientos para hacerlo con precisión.

Esos maquiavelos un poco espúrios que andan por el mundo, más que hijos de un autor muerto hace mucho, son producto de imaginaciones de diversas temperaturas. Así por ejemplo, el senador demócrata Joseph O´Mahoney sobre la propuesta de su correligionario y presidente Franklin Roosvelt para aumentar el número de ministros de la Corte y dominarla mediante el nombramiento de fieles acólitos, lo critica afirmando. “Todo esto huele a Maquiavelo, y Maquiavelo apesta”.

Ejemplifica esta frase varios aspectos de esos maquiavelos parciales. La presencia que tiene como referente en los políticos prácticos, con una intensidad que no tiene ningún otro pensador; la lectura de su obra como un texto no amoral, sino contrario a cualquier moral que no sea la del uso descarnado del poder para beneficio personal; y la razón del estado como mero apetito del gobernante.

Debo decir que el libro que presentamos tiene como motivo el primer aspecto que he apuntado: Maquiavelo como una presencia ejemplar, como modelo; mientras que desarticula las otras dos afirmaciones eficazmente. Ahora bien, cada quien puede seguir teniendo su lectura personal de la obra, pero el repasar la obra coordinada por Covarrubias permitirá entenderla mejor, y apreciar que lo que apesta no es el pensador, sino algunos de sus autoafirmados seguidores.

Quevedo, artista y político, escribió esta cuarteta: “Retirado en la paz de estos desiertos/con pocos pero doctos libros juntos/vivo en conversación con los difuntos/y escucho con mis ojos a los muertos” Maquiavelo, escritor y político, redactó sus obras en el desierto de un retiro forzado, comparando la Roma republicana con la Italia dividida que tenía ante sus ojos, pero nunca renunció a la pulsión vital que lo animaba: la política, que para él no era oficio, era profesión.

Muchas gracias.






jueves, 15 de febrero de 2018

¿Nueva constitución? Otro capítulo de un debate permanente

Nota: Este trabajo fue publicado en el libro "La Constitución de 1917 y Querétaro como capítal de la República", por el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, en 2013.
Sumario: I.- Introducción; II.- Reconstrucción de los argumentos; III.- Las posturas sobre el derecho y la Constitución; IV.- Conclusiones; Bibliografía y páginas de Internet.

Por: Luis Octavio Vado Grajales

I.- Introducción.

En la intensa relación entre derecho y política, existen temas cíclicos; por momentos parecen relegados o superados, pero retornan a la palestra cuando alguien los invoca. Asuntos como la reelección legislativa o la revocación de mandato, de tiempo en tiempo originan discusiones, análisis, libros, seminarios y amenas charlas de café.

Destaca entre tales temas el de la viabilidad de nuestra Constitución nacional y la posibilidad, o incluso necesidad, de sustituirla. No es un tema nuevo, y muy diversas razones se han dado a lo largo de los años, para afirmar la necesidad de sustitución o la pertinencia de su mantenimiento.

En años recientes, ya Jorge Carpizo, y Santiago Nieto, han hecho una revisión de las posturas a favor o en contra de una nueva Constitución; Miguel Carbonell también ha reflexionado sobre la utilidad de nuestra Constitución vigente. De hecho, los dos últimos autores coinciden en que, al momento de la redacción de sus trabajos, no se presentaban las circunstancias adecuadas para pensar en una nueva constitución.

Participando en esta discusión permanentemente inacabada, los objetivos de este texto son aportar el análisis de una de las últimas propuestas de sustitución de nuestra norma suprema, la que realizó mediante convocatoria por Internet el colectivo Más de 131, en una actividad que denomino Sentimientos de la Nación; así como ofrecer un modelo de análisis para otras propuestas de modificación o expedición de una nueva Carta Magna.

He decidido tomar como objeto de análisis dicho llamado, porque constituye el primer tema que plantea dicho grupo una vez que la elección presidencial de 2012 ha sido calificada; me parece que representa la vigencia coyuntural de las discusiones sobre la vigencia de nuestra Constitución, y además, permite realizar un análisis a partir de las visiones del derecho que los participantes en el video han expresado.

Para tales efectos, realizaré un resumen de los argumentos que expresan los promoventes, para después identificar los presupuestos, necesariamente tópicos, de los que parten.
La intención de este trabajo no es, entonces, realizar un análisis de las propuestas, sino de las visiones sobre la Constitución que se expresan en el video de referencia. El sentido, por tanto, no es tanto realizar una crítica, como explicar la matriz ideológica o epistemológica de los planteamientos sin realizar una valoración ética de los mismos.

II.- Reconstrucción de los argumentos.

Una Constitución escrita de todos los mexicanos para todos los mexicanos
Participante en el video.

A fin de poder establecer un diálogo con los planteamientos que se establecen en el video en estudio, reconstruiré en forma de silogismo sorites o en cascada la argumentación que contiene, en una división bipartita. En primer lugar, el diagnóstico; en segundo, la concepción de Constitución.

Diagnóstico:
PA1 Violación de los derechos humanos más básicos, mal diseño de las leyes electorales, un sistema jurídico que no beneficia a las personas.
PA2 La Constitución legitima las instituciones políticas actuales.
PA3 La Constitución ha sido reformada más de quinientas veces durante setenta años, por el partido que regresa al Ejecutivo Federal, con el objetivo de mantenerse en el poder.
PA4 Nuestras leyes tienen más de cien años.
PA5 Nuestras leyes son obsoletas e incomprensibles
PA6 No hay mecanismos que permitan a la sociedad incidir en la toma de decisiones políticas de manera efectiva
CONCLUSIÓN A Por tanto, la identidad del país está perdida, y existe un desgaste que impide el acercamiento de la práctica política con la comunidad, desgaste y alejamiento que encuentran su asidero en la Constitución actual.

Concepción de la Constitución. 
PB1 La política no es un asunto exclusivo de los políticos.
PB2 Las leyes no son un asunto exclusivo de los abogados.
PB3 No se trata de reformar, no se necesitan más parches.
PB4 La soberanía reside en el pueblo.
CONCLUSIÓN B Por tanto, es necesaria una nueva Constitución, construida por los ciudadanos, para hacer ciudadano el sistema jurídico.

Ahora bien, a fin de construir la justificación final de la propuesta, incorporemos en un solo silogismo las dos conclusiones anteriores:

PC1 La identidad del país está perdida, y existe un desgaste que impide el acercamiento de la práctica política con la comunidad, desgaste y alejamiento que encuentran su asidero en la Constitución actual.

PC2 Por tanto, es necesaria una nueva Constitución, construida por los ciudadanos, para hacer ciudadano el sistema jurídico.

CONCLUISIÓN C Convoquemos a los mexicanos para construir, desde abajo, un nuevo pacto social que cambie las estructuras.

La reconstrucción anterior pretende resumir el sustento de la convocatoria pública. Cada una de las premisas, desde luego, pueden ameritar un análisis, a fin de determinar su veracidad; sin embargo, la extensión de este ensayo me limita a exponerlas y analizar el substrato que sostiene la idea propia de la Constitución que se plantea y la postura epistemológica.

Aún considerando lo anterior,  ciertamente algunas de las premisas merecen un análisis prima facie, que realizaré considerando aquellas poco sostenibles.

En primer lugar, la afirmación acerca del número de reformas a la Constitución, es un argumento débil para sugerir su cambio. Esto, porque un criterio meramente numérico en cuanto al número de reformas no atiende o explica el por qué deba crearse una nueva Constitución. No es en todo caso el cúmulo de reformas, sino el contenido de las mismas, las que puede construir un argumento de deslegitimación del derecho. 

En la misma línea, también resulta cuestionable afirmar que nuestras leyes tienen más de cien años, como se señala en el video. Probablemente pueda reconstruirse dicho argumento, afirmando que lo que tiene casi cien años de vigencia es nuestra Constitución. Este argumento desde luego sería ser más atendible, dado que podría concluirse entonces que, por su antigüedad, se trata de una norma rebasada por la realidad social; sin embargo, si se afirma de tal manera, entonces resulta contradictoria con la aseveración anterior, en cuanto al número de reformas, en tanto parecería que se ha mantenido su actualización.

Ahora bien, considerar que las normas son incomprensibles, parece implicar la necesidad de leyes que cualquiera pueda entender; desde luego es necesario trabajar en un lenguaje ciudadano de todas las autoridades; sin embargo, estimar que las disposiciones jurídicas deban ser redactadas de tal forma que puedan ser entendidas por todas las personas, se enfrenta a varios problemas; tanto a la complejidad a que la teoría y la técnica jurídica (como cualquier disciplina) han llevado a la expresión del derecho; como a la determinación del concepto de cualquier ciudadano, esto es, la construcción de un ciudadano ideal capaz de entender la norma.

Sin embargo, debe reconocerse que el texto constitucional debe aspirar, por contradictorio que parezca, a una redacción técnicamente adecuada y políticamente entendible.

III.- Las posturas sobre el derecho y la Constitución.

Las distintas representaciones de la Constitución propician diversas consecuencias en el modo de comprender sus funciones
José Ramón Cossío Díaz.

En una sociedad democrática, la politización de los temas implica la apertura a la discusión pública, lo que es absolutamente necesario para la democracia, así sea en una visión exclusivamente procedimental.

Por tanto, debe reconocerse como saludable que un grupo de ciudadanos planteen abiertamente un debate sobre temas constitucionales; primero por que evidencia la existencia de una inconformidad que se expresa por cauces pacíficos y públicos; segundo, en tanto muestra la relevancia que la Constitución tiene.

En tal sentido, la labor a realizar aún antes de discutir el contenido de un hipotético nuevo articulado constitucional, es evidenciar la idea de Constitución que tienen aquellos que realizan este llamamiento.

De esto, debe admitirse que existen varias concepciones de lo que es o debe ser una Constitución. Diversas matrices epistemológicas y posturas políticas permiten concebir ideas distintas acerca de la norma suprema de una nación.

De tal manera, precisar el sustrato de la convocatoria a la redacción de una novel Carta Magna, implica contribuir a centrar de mejor manera la discusión, primero en el qué entendemos por Constitución antes del qué queremos cambiar.

No es objeto de este trabajo un recorrido sobre los diversos conceptos o visiones que sobre la máxima norma a lo largo del tiempo ha elaborado la teoría, sino explicitar aquellos que se relacionan de mejor manera con lo expresado por los proponentes de la nueva Constitución.

En primer lugar, el video parte de afirmar la existencia de un estado indeseable de cosas, de una pérdida de poder de decisión de los ciudadanos, y un alejamiento no sólo de los políticos, sino del sistema político y jurídico respecto de la realidad social. A continuación, se afirma que esta situación no se consigue meramente con un cambio de las personas en los puestos públicos, sino que es necesaria una nueva Constitución.

De esto debe destacarse la idea de la Constitución como fuente del sistema, y por tanto, como una norma relevante de contenido obligatorio para los operadores del mismo y de jerarquía superior respecto de otras normas.

Aquí encontramos una rica veta para el análisis. Concebir a la Constitución como norma tiene una serie de implicaciones; la primera es resaltar su carácter vinculativo, pues forma parte de un discurso que pretende ordenar el ejercicio del poder de manera no optativa; la segunda, que no se visualiza meramente como un deseo o como un conjunto de afirmaciones de aplicación política, y por tanto, sujetas a la coyuntura.

Por su parte, la obligatoriedad está circunscrita a los operadores de los sistemas político y jurídico (si es que no son la misma cosa). Estos operadores, al menos en el discurso del video, parecen ser solamente los gobernantes; sin embargo, lo son también los llamados factores reales del poder y los propios ciudadanos. Ahora bien, en tal sentido se hace evidente un sustrato de filosofía política en el sentido de que se gobierna para el pueblo. 

Y en tercer lugar, la afirmación de una jerarquía superior. Si la Constitución es una norma, hay que situarla en el entramado jurídico; si además es obligatoria para todos, entonces el único lugar posible para su encuadre es como la norma suprema.

Repito. Es claro que para los autores de la convocatoria a una nueva ley fundacional, ésta es absolutamente relevante, y al reunir las características de norma obligatoria de jerarquía superior, es justamente por su redacción que debe iniciar la refundación del Estado.

Aquí encontramos otra idea interesante. Si bien no se afirma, parece ser parte de los presupuestos del discurso, el que la transición política no ha llegado a su fin, dado que no dio origen a un nuevo entramado institucional que responda a las necesidades ciudadanas; esto forma parte desde luego del discurso justificativo de una nueva Constitución.

A lo anterior se suma la aseveración de que no se trata de un movimiento contra personas (aunque se hace una crítica directa a una fuerza política, sin mencionarla pero con suficientes elementos para su identificación). Por tanto, el problema claramente se ancla en lo estructural.

Esto nos remite a una discusión muy propia de la década de los noventa del siglo pasado: la transición política. No es lugar aquí para narrar los distintos postulados, ni los esfuerzos académicos e institucionales para explicarla, pero es interesante reseñar que al parecer revive este tema. Y se vincula de forma directa con una de las afirmaciones que algunos hicieron: es necesaria una nueva Constitución como un momento fundacional.

Entonces, a la carga jurídica de una nueva Constitución, se suma una carga emotiva positiva, en cuanto sirve como la auténtica clarinada de una nueva época, al abrir un nuevo ciclo o era constitucional.

Esta idea de un nuevo ciclo constitucional, es plenamente coincidente con el discurso de la propuesta, dado que, si se afirma la caducidad de la Constitución actual, su desapego de la realidad, su falta de efectividad para servir a la sociedad; entonces no sólo se proclama su inutilidad para regir a México, sino también su inoperancia para regir el proceso de cambio, por lo que no se convoca a su reforma sino a su sustitución; y por tanto no se plantea la discusión procedimental sobre tal tema, ya que sería ociosa en tal línea discursiva, y se sustituye simplemente por la convocatoria a los “ciudadanos libres”. 

Considero que de fondo se reivindica la importancia de la Constitución. Como se desprende de las afirmaciones reconstruidas en silogismo, los convocantes encuentran un estado de cosas que consideran inadecuado, en tanto el entramado jurídico es antiguo, ha fallado y separa a la ciudadanía de la real toma de decisiones; y esto podrá corregirse con una nueva norma suprema construida por los ciudadanos libres.

Es muy interesante ver que se asigna una función  a la máxima ley. No se le concibe simplemente como un texto escrito, o como un conjunto de normas con cualquier contenido. Se le estima como un instrumento fundamental para conseguir el cambio en una situación que se afirma insatisfactoria. Si la Constitución es una función, entonces debe evaluarse a partir del cumplimiento de la misma, si resulta deficiente como se afirma, entonces resulta congruente plantear su sustitución.

Ahora bien, la norma jurídica puede cumplir diversas funciones. Por ejemplo, atender a la conservación del orden mediante la garantía del cumplimiento de los acuerdos privados previamente establecidos, lo que constituye una visión tradicional y desde luego conservadora del derecho, muy propia de la construcción burguesa de la ciencia jurídica en el siglo XIX.

Claramente se ve que esta no es la concepción de Más de 131. No proponen conservar, sino revolucionar. No es el viejo apotegma de cambiar para conservar, sino cambiar para mejorar. Así, el derecho y sobre todo la Constitución,  es visto como un instrumento para el cambio social. 

Por tanto, se trata de arrebatar la norma suprema a los operadores tradicionales, que pertenecen a los sectores políticamente privilegiados, primero mediante la redacción de una nueva Constitución; segundo, a través de una participación y vigilancia constante de la ciudadanía; tercero, construyendo un sistema jurídico que no proteja ni privilegie a quienes hasta el momento se han beneficiado.

Creo que justamente un modelo cercano a algunas corrientes del marxismo jurídico o al llamado uso alternativo del derecho, permitiría depurar y articular coherentemente el discurso de los convocantes, en una formulación cercana a la siguiente:

PD1 La Constitución no permite una adecuada defensa de los derechos del pueblo.
PD2 La Constitución permite el ejercicio del poder desmedido por los políticos y grupos privilegiados, alejado de las necesidades sociales.
PD3 La Constitución carece de mecanismos efectivos para que la comunidad pueda determinar su destino.
PD4 La Constitución ha sido reformada e interpretada por un grupo en el poder que tiene interés en mantener el mismo modelo de dominación.
CONCLUSION D Debe realizarse una nueva Constitución, que subvierta el orden actual en beneficio de los ciudadanos, y no de los políticos y grupos privilegiados.

Así también se obtendría un estándar para evaluar las propuestas de texto para tal norma nueva, que sería el siguiente: ¿En qué modifica las relaciones de opresión que actualmente permite el sistema jurídico?

No deja de ser interesante lo anterior. Tradicionalmente la formación jurídica mexicana ha sido de corte positivista o iusnaturalista; pero aquí encontramos un llamado desde luego más emparentado con una visión de izquierda.

De tal manera, las críticas que se pudieran formular contra la convocatoria, consistentes en afirmaciones tales como subversión del orden jurídico, desconocimiento de las instituciones o similares, equivocan el blanco, ya que justamente es su sustitución lo que se busca con este llamamiento.

Aquí se presenta un tema de discusión jurídica de sumo interés. De forma clara, existe una postura epistemológica de quienes convocan a una nueva Constitución; y por tanto, obligan a sus críticos o detractores a plantar cara en el mismo terreno. Si se afirma que no se requiere una nueva norma superior, entonces se asume una visión conservadora que desde luego es perfectamente válida, pero que deberá ser sostenida con la misma claridad que la opuesta.

IV.- Conclusiones.

Esta es una revolución. Una revolución de ideas y de letras (…) una revolución pacífica, sin balas y sin sangre, que llevará a este país a una nueva era en donde otra vez nos reconozcamos como mexicanos
Participante en el video

A una revolución auténtica que por serlo modifica en forma violenta los fundamentos constitucionales de un Estado, debe corresponder la creación de una ley fundamental. De otro modo o la revolución no fue tal o fracasó al no concretar sus apremios en el derecho positivo.
Felipe Tena Ramírez

Es un tópico afirmar la necesidad de modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También lo es, por lo menos para algunos, el agotamiento del modelo constitucional que vivimos. Diversos autores han expresado sus opiniones en tal sentido, a favor de una reforma integral, o declarando la necesidad de su sustitución.

Esta convocatoria hecha por Más de 131 se inscribe en esta tradición política de meditar sobre nuestra norma suprema, explícitamente llama a la ciudadanía a reflexionar sobre élla y construir de forma conjunta un nuevo texto, a partir de un diagnóstico que afirma el agotamiento del modelo actual.

Dicha posición, demuestra una postura política y una visión sobre el derecho y la propia Carta Magna; y es a partir de las cuales debe evaluarse la convocatoria, si se quiere realizar una crítica interna del llamado.

Así, y haciendo un análisis desde la Teoría Jurídica, he tratado de evidenciar los postulados de que parte la convocatoria, con una doble finalidad; por un lado, realizar un tipo de análisis del caso cuya metodología podría aplicarse a otras propuestas de sustitución constitucional; y por otro, contribuir a la discusión propuesta por los propios convocantes.

¿Es transcendente o coyuntural este tema? Es trascendente en tanto la ciudadanía haga suya la propuesta de debatir sobre la norma de normas; es coyuntural en cuanto se presenta como una reflexión inmediata a un proceso electoral presidencial, en el que la opción ganadora difirió de la preferida por el colectivo convocante.

A mi parecer, es importante discutir las posiciones ideológicas y epistemológicas desde las que se plantean las reformas, o incluso la sustitución de la norma máxima. De otra manera, si se entra de forma directa a la discusión de lo que hay que cambiar, se obvia el ¿desde dónde?  Y el ¿para qué?.  No será la misma propuesta, por ejemplo, la que realice un iusnaturalista, o la que plantee un jurista crítico.

Los convocantes a sustituir la Constitución, sean quienes sean, se enfrentan a diversos retos, algunos de naturaleza procedimental, como el camino a seguir para la convocatoria a un Constituyente o para expedir la nueva norma; y otros de fondo.

Estos últimos implican necesariamente honestidad intelectual, que se traduce en evidenciar la postura o posturas, ideológicas al menos, de las que se parte, de no hacerse así, la discusión queda atrapada en los cambios concretos, pero no en las razones ni en los objetivos. Considero que, en el caso de Más de 131, si se cumplió con este requisito.

Al mostrar la matriz de la que surgen las propuestas, es más fácil entablar un diálogo entre los diversos actores de una sociedad compleja como la nuestra; y poder construir así, a partir del respeto por las ideas y la persona del otro, una Constitución abierta, que de cabida a todas las expresiones y les permita convivir armónicamente.

Reflexionar sobre nuestra Constitución debe ser una labor permanente. El día que alguien no piense o escriba acerca de las virtudes y los defectos de nuestra carta queretana, será cuando realmente esta deje de ser relevante.

Bibliografía y páginas de Internet.

“El Mundo del Abogado”, http://elmundodelabogado.com/2011/%C2%BFnecesitamos-una-nueva-constitucion/ publicación de fecha 31 de enero de 2011.

ATIENZA, Manuel, Introducción al Derecho,  Fontamara, México, segunda reimpresión, 2003.

CARBONELL, Miguel, Constitución, reforma constitucional y fuentes del Derecho en México, Porrúa, México, 2004, p.p. 263-283.

CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Transición política y reforma constitucional en México, IIJ-UNAM, México, 1996.

CARPIZO, Jorge, “¿Se necesita una nueva Constitución en México? Algunas reflexiones y seis propuestas”, Cuestiones Constitucionales, IIJ- UNAM, México, No. 24, enero-junio 2011.

CASTILLO ALVA, José Luis, et. al., Razonamiento judicial. Interpretación, argumentación y motivación de las resoluciones judiciales, ARA Editores, Perú, segunda edición, 2006.

COPI, Irving M., y Carl COHEN, Introducción a la lógica, Limusa, México, 2009.

COSSÍO DÍAZ, José Ramón, Bosquejos constitucionales, Porrúa, México, 2004.

DE OTTO, Ignacio, Derecho constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, Barcelona, octava reimpresión, 2001.

FIROVANTI, Maurizio, Constitución. De la antigüedad a nuestros días, Trotta, Madrid, primera reimpresión, 2007.

GUASTINI, Riccardo, “Sobre el concepto de Constitución”, Cuestiones Constitucionales, No. 1, julio-diciembre de 1999.

NIETO CASTILLO, Santiago, “¿Hacia una nueva Constitución?, en TERRAZAS SALGADO, Rodolfo, (Coordinador), Ciclo de conferencias las Constituciones Mexicanas de 187 y 1917: aspectos político-electorales, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2008.

SAGUÉS, Néstor Pedro, Teoría de la Constitución, Astrea, Buenos Aires, primera reimpresión, 2004.

VARIOS, Evolución del Derecho Mexicano, Tomo I, Escuela Libre de Derecho-Editorial Jus, México, 1943, p.24.
VAZQUEZ VALLEJO, José Jesús Salvador, “Marxismo y Teoría Crítica del Derecho”, en RASCADO PÉREZ, Javier, y Jacqueline ZAPATA MARTÍNEZ, Pensar el Derecho, FUNDAp México, 2007.

Video denominado Nueva Constitución. Sentimientos de la Nación: http://www.youtube.com/watch?v=G55a6clWuBY 

WOLDENBERG, José, La construcción de la democracia, Plaza y Janés, México, 2002.

ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Trotta, España, séptima edición, 2007 (traducción de Mariana Gascón).


martes, 13 de febrero de 2018

DISSENTING OPINION OF LUIS OCTAVIO VADO GRAJALES, REGARDING THE AGREEMENT IN WHICH THE CONSECUTIVE ELECTION GUIDELINES FOR THE ELECTORAL PROCEDURE 2017-2018 ARE APPROVED.



In moving away from the project that is put in consideration, I want to present the arguments by which I hold a consistent interpretation of art. 14, section V of the Electoral Law of the State of Querétaro on re-election, based on the criteria held by the SCJN (Mexico´s Supreme Court)

The foregoing considering that the current text of the national Constitution, as well as the various initiatives in terms of reelection and consecutive election, it follows that the reasons for those are the following:

1. Create closer links between the voters and their representatives.
2. Limit the allocation of candidacies for the so-called power quotas.
3. Establish an accountability mechanism, given the prospect of re-occupying a position of popular election.
4. Professionalize the exercise of public office.

The mentioned article 14, section V of the Queretaro law, in this regard, regulates in a literal sense the following assumptions:

• Legislators who intend to be re-elected or elected for a different position: they do not have to separate from their duties.
• Concejals and Syndics: they only require separating from their functions if they opt for the position of municipal president.
• Mayor: he / she must have separated from his position, regardless of the position to which he / she aspires, at least ninety calendar days before the election.

To interpret the legal text should be considered based on the resolution of unconstitutionality action 126/2015 as well as SM-JDC-6, 7 8/2017 antecedents that indicate that there is no re-election when, in the case of a city council, there is a dispute over an other position than that in which it is held, although the same collegiate is integrated, the change from a syndic to a councilor or municipal president does not imply reelection but a new election.

However, considering the oblitarion to separate of his position in case of mayor valid, does it present any problem of unconstitutionality in it?

When resolving unconstitutionality actions 76/2016, 50/2017, 61/2017 and accumulated; as well as 131/2017  and accumulated, there are two principles:

1. Free legislative configuration of local legislatures.
2. Need for equal treatment among members of the same collegiate regarding the need or not to separate from the position to seek re-election.

In relation to the above, the Monterrey Chamber of the Electoral Tribunal of the Federal Judicial Power of the Federation, in resolving the issue SM-JDC-498/2017 and accumulated, regarding the electoral legislation of Aguascalientes as far as the necessary separation of the position, determined that It is optional for the public servant, and that although there is configurative freedom for local legislators, no greater limitations can be imposed than those already contained in the Mexican Constitution.

The Toluca Chamber of the aforementioned Federal Court of Appeals ruled, in the file ST.JRC-6/2017 and accumulated with a coinciding criterion regarding the need for an equitable treatment among the members of a collegiate seeking re-election.

Thus, in my opinion there is a coincidence between what was decided by the Supreme Court of Justice of the Nation and the Electoral Court of the Judicial Power of the Federation, a coincidence that demands a specific reading of article 14, fraction V, of our Electoral Law of Queretaro.

Applying the above criteria, and estimating the free configuration of the legislator of Queretaro, is there an equitable treatment of the members of the collegiate of popular election in Querétaro? Regarding the deputies it is clear that no distinction is made so that they seek re-election in their position, so there is no inequitable treatment.

Now, then in the case of the town councils it can be seen that the legislator opted for a model in which the limitation revolves around the position of mayor, for which anyone who contends (whether re-election or election) and integrates the municipality in question, It must be separated ninety days before the election.

However, when analyzing the matter from the point of view of the person seeking re-election, which I respectfully believe is the vision that the SCJN has departed in the matters already described, there is an inequity given that as mayor, concejals and syndics of the same collegiate body, the former must separate from his position to seek re-election, without the seconds and thirds must do so. It would be difficult to sustain a reason that justifies such unequal treatment.

It is not an obstacle for the above to consider as a ratio of the legislative decision to avoid that the municipal presidents, who have the effective administrative management of the municipal body, can use it in their favor, since as was discussed in the case 50/2017, a differentiation must be made between the requirements to access the position and the prohibitions with respect to any public servant. That is, who in the exercise of the assignment intends to be re-elected must abstain from the use of public resources and perform campaign actions on labour days.

If it is estimated that there is unequal treatment among the members of the city council in our legislation, I believe that we are in a position to make a conforming interpretation in an ample sense, in the terms required by the determination of the issue Various 912/2010 of the SCJN and also considering the jurisprudence with the item CONFORMING INTERPRETATION. ITS SCOPE IN RELATION TO THE PRINCIPLE OF MOST FAVORABLE INTRPERETATION TO THE PERSON.

The conforming interpretation in ample sense that this resolution requires of all authorities implies, in my opinion, it’s that when constructing the major premise of our decisions (normative premise) all legal material existing and relevant to the case is taken into account, such as the aforementioned matters are already resolved by the SCJN.

In a this way, the reading of article 14 section V of the local Electoral Law must be carried out in a way that is consistent with the Constitution and its interpretation pronounced by the highest court, since otherwise political-electoral rights would be unduly violated, even though there is a way to protect them.

Therefore, I believe that the conforming interpretation that must be given is to estimate that the municipal president seeking re-election is not obliged to be separated from the position.

It may be objected that this interpretation is limited, since it does not imply accepting that the Concejals and Syndics those who opt for the position of mayor may also omit to separate from their commissions; However, it seems to me that the assumption is different, because in the previous paragraph we are talking about a case of re-election; and in this paragraph it is a continuous electoral election for the same body but with a different position.

The interpretation that I propose is legally possible since this collegiate would not be determining an inapplication due to unconstitutionality, which is forbidden when this is an administrative matter; but making a reading of article 14 section V of the Law in the light of jurisdictional decisions, in attention to the conforming interpretation to which the alluded agreement 912/2010 subjects us, it turns out to be viable

For the expound I depart from the sense of the project.

jueves, 8 de febrero de 2018

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO LUIS OCTAVIO VADO GRAJALES, CON RELACIÓN AL ACUERDO EN EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS DE ELECCIÓN CONSECUTIVA PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018.


Al apartarme del proyecto que se pone a nuestra consideración, quiero presentar los argumentos por los que sostengo una interpretación conforme del art. 14, fracción V de la Ley Electoral del Estado de Querétaro sobre la reelección, a partir de los criterios sostenidos por la SCJN.

Lo anterior considerando que del texto actual de la Constitución nacional, así como de las diversas iniciativas en materia de reelección y elección consecutiva, se desprende que las razones de aquellas son las siguientes:

1.    Crear vínculos más estrechos entre los electores y sus representantes.
2.    Limitar la asignación de candidaturas por las llamadas cuotas de poder.
3.    Establecer un mecanismo de rendición de cuentas, dada la perspectiva de volver a ocupar un cargo de elección popular.
4.    Profesionalizar el ejercicio de los cargos públicos.

El citado artículo 14, fracción V de la Ley comicial queretana, en lo atinente, regula en un sentido literal los siguientes supuestos:

·         Diputados que pretendan reelegirse o ser electos para un cargo diverso: no requieren separarse de sus funciones.
·         Regidores y síndicos: sólo requieren separarse de sus funciones si optan por el puesto de presidente municipal.
·         Presidente municipal: requiere haberse separado de su puesto con independencia del cargo al que aspire, al menos noventa días naturales antes de la elección.

Para  interpretar la tabla anterior debe considerase con base en lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 126/2015 así como los asuntos SM-JDC-6, 7 8/2017 no hay reelección cuando tratándose de un ayuntamiento se contienda por un cargo distinto al que se tiene. Por tanto, aunque se integre el mismo colegiado, el pasar de síndico a regidor o presidente municipal, no implica reelección sino una nueva elección.

Ahora bien, considerando válida la tabla anterior, ¿se presenta algún problema de inconstitucionalidad en la misma?

Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 76/2016, 50/2017, 61/2017 y acumuladas; así como 131/2017[1] y acumuladas, se desprenden dos principios:

1.    Libre configuración legislativa de las legislaturas locales.
2.    Necesidad de un trato equitativo entre los integrantes de un mismo colegiado respecto a la necesidad o no de separarse del cargo para buscar la reelección.

Por su parte, la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el asunto SM-JDC-498/2017 y acumulados, respecto de la legislación electoral de Aguascalientes en cuanto a la necesaria separación del cargo, determino que la misma es optativa para el funcionario, y que si bien existe libertad configurativa para los legisladores locales, no se pueden imponer mayores limitaciones que las ya contenidas en la Constitución mexicana.

La Sala Toluca del citado Tribunal comicial federal resolvió, en el expediente ST.JRC-6/2017 y acumulado con un criterio coincidente respecto de la necesidad de un trato equitativo entre los integrantes de un colegiado que pretendan la reelección.
Así, en mi criterio existe una coincidencia entre lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coincidencia que nos reclama una lectura específica del artículo 14, fracción V, de nuestra Ley Electoral queretana.

Aplicando los criterios anteriores, y estimando la libre configuración del legislador queretano, ¿hay un trato equitativo a los integrantes de los colegiados de elección popular en Querétaro? Respecto de los diputados queda claro que no se hace distinción alguna para que busquen reelección en su cargo, por lo que no hay trato inequitativo.

Ahora bien, en el caso de los ayuntamientos puede observarse que el legislador optó por un modelo en el que la limitación gira en torno al cargo presidente municipal, para el que cualquiera que contienda (sea reelección o elección) e integre el ayuntamiento en cuestión, debe separarse noventa días antes de la elección.

Sin embargo, al analizar el asunto desde la óptica de quien busca la reelección, que me parece respetuosamente que es la visión de que ha partido la SCJN en los asuntos ya descritos, se presenta una inequidad dado que siendo presidente municipal, regidores y síndicos miembros del mismo cuerpo colegiado, el primero debe separarse de su cargo para buscar la reelección, sin que los segundos y terceros deban hacerlo. Sería difícil sostener una razón que justifique dicho trato inequitativo.

No es óbice para lo anterior el considerar como ratio de la decisión legislativa el evitar que los presidentes municipales, que cuentan con el manejo administrativo efectivo del aparto municipal, puedan usarlo en su favor, ya que como se discutió en el asunto 50/2017, debe diferenciarse entre los requisitos para acceder al cargo y las prohibiciones respecto a cualquier funcionario público. Esto es, quien en ejercicio del encargo pretenda reelegirse deberá abstenerse del uso de recursos públicos y de realizar actos de campaña en días laborables.

De estimarse que en efecto existe en nuestra legislación un trato desigual entre los integrantes del ayuntamiento, considero que estamos en posibilidad de realizar una interpretación conforme en sentido amplio, en los términos de lo requerido por la determinación del asunto Varios 912/2010 de la SCJN y considerando también la jurisprudencia de rubro  INTERPRETACIÓN CONFORME. SUS ALCANCES EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE INTRPERETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.

La interpretación conforme en sentido amplio que dicha resolución nos requiere a todas las autoridades implica, en mi opinión, que al construir la premisa mayor de nuestras decisiones (premisa normativa) se tome en cuenta todo el material jurídico existente y relevante para el caso, como lo son los asuntos citados ya resueltos por la SCJN.

De esta manera, la lectura del artículo 14 fracción V de la Ley Electoral local debe realizarse de forma que resulte acorde con la Constitución y su interpretación realiza por el máximo tribunal, ya que de otra forma se estaría violentando indebidamente derechos político-electorales, siendo que existe la forma de tutelarlos.

Por tanto, creo que la interpretación conforme que debe darse consiste en estimar que el presidente municipal que busque su reelección no está obligado a separarse del cargo.

Podrá objetarse a dicha interpretación que resulta limitada, en virtud de que no implica el aceptar que los síndicos y regidores que opten por el cargo de presidente municipal también puedan omitir el separarse de sus encargos; sin embargo me parece que el supuesto es distinto, pues en el párrafo anterior hablamos de un caso de reelección; y en este párrafo se trata de una elección continua para un mismo órgano pero con diferente cargo.

La interpretación que propongo es jurídicamente posible en tanto este colegiado no estaría determinando una inaplicación por inconstitucionalidad, lo nos está vedado al tratarse este de un asunto administrativo; sino realizando una lectura del artículo 14 fracción V de la Ley a la luz de las decisiones jurisdiccionales, en atención a la interpretación conforme a que nos sujeta el referido acuerdo 912/2010.
Por lo antes expuesto me aparto del sentido del proyecto.


[1] Es de señalarse que no se ha tenido acceso a todas las sentencias, por lo que el estudio de los criterios se realizó en las versiones taquigráficas de las sesiones en que en la SCJN se discutieron los asuntos en cita, publicadas en internet. Sin embargo los razonamientos  contenidos en las mismas son obligatorios para los tribunales, como se desprende del numeral 43 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución nacional. Dicha obligatoriedad si bien no alcanza a este órgano en tanto desarrolla actividades de naturaleza administrativa como lo es la emisión del presente acuerdo, sin embargo obliga a considerar con el mayor cuidado las razones del Alto Tribunal, a efecto de atender los tipos de interpretación posible conforme el acuerdo 912/2010 de la propia Suprema Corte, en particular al realizar la interpretación conforme en sentido amplio.

martes, 28 de noviembre de 2017

Presentación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del libro "Derecho Procesal Electoral queretano"

Agradezco cumplidamente la invitación para participar en las actividades que ha organizado el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco dentro de esta Feria Internacional del Libro. Maestro Guillermo Alcaraz Cross le agradezco a usted, y en su representación a las consejeras y consejeros de dicho Instituto, la gentileza que siempre han tenido con el Instituto de Querétaro así como su amabilísima anfitrionía.
Mis palabras abordan desde una doble perspectiva la razón y estructura de este libro de derecho procesal que Tirant lo Blanch tuvo a bien publicar. En primer lugar la perspectiva de la necesidad, en un segundo momento la del método de la exposición.
La necesidad. México, a despecho de los fuertes vientos centralizadores, sigue siendo un estado federal, lo que se traduce en tres rasgos: la existencia de una división política del territorio; la participación de las entidades en los procedimientos de reforma constitucional; y la pervivencia de órdenes jurídicos locales sujetos al constitucional, que les dota de un campo de acción.
Se presenta en un país federal un orden jurídico constitucional, otro propiamente federal, y los órdenes jurídicos locales, a los que en México se suman los sistemas normativos internos, antes llamados usos y costumbres de los pueblos indígenas, así como los municipales. Es la Constitución en tanto función, siguiendo las ideas de Rolando Tamayo, la que distribuye competencias entre los otros órdenes, que siéndole subordinados tienen también relaciones entre ellos, dando lugar a un entramado complejo que tal vez se ilustra de mejor manera con la idea de la arboresencia de Ross antes que con las pirámides que Kelsen nunca dibujó.
Sabemos que hoy se ha reivindicado el centralismo merced a una serie de reformas constitucionales y el establecimiento de las llamadas leyes generales, hijas mexicanas de las leyes constitucionales alemanas. Esa idea que en los años sesenta del siglo pasado expresó elegantemente Mario de la Cueva como “la Constitución que se extiende”, aunque probablemente en un sentido diverso al que el distinguido jurista anticipó.
Los desconfiados de la capacidad, patriotismo y conocimiento de quienes vivimos en provincia han encontrado en tales cambios a la Constitución y leyes generales el instrumento jurídico necesario para ir reduciendo cada vez más el campo de acción del ciudadano de las entidades y de los gobiernos locales; si hoy Tocquebille reviviera y visitara México, al dar cuenta de nuestra forma de estado tendría que mudar su criterio de que en las federaciones el gobierno nacional es excepcional y lejano del ciudadano, debiendo escribir en una hipotética “Democracia en México” que las autoridades federales están presentes en la vida diaria de cualquier persona.
Peor aún es el centralismo mental, pues si bien tiene lógica que existan centros académicos de primerísimo nivel en la capital del país, estos se ocupan por necesidad de lo que tienen más inmediato, esto es, de los problemas propios de la Ciudad de México y los grandes temas nacionales, que abordan desde una perspectiva generalmente centrada en las percepciones que desde tal metrópoli se tienen. Así, los temas de la provincia no son abordados, ya sea por desconocimiento o por considerarlos faltos de méritos. Cabe entonces preguntarse ¿hasta dónde en provincia nos interesa repetir los mismos objetos de estudio que en la capital? ¿nos ocupamos de los asuntos locales para proponer soluciones a los problemas inmediatos de nuestro entorno?
En “Filosofía del derecho y transformación social” Manuel Atienza propugna una filosofía del derecho regional, alimentada por los problemas propios del mundo latino que evite la repetición acrítica de temas propiamente anglosajones. Creo que es posible plantear algo similar en México por referencia al derecho electoral local: atender los problemas de las entidades en el marco cada vez más constreñido que nos dejan las leyes generales (y en materia electoral los acuerdos del INE), a fin de ofrecer soluciones que no dependan de la visión, necesariamente sesgada, de quienes han vivido los comicios exclusivamente desde la Ciudad de México.
Lo anterior fundamenta la razón de ser de este libro. Explicar las reglas a que deben sujetarse las impugnaciones electorales en una entidad en concreto, de forma que pueda servir como vademécum para quienes por primera vez litiguen un juicio comicial, o para que sistematicen conocimientos adquiridos empíricamente.
(narrar la anécdota de las pruebas)
En cuanto al método de exposición, decidí seguir la división ya establecida para los libros de derecho adjetivo desde la famosa cita a pie de página de Chiovenda en 1906: acción, jurisdicción y proceso. Los tres temas fundamentales en los que se dividen los libros en que se enseña la Teoría General del Proceso, sumando un cuarto apartado para la exposición de los medios de impugnación en particular, que abordo siguiendo la metodología de Kelsen en su artículo “La garantía jurisdiccional de la constitución”: objeto de control, órgano de control, procedimiento de control y resultado del control.
Sé que esta estructura no es común para los libros de Derecho Procesal Electoral, que suelen redactarse siguiendo el orden de la Ley General de Medios de Impugnación. Pero considero que eso se debe a que los principales cultivadores de la materia han provenido del campo del Derecho Electoral, por lo que era necesaria una estructura procesalista y no sustantiva, que puede servir de base para otras exposiciones sobre la materia.
Dado el público al que va dirigido el texto así como su objetivo, busqué una redacción directa y poco lastrada por pies de página, que se acompaña de las jurisprudencias y tesis pertinentes que sirven para explicar los puntos a desarrollar, no como base del índice. De igual forma analizo las sentencias relevantes dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
Ahora bien, ¿qué interés tiene fuera de mi entidad este libro? Creo que puede resultar atractivo por tres razones: primera, porque demuestra la posibilidad de escribir un libro sobre juicios electorales desde una perspectiva eminentemente procesal, no desde una postura sustantiva; segunda, en tanto el litigante que patrocina partidos o candidatos no está atado a una sola entidad; tercera, porque la estructura puede servir para desarrollar ejercicios similares en otras entidades, en los que si me invitan, con mucho gusto participaré en su redacción.
Muchas gracias.

domingo, 19 de noviembre de 2017

Digresión I. De san Agustín a Borges vía Xirau

(En esta nueva sección presentaré reflexiones que no tienen relación directa con los asuntos jurídicos)

Tengo la costumbre de leer más de un libro al mismo tiempo, casi siempre uno de derecho o filosofía y otro de literatura o historia. Esto a veces tiene el curioso efecto de crear en mi mente imaginarios casos comunicantes entre ambas lecturas tan disimiles. Pero lo sucedido hoy me deja pensando que tal vez exista una relación no imaginaria entre el pensamiento de san Agustín y el de Jorge Luis Borges.

Ramón Xirau en su estupenda “Introducción a la filosofía” desarrolla el pensamiento de san Agustín, en particular sus ideas sobre el tiempo y la razón. El filósofo catalán precisa que el obispo de Hipona llega a ellas al dudar sobre la vida; y afirma que existe un “ahora” que implica la consciencia de ser. Ese ahora contiene  a la vez la memoria del pasado y la previsión del porvenir.

Transcribo la explicación de Xirau “Y en efecto, si imaginamos un ser sin memoria, sería también un ser sin pensamiento, puesto que pensar consiste en relacionar, ligar, atar cabos para llegar a conclusiones. Sin la atención me sería imposible atar esos cabos, pero sin el recuerdo me sería imposible tener los cabos para poder atarlos mediante la atención”[1].

En “Funes el memorioso” Borges nos describe a un hombre tumbado en su cama que tiene la más amplia capacidad de memoria, que no sólo es fotográfica sino que también es microscópica. Esta memoria abarca tanto la capacidad mental de Funes que le lleva a desarrollar un sistema numérico que se basa en la absoluta individualización de cada número. El autor argentino escribe que su personaje no es capaz de abstracciones “Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer”[2].

Funes es un ser todo memoria. Y si bien san Agustín en la lectura de Xirau da primacía a la memoria, lo hace como un elemento necesario para el pensamiento al igual que lo es la atención. Una atención ayuna de recuerdos no permite pensar, pero una memoria carente de atención desemboca en el mismo resultado, porque implica imágenes y sensaciones, sin advertir la liga entre las mismas que se produce por la reflexión.

Es bien sabido el gusto de Borges por la filosofía. Ignoro si leyó a san Agustín (aunque se me antoja difícil que no lo hubiera hecho) y en todo caso me parece que su breve texto sobre el memorioso sin raciocinio es un desarrollo extremo de las ideas del Padre de la Iglesia. Brillante.




[1] p. 135 de la vigésima reimpresión de la decimotercera edición, 2016.
[2] p. 84 del compendio Borges esencial de 2017.

sábado, 18 de noviembre de 2017

Miscelánea jurídica XLV

La lucha por el derecho
Rudolf von Ihering

Poseo este libro en una antigua edición en español de 1881, empastada en piel bermeja. Pequeño ejemplar tal vez de un cuarto, cuya compra hice en alguna librería de viejo que no recuerdo, aproximadamente en 1991; lectura postergada que por ferviente recomendación de Manuel Atienza realicé hace poco. Se lee fácil el texto a pesar de la edad, lo que prueba la unión de dos cabezas bien amuebladas, la del autor y la del traductor.

Para Ihering el derecho es lucha en búsqueda de conseguir la paz. Es una idea práctica que lleva en sí tanto un fin (paz) como el medio para conseguirlo (lucha), y lo explica a partir de considerar que el derecho está amenazado en todo momento, tanto el que se relaciona con las personas como el propio de las naciones; y dejar que sea ignorado o burlado atenta contra el "sentido del derecho", concepto que tal vez pueda equipararse al de justicia.

Afirma: "La fuerza moral de un pueblo determina el grado de su posición política tanto en el interior como en el exterior" (p. 92)

Desarrolla la idea del deber moral de sublevarse contra las arbitrariedades tanto en lo personal como en los agravios nacionales, pues de otra forma el sentido del derecho se atrofia y termina por desaparecer. Luchar por un orden justo es guerrear contra la arbitrariedad, de lo que creo puede seguirse que no todo orden es justo ni merece ser defendido, que la ley injusta debe ser combatida.

En una serie de consideraciones que tienen claro eco en Atienza, Ihering plantea cuestiona al derecho erudito, hecho por sabios y que no se compadece del auténtico espíritu nacional, reivindicando así el papel de la aplicación práctica como guía de los juristas.

Libro recomendable, que en pequeñas dimensiones encierra ideas de la mayor actualidad.