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domingo, 24 de julio de 2016

 Programa de Derecho Procesal Constitucional

Objetivo general. Que el estudiante conozca y aprecie críticamente los sistemas de defensa constitucional en el mundo, y particularmente los procesos y procedimientos de justicia constitucional en México, así como el Sistema Americano de Defensa de Derechos Humanos.

Unidad 1. Conceptos básicos
Objetivo particular. Al concluir, el alumno conocerá las definiciones básicas para entrar al estudio del derecho procesal constitucional, siendo capaz de identificar los medios de defensa y tipos de control constitucional, entendiéndolos como elementos necesarios para conseguir la supremacía constitucional.

1.1.- Supremacía constitucional
1.2.- Concepto de defensa constitucional
1.3.- Defensa constitucional por órgano ejecutivo
1.4.- Defensa constitucional por órgano judicial
1.5.- Defensa constitucional por órgano autónomo
1.6.- Justicia constitucional de la libertad
1.7.- Justicia constitucional orgánica
1.8.- Justicia constitucional transnacional

Actividad de aprendizaje. Lectura dirigida del texto de Héctor Fix Zamudio, Héctor, Introducción al Derecho Procesal Constitucional.

Forma de evaluación. Examen.

Unidad 2: Sistema concentrado de defensa constitucional
Objetivo particular. Al terminar la unidad, el alumno conocerá el sistema concentrado o Europeo de control constitucional, apreciando su origen y características principales, siendo capaz de distinguirlo del modelo difuso.

2.1.- Concepto
2.2.- Origen
2.3.- Características
2.4.- Influencia en el sistema de defensa constitucional mexicano

Actividad de aprendizaje. Lectura dirigida del libro de Hans Kelsen La garantía jurisdiccional de la constitución.

Forma de evaluación. Conjunta con la siguiente unidad, mediante la elaboración de una matriz que compare las características de cada sistema de defensa constitucional a partir de los criterios de objeto de control, criterio de control, procedimiento de control y resultado de control.

Unidad 3: Sistema difuso de defensa constitucional
Objetivo particular. Al concluir, el estudiante conocerá y entenderá el sistema difuso de control constitucional, pudiendo describir su origen y características. De igual forma, entenderá el sentido que la interpretación jurisprudencial y doctrinal han dado al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3.1.- Concepto
3.2.- Origen
3.3.- Características
3.4.- El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y su interpretación
3.4.- Interpretación del artículo 133 merced al caso Radilla Pacheco
3.5.- Método de control constitucional establecido en el asunto Varios 912/2010

Actividad de aprendizaje. Lectura del ensayo El caso Marbury vs. Madison de Clemente Valdés S. Lectura de la resolución del asunto Varios 912/2010.

Forma de evaluación. Conjunta con la anterior unidad, mediante la elaboración de una matriz que compare las características de cada sistema de defensa constitucional a partir de los criterios de objeto de control, criterio de control, procedimiento de control y resultado de control. Reporte de las lecturas.

Unidad 4. Defensa constitucional comparada
Objetivo particular. Al concluir, el estudiante conocerá los principales rasgos de la defensa constitucional en Estados Unidos, Alemania, España e Italia, de forma que pueda apreciar su integración en cada caso al sistema difuso o al concentrado.

4.1.- Estados Unidos de América
4.2.- Alemania
4.3.- España
4.4.- Italia

Actividad de aprendizaje. Lectura de casos selectos de cortes constitucionales.

Forma de evaluación. Preguntas en clase.

Unidad 5. Justicia constitucional de la libertad en México
Objetivo particular. Al terminar, el alumno conocerá los mecanismos de justicia constitucional de derechos fundamentales en México, siendo capaz de identificar en cada caso sus rasgos característicos así como de distinguir cada mecanismo en particular.

5.1.- Amparo. Rasgos generales
5.2.- Comisiones de derechos humanos
            5.2.1.- Procedimientos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos
5.2.2.- Procedimientos ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro
5.3.- Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC)
5.4.- Juicio de revisión constitucional electoral (JRC)
5.5.- Juicios administrativos

Actividad de aprendizaje. Investigación a realizar por los alumnos, a fin de identificar los principios del amparo y los rasgos generales de los procedimientos ante los organismos públicos de defensa de derechos humanos. Análisis de casos de JDC y JRC.

Forma de evaluación. Identificación de la litis, argumentos y sentido de la resolución en sentencias específicas.

Unidad 6: Justicia constitucional orgánica en México
Objetivo particular. El estudiante, al concluir la unidad, conocerá las características, legitimados, proceso y efectos de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, siendo capaz de determinar en casos concretos la procedencia de uno u otro medio de defensa constitucional orgánico.

6.1.- Rasgos comunes de las Controversias Constitucionales y las Acciones de Inconstitucionalidad
6.2.- Controversias constitucionales
            6.2.1.- Legitimación activa y pasiva
            6.2.2.- Proceso
            6.2.3.- Efectos de las sentencias
6.3.- Acciones de inconstitucionalidad
            6.3.1.- Legitimación activa y pasiva
            6.3.2.- Proceso
            6.3.4.- Efectos de las sentencias

Actividad de aprendizaje. Análisis de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de determinar las razones de la resolución.

Forma de evaluación. Cuestionario sobre el análisis de la sentencia escogida.

Unidad 7. Justicia constitucional local en México
Objetivo particular. Al terminar, el estudiante entenderá la importancia de la defensa constitucional local en nuestro país, conociendo los mecanismos existentes en diversas entidades, y siendo capaz de apreciar críticamente el caso de la justicia constitucional local en Querétaro.

7.1.- La necesidad de la defensa constitucional local
7.2.- Entidades que cuentan con mecanismos de defensa constitucional local. Estudio particular
7.3.- La defensa constitucional local en Querétaro

Actividad de aprendizaje. Investigación en equipo sobre los medios de control constitucional local en México y otro país federal a seleccionar.

Forma de evaluación. Elaboración de cuadro comparativo con los resultados de la investigación.

Unidad 8: Justicia constitucional transnacional
Objetivo particular: Al concluir, el alumno conocerá las principales características de la justicia constitucional transnacional en el sistema americano, con especial énfasis en el impacto en la justicia constitucional mexicana.

8.1.- Comisión Interamericana de Derechos Humanos
8.2.- Corte Interamericana de Derechos Humanos
8.3.- Los criterios acerca de la obligatoriedad de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los jueces mexicanos.

Actividad de aprendizaje. Lectura del ensayo El caso Radilla y su impacto en el orden jurídico nacional de Eduardo Ferrer Mac-Gregor.

Forma de evaluación. Reporte de lectura.

Evaluación del curso. Mediante acumulado de los resultados de las actividades de evaluación, así como dos exámenes parciales y uno final, que se compondrá de un examen escrito así como del proyecto integrador que se describe a continuación.

Proyecto integrador. Siguiendo el método del caso, en tres equipos de trabajo, los alumnos tramitarán una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, tomando parte como actores, autoridad y Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta actividad se iniciará desde la primera semana, mediante entrega del caso por parte del docente.

El proyecto se evaluará a partir de lo siguiente:

a) Elaboración por los equipos de los documentos pertinentes (demanda, informe, sentencia)
b) Presentación oral de los documentos por los equipos.

La calificación de este trabajo será la mitad de la evaluación final.



Bibliografía

BAZÁN, Víctor, Control de las omisiones inconstitucionales e inconvencionales. Recorrido por el derecho y la jurisprudencia americanos y europeos, Konrad Adenauer Stiftung, Colombia, 2014.

BAZÁN, Víctor (Coordinador) Defensa de la Constitución. Garantismo y controles. Libro en reconocimiento al Doctor Germán J. Bidart Campos, Buenos Aires, EDIAR-IIJ-UNAM y otros, 2003.

CAROCCA Pérez, Alex, Garantía Constitucional de la Defensa Procesal, Barcelona, José María Bosch, 1998.

CARPIZO, Jorge, “La interpretación del artículo 133 constitucional”, Estudios constitucionales, Porrúa, México, sexta edición, 1998

CASTILLO del Valle, Alberto del, Introducción básica al Derecho Procesal Constitucional Mexicano, EJEA, México, 2008

CASTRO, Juventino V., El artículo 105 constitucional, 2a edición, México, Editorial Porrúa, 1997.

COSSÍO Díaz, José Ramón, La controversia constitucional, México, 2008.

COSSÍO Díaz, José Ramón, Sistemas y modelos de control constitucional en México, IIJ-UNAM, México, 2011.

FERRER Mac-Gregor, Eduardo, Panorámica del Derecho procesal constitucional y convencional,  México, Marcial Pons, 2014.

FERRER Mac-Gregor, Eduardo y Rodolfo Vega Hernández, Coordinadores Justicia Constitucional Local, Querétaro-México, Fundación Universitaria de Derecho, Administración Pública y política, 2002.

FERRER Mac-Gregor, Derecho Procesal Constitucional, México, Colegio de Secretariós de la Suprema Corte de Justicia, 2001.

FIX Zamudio, Héctor, Introducción al Derecho Procesal Constitucional, Querétaro-México, Fundación Universitaria de Derecho, Administración Pública y Política, 2002.

FIX-Zamudio, Héctor, Reflexiones sobre el derecho constitucional procesal mexicano, México, Editorial de El Colegio Nacional, FUNDAP, 2004.

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GONZÁLEZ Oropeza, Manuel y FERRER Mac. Gregor, Eduardo (coordinadores), La justicia constitucional en las entidades federativas, México D.F., Porrúa, 2006.

GOZAINI, Osvaldo Alfredo, El Derecho Procesal Constitucional y los Derechos Humanos, México, UNAM, 1995.

GROPPI, Tania, y Chiara MEOLI, Las grandes decisiones de la Corte Constitucional italiana, (traducción y estudio preliminar de Miguel Carbonell), México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008.

HERNÁNDEZ Valle, Rubén, Introducción al Derecho Procesal Constitucional, Porrúa-Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2015.

KELSEN, Hans, La garantía jurisdiccional de la Constitución, UNAM, 2001.

MORALES Paulín, Carlos A., Justicia Constitucional, México, Editorial Porrúa, 2002.

QUINCHE Ramírez, Manuel Fernando, El control de convencionalidad, S/L, 2015.

SALGADO Ledesma, Eréndira, Manual de Derecho Procesal Constitucional, México, Porrúa-Universidad Anáhuac, 2015.

URIBE ARZATE, Enrique, El sistema de justicia constitucional en México, Miguel Ángel Porrúa, 2006.

ZAGREBELSKY, Gustavo, ¿Derecho Procesal Constitucional? México, FUNDAP, 2004.

ZAGREBELSKY, Gustavo, Derecho Procesal Constitucional: Y otros ensayos de justicia, México, FUNDA, 2004.

VARIOS, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, Porrúa, todos los números.




jueves, 21 de julio de 2016

Naturaleza procesal de las acciones de inconstitucionalidad

(trabajo antiguo, pero considero que contiene temas vigentes)

por Luis Octavio Vado Grajales

SUMARIO: I. Introducción II. Naturaleza procesal de las acciones de inconstitucionalidad 
III. Conclusiones 

I. Introducción 

Con las reformas hechas a la constitución federal en diciembre de 1994, se ratificó la transformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Tribunal federal de casación a tribunal constitucional. Este cambio, ya iniciado en 1987, se fortalece con el nuevo esquema de las controversias constitucionales y el surgimiento de las acciones de inconstitucionalidad. 

 A este respecto se entiende la nueva conformación de la Corte, con la reducción del número de sus ministros a sólo 11, uno de los cuales, el Presidente, tiene facultades más bien de tipo administrativo. La Corte toma, con la reforma en comento , un alto sitial como tribunal de la constitucionalidad, dejando la casación federal (amparo legalidad) en manos de los tribunales colegiados. 

 Ya los constituyentes de 1916-1817 habían previsto la figura del control constitucional directo por parte del Poder Judicial, por medio de las controversias constitucionales, que sin embargo, poco se habían utilizado hasta antes de 1994, muchas de ellas planteadas por los municipios, que no estaban legitimados para intentarlas (1). No se estableció un criterio uniforme en cuanto a la forma de aplicación del control constitucional, ya que nunca se contó con la ley reglamentaria respectiva, por lo que no estaba definido si la Corte actuase en pleno o en salas, ni el procedimiento a seguir. Esto se refleja en las siguientes tesis surgidas en la quinta época : 

CONFLICTOS ENTRE LA FEDERACION Y LOS ESTADOS.
Resolverlos de plano y sin figura de juicio, mientras no está reglamentado el artículo 105 de la Constitución, equivaldría a que la Suprema Corte se convirtiera en un poder despótico y en una amenaza contra la tranquilidad o bienestar de la Nación. 

Instancia del General Silvestre G. Marisca, en que se denunció un conflicto entre la Federación y el Estado de Guerrero. Mariscal Silvestre. 27 de febrero de 1918. Mayoría de 7 votos .La publicación no menciona el Ponente. 

Instancia : Pleno. Fuente : Semanario Judicial de la Federación. Época : Quinta Época.. Tomo II. Tesis : Página : 644. Tesis Aislada. 


CONFLICTOS ENTRE LA FEDERACION Y LOS ESTADOS. 
La ley aplicable para dirimirlos, a falta de reglamentación del artículo 105 de la Constitución, es el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Tomo II. Mariscal Silvestre G. Pág. 644. 7 Vts. 

Tomo II Pág. 1046. Tomo II Pág. 644 

Instancia : Pleno. Fuente : Semanario Judicial de la Federación. Época : Quinta Época. Tomo II. Tesis: Pag. :644 Tesis Aislada. 

Como se desprende de la lectura de las tesis transcritas, la Corte tuvo que llenar un vacío creado por la acción del constituyente, al crear las controversias, y la inacción de legislador federal, que omitió establecer la ley reglamentaria respectiva, debiendo reconocer en primer lugar que se trataba de un juicio (rectificamos : proceso), que debía ser transmitido mediante las formas y procedimientos del llamado juicio ordinario federal. 

Por otra parte, lo anterior tenía su lógica si nos referimos a que era un periodo de nuestra vida nacional en que los problemas políticos o jurídicos se resolvían mediante vías distintas del control judicial de la Constitución. 

En el ámbito mundial, el surgimiento de las acciones abstractas de inconstitucionalidad, como un mecanismo otorgado a los parlamentarios o ciertos órganos de gobierno para impugnar ante los tribunales superiores o constitucionales normas que se estimen contrarias al texto constitucional. En México no se contaba con un mecanismo similar. 

Lo anterior nos lleva a considerar los tres ámbitos de la justicia constitucional, el primero, llamado jurisdicción constitucional de la libertad, contempla los mecanismos de defensa de los Derechos Humanos, como lo es el amparo y las comisiones de defensa de los citados derechos ; el segundo se denomina jurisdicción constitucional orgánica, y ha sido definido como « aquella dirigida a la protección directa de las disposiciones y principios constitucionales que consagran las atribuciones de los diversos órganos de poder (2), por último, tenemos la jurisdicción constitucional transnacional, que se ocupa de los conflictos entre las normas constitucionales y los tratados internacionales. 

Tradicionalmente en nuestro país solo se desarrolló la jurisdicción constitucional de la libertad, vía el proceso de amparo. Esto debido a varios factores, en primer lugar, a la lucha constante por hacer prevalecer el respeto de la autoridad por los derechos subjetivos públicos, en segundo lugar, por un deficiente desarrollo de prácticas democráticas, que hacía de la resolución política de conflictos entre estados, federación o municipios una regla que no necesitaba recurrir a más expediente jurídico que a la renuncia o la desaparición de poderes. Pero también notamos un cierto prurito de pereza, al considerar muchos juristas al amparo como un mecanismo que tutelaba de forma efectiva la Constitución, por lo que no se necesitaba la introducción de “modelos extranjeros”. 


A este respecto, el desarrollo político de nuestro país generó que, desde 1989, la llegada a los poderes estatales o municipales de partidos distintos del PRI generó dos factores importantes: Por un lado, un aumento en los choques entre autoridades, y por otro lado, la imposibilidad de recurrir a expedientes políticos para su solución, dada la distinta procedencia de dichas autoridades. 

Nuestro diseño constitucional había sido perfeccionado en la época del partido único, en tal sentido, no contaba con los mecanismos necesarios para resolver estos nuevos problemas surgidos de la pluralidad política. Surgió entonces la necesidad de, por un lado reglamentar y pulir las controversias constitucionales, y por el otro crear un mecanismo de impugnación de leyes y tratados, reputados inconstitucionales. 

De esta forma podemos entender el desarrollo del a jurisdicción constitucional orgánica desde 1994 a la fecha, con el surgimiento de las acciones de inconstitucionalidad y la expedición de la ley reglamentaria del Art. 105 constitucional. 


II.- Naturaleza procesal de las acciones de inconstitucionalidad 

 Después de la reforma al artículo 105 constitucional en 1994, se han escrito pocos textos y análisis que busquen desentrañar su función. Varios autores han tenido que abordar su estudio , sobre todo, en textos recientes o reediciones de libros de Derecho Constitucional. Así, por ejemplo, se han ocupado del asunto Salvador Valencia Carmona (Derecho constitucional mexicano a fin de siglo), Elisur Arteaga Nava (Derecho Constitucional), Héctor Fix-Zamudio y Valencia Carmona (Derecho Constitucional mexicano y comparado), y Enrique Sánchez Bringas (Derecho Constitucional). 

Obras dedicadas específicamente a las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales sólo tenemos dos, la de Juventino V. Castro (El Artículo 105 Constitucional) y de Elisur Arteaga Nava (Las acciones de inconstitucionalidad y el caso Tabasco), aunque también se abordan en la obra colectiva La defensa de la Constitución. 

 Sin un afán distinto al académico, quiero formular las siguientes observaciones citadas 

 1.- Salvo el caso de Felix-Zamudio, es evidente que los juristas que se han ocupado de las acciones de inconstitucionalidad y controversias son primordialmente constitucionalistas o amparistas (Castro y Castro) no por procesalistas. Sucede algo parecido al estudio de la quiebra o concurso, que siendo materialista procesal, es analizado por mercantilistas o civilistas. 

 2.- Los pocos textos que se ocupan en particular de las controversias y acciones están basados más en un comentario de la Ley que en un análisis dogmático. En ese sentido, se quedan con la vieja escuela francesa de la exégesis, salvo los estudios de Cossío citados al pie de la página o el que se encuentra en el volumen La defensa de la Constitución. 


Lo anterior obliga a hacer un replanteamiento de las acciones de inconstitucionalidad desde una perspectiva procesal. Esto resulta particularmente importante cuando el distinguido constitucionalista Enrique Sánchez Bringas les niega el carácter de acción, y por ende, de proceso, como se desprende de los párrafos siguientes: 

 “De acuerdo con el ordenamiento constitucional, existe la posibilidad de plantear ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto resolver la posible contradicción entre una norma general y la Constitución. En realidad más que una acción en el sentido procesal del término, constituye una petición de control de la validez normativa. Por que en esa instancia no se dan las condiciones jurisdiccionales; no hay parte actora ni demandada como sucede en el juicio de amparo. Es, ciertamente, una especie de consulta sobre la constitucionalidad de las normas generales.” (3). El autor en comento considera que la resolución de acciones de inconstitucionalidad es una facultad materialmente legislativa de la Suprema Corte , “...porque los efectos generales de la declaración de inconstitucionalidad que produzca la Corte, son derogatorios de la norma general tildada de inconstitucionalidad” (4). 

El distinguido constitucionalista citado mira, a mi parecer , con ojos de amparista a la acción de inconstitucionalidad, en concreto, me parece las familiariza con el amparo directo, del que existe una amplia discusión sobre su naturaleza procesal (proceso o recurso). 

Desde nuestra perspectiva, las acciones de inconstitucionalidad constituyen o dan origen a un auténtico proceso, y son, por lo mismo, acciones en sentido procesal, así como detonantes de la jurisdicción. Pero tienen características propias que, sin negar para nada su naturaleza procesal, si las delimitan claramente de otros procesos constitucionales, incluido claro está el amparo directo. 

Tenemos que atender en primer lugar al vocablo acción. Muchas teorías y diversos significados se le ha dado a tal palabra, desde la definición clásica de Celso: “ No es otra cosa la acción que el derecho de perseguir en el juicio lo que a uno se le debe”. Al día de hoy, si bien existen aún pluralidad de definiciones, se acepta que la acción es un derecho o facultad separada de la pretensión (lo solicitado) y del derecho debatido. (5) 

La conceptualización mas acertada, a nuestro parecer, es la que propone el jurista uruguayo Eduardo J. Couture, cuando nos dice que la acción es “... el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión” (6). Parecida en cuanto a contenido es la definición que presenta el Dr. Niceto Alcalá Zamora : “... la acción es tan sólo la posibilidad jurídicamente encuadrada de recabar los proveimientos jurisdiccionales necesarios para obtener el pronunciamiento de fondo y, en su caso, la ejecución respecto una pretensión litigiosa” (7). 

Lo que subyace a ambas definiciones es que la acción es el derecho a la jurisdicción. Un derecho que se convierte en garantía individual o derecho subjetivo público cuando hablamos de los particulares. En tal sentido, Ovalle Favela nos dice que el derecho a la tutela jurisdiccional es “... el derecho público subjetivo que toda persona tiene para acceder a tribunales independientes e imparciales, con el fin de plantear una pretensión o defenderse de ella, a través de un proceso justo y razonable en el que se respeten los derechos que corresponden a las partes; así como para que dichos tribunales emitan una decisión jurisdiccional sobre la pretensión o la defensa y, en su oportunidad, ejecuten esa resolución” (8). 


Evidentemente las autoridades, en cuanto tales, no son sujetos de derechos subjetivos públicos, y como se desprende de la lectura del artículo 105 constitucional, los legitimados para el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad son autoridades o representantes populares, que no actúan como ciudadanos. Sin embargo, de todos modos creemos que es plenamente aplicable la definición de acción establecida por Couture. Podemos sintetizarlo de la siguiente forma, atendiendo a los elementos que de la misma definición se desprenden: 

1. Poder jurídico: EL poder jurídico deriva de una situación reconocida o protegida por el Derecho. En este sentido , el poder se limita a la posibilidad de acercar el litigio a la autoridad jurisdiccional.
 2. Sujeto de derechos : como lo hemos señalado, los legitimados par intentar la acción se encuentran en el Art. 105 constitucional, por lo que son sujetos de derechos para el caso concreto, pues la misma ley los faculta. 
3. Órgano jurisdiccional: por disposición del artículo citado, quien resuelve la acción de inconstitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano jurisdiccional supremo del país. 
4. Satisfacción de una pretensión : La pretensión es aquello que solicitamos de nuestra contraria, y sea un dar, hacer o no hacer. En el caso de las acciones de inconstitucionalidad se reclama un no hacer (“no hagas una ley o firmes un tratado inconstitucional”) 

Como queda claro, todos los elementos de la acción se encuentran presentes en la acción abstracta de inconstitucionalidad. 

Por otra parte, Sánchez Bringas niega la posibilidad de que existan parte actora y demanda en la acción de inconstitucionalidad. Nos parece que también incurre en un error, ya que sí existen. 

 Evidentemente podrán ser parte actora de una porción de un cuerpo legislativo, federal o local, y el Procurador General de Justicia, y demandada un cuerpo legislativo. Nos parece que el autor en análisis parte del concepto de interés jurídico desarrollado en el amparo para negar la posibilidad de que existan partes. Opinamos que para aclarar la situación debemos recurrir a dos conceptos: interés jurídico y legitimación: 

 Interés Jurídico: El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José de Jesús Gudiño Pelayo, establece que “... Tendrá interés jurídico para promover quién es, o supone ser, titular de derechos, obligaciones o cargas que se pretendan crear, modificar o extinguir y que, en virtud precisamente de esa circunstancia, afectan su situación jurídica” (9). En el caso de la acción de inconstitucionalidad tiene interés jurídico el municipio, por medio de su ayuntamiento, ya que el Ayuntamiento tiene una serie de derechos y obligaciones consignados en el articulo 115, y la afectación de los mismos, cuando se estime generada por una ley o tratado inconstitucional, genera el interés jurídico para actuar (10). En el caso de los legisladores, tanto federales como locales, su interés jurídico deriva de la obligación de cumplir y hacer cumplir la 


Constitución , protesta que rinden ante el pueblo. En tal sentido, su reclamación de inconstitucionalidad no se genera de una afectación particular, como por ejemplo, en el amparo, sino de una situación subjetiva constitucional que les obliga a velar por el cumplimiento de la disposición normativa máxima de nuestro país. Situación muy parecida se presenta con el Procurador, que , sin embargo, validamente podría desaparecer como titular del derecho de accionar (11). 

>Legitimación: como sabemos, existen dos tipos de legitimación: en la causa y en el proceso. La primera es una condición extrínseca del sujeto que es parte, pues no depende de las aptitudes propias y generales de la persona (capacidad), sino de la vinculación que tiene una persona concreta con el litigio sometido al proceso. Por lo mismo, es una condición particular que se examina respecto a un proceso determinado. Se puede conceptuar como la autorización que la ley da a una persona para ser parte del proceso determinado. Se puede conceptuar como la derivación que la ley da a una persona para ser parte en un proceso, y que deriva de su vinculación especifica con el litigio (12). La legitimación procesal se refiere a la capacidad de actuar validamente por si o en nombre de otro dentro de un proceso, por lo que , es claro, la legitimación procesal deviene de ser, en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, sujetos de derechos sus titulares. La Corte ya se ha pronunciado a este respecto , y para ilustrar su criterio transcribo dos tesis que demuestran como si existe legitimación tanto en la causa como en el proceso en las acciones de inconstitucionalidad: 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL. EL CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL LA TIENE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, PARA 
PROMOVER EN NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 11 ,párrafos primero y tercero, De la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 34, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde al consejero jurídico del Ejecutivo Federal representar al presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las controversias constitucionales; acuerdo que en todo caso debe presumirse, salvo prueba de lo contrario, ya que , en términos de lo establecido en el primer dispositivo citado, quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad legal para hacerlo. 

Controversia constitucional 56/96. Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Guadalajara, Jalisco. 16 de Junio de 1997. Unanimidad de nueve votos. 
Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria 
Martínez. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrará el veintitrés de septiembre en curso, aprobó, con el número 70/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y siete. Nota: La votación señalada en el procedente se refiere al criterio planteado en la tesis. La ejecutora relativa 

A la controversia constitucional 56/96 aparece publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo VI, Septiembre de 1997. Tesis: P./J 70/97 Página: 546. Tesis de 
Jurisprudencia. 

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA Y EN EL PROCESO.
La legitimación en la causa, entendida como el derecho sustantivo para poder ejercer la acción, y la legitimación en el proceso, entendida como la capacidad para representar a una de las partes en el procedimiento, son aspectos de carácter procesal que, para el caso de las controversias constitucionales, se cumplen de la siguiente manera: 1.Conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución Federal, solamente tienen el derecho para acudir a la vía de controversia constitucional las entidades, Poderes u órganos a que se refiere el citado precepto fundamental; de esto se sigue que son estos entes públicos a los que, con tal carácter, les asiste el derecho de ejercer la acción de referencia; y 2.De conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria, atento el texto de la norma y el orden d elos supuestos que prevé, el órgano jurisdiccional, primero debe analizar si la representación de quien promueve a nombre de la entidad, Poder u Órgano, se encuentra consignada en ley, y en todo caso, podrá entonces presumirse dicha representación y capacidad, salvo prueba de lo contrario. 

Reclamación 23/97.Diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del Estado de Chiapas. 23 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario : Osmar Armando Cruz Quiroz. Nota: Esta tesis no es jurisprudencia. 

Instancia: Primera Sala. Fuente : Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Época: novena Época. Tomo VI, Agosto de 1997. Tesis:1ª. XV/97 Página: 468.Tesis Aislada. 

Debemos determinar, además, si se trata de un ejercicio de la jurisdicción. A este respecto , podemos definir a la misma como la “función desenvuelta por el Estado para (a) conocer, (b) en su día decidir y (c), en su caso, ejecutar la sentencia firme emitida con carácter imperativo pro un tercero imparcial, instituido por aquél y situado supra partes, acerca de una o más pretensiones litigiosas deducidas por los contendientes y canalizadas ante el juzgador a través del correspondiente proceso, en el que podrían también haber mediador actuaciones preliminares o asegurativas” (13). 

 Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que lo característico de la jurisdicción es la intervención de un tercero imparcial, estatuido por el Estado, que impone su decisión (juzgador), que es vinculativa y obligatoria para las partes. Tal es el atributo especial y distintivo de la jurisdicción, por que los actos de los otros poderes están sujetos a su revisión por un juez, y los actos de la jurisdicción no son revisados por otro poder. Couture ha escrito que “... la cosa juzgada y su eventual coercibilidad son inherentes a 


la jurisdicción. El carácter de irreversibilidad que da a las decisiones judiciales la autoridad de cosa juzgada, no aparece en ninguno de los otros modos de actuación del poder público” (14). 

 Es evidente y claro que , en las acciones de inconstitucionalidad, hay un juez que ejerce actos de jurisdicción (Suprema Corte), su decisión es vinculativa para las partes (ya que la anulación o validez de la ley no quedan al capricho del actor o del demandado) y la sentencia no es revisada por ningún otra autoridad. 

III. Conclusiones. 

1. La defensa de la constitución, sobre todo, en lo que se refiere a la jurisdicción constitucional orgánica, fue una materia poco estudiada en México, pues no se establecieron mecanismos procesales que la tutelan. 

2. Al día de hoy, se ha subsanado la falta de ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, que originaba un procedimiento inadecuado (juicio ordinario federal) para el tratamiento de las controversias constitucionales. 

3. Hace falta un mayor número de estudios procesales sobre las acciones y controversias constitucionales, pues su análisis se ha realizado principalmente por constitucionalistas o amparistas, sin aplicar criterios procesales para su estudio. 

4. Las acciones de inconstitucionalidad son, efectivamente, ejercicio del derecho de acción. Como tal, originan un proceso que se resuelve mediante el ejercicio de la jurisdicción. 

5. Por tanto, las acciones de inconstitucionalidad representan en verdad un auténtico proceso constitucional. 


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COUTURE, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Depalma, décimo cuarta reimpresión, 1998. Estudios de Derecho Procesal en honor de Hugo Alsina, EDIAR, Buenos Aires, 1946. 

OVALLE FAVELA, José , Garantías constitucionales del proceso, Mc. Graw Hill, México,1997. 


GUDIÑO PELAYO, José de Jesús, introducción al amparo mexicano, Noriega editores, México , 1999, segunda edición. 

CASTRO Y CASTRO, Juventino, El articulo 105 Constitucional, Porrúa, México, segunda edición, 1997. 

ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto , Estudios de teoría general e historia del proceso, Tomo I, UNAM-IIJ, México, Primera reimpresión de la primera edición, 1992. 



NOTAS 

1. José Ramón Cossío Díaz nos da los siguientes datos. Desde el 5 de Mayo de 1917 hasta el 31 de diciembre de 1994 se promovieron 55 controversias constitucionales, 14 de ellas entre la Federación y un estado, 22 entre poderes de un mismo estado, 1 entre estados, 12 entre municipios y estados y 1 entre un municipio y un estado. « Comentario al artículo 105 constitucional « , Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, T. II Porrúa, México, 1998, p.1053 

2. 2 FIX ZAMUDIO, Héctor, y José Ramón COSSIO DIAZ, « El Poder Judicial en el ordenamiento mexicano », Fondo de Cultura Económica, México, 1998,p.26. 

3. SANCHEZ BRINGAS, Enrique, Derecho Constitucional, Porrúa , México, cuarta edición, 1999, p.p. 506-507 

4. Ibídem, p.p. 512-513. 

5. Para consultar las diversas definiciones y teorías sobre la acción, véase OVALLE FAVELA, José, Teoría General del Proceso , Oxford, cuarta edición, 1998, p.p. 153-164. 

6. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Depalma, décimo cuarta reimpresión, 1998, p.57. 

7. Enseñanzas y sugerencias de algunos procesalistas sudamericanos acerca de la acción “ Estudios de Derecho Procesal en honor de Hugo Alsina, EDIAR, Buenos Aires, 1946, p.798. 

8. Garantías constitucionales del proceso, Mc Graw Hill, México, 1997, p.289. 

9. Introducción al amparo mexicano, Noriega editores, México, 1999, segunda edición, p.347. 

10. Como ejemplo de lo anterior, tenemos la siguiente jurisprudencia:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS JURÍDICO. LO TIENE EL MUNICIPIO EN QUE SE INSTALA UNA O MÁS DE LAS JUNTAS DE MEJORAMIENTO MORAL, CÍVICO O MATERIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA IMPUGNAR LA LEY QUE LAS CREA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley que crea las Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, en cada una de las cabeceras municipales de la entidad se integrará una de estas juntas, con fines de fomento y cooperación y con las facultades que en la propia ley se especifican. Por tanto, si un Municipio del propio Estado estima que con la creación e inclusión de estas Juntas dentro de su ámbito territorial, se invade la esfera de competencia que consagra el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y si se toma en consideración que los fines y facultades de estas tendrán lugar y aplicación dentro del territorio municipal, debe concluirse que aquel Municipio tiene interés jurídico para impugnar la ley de mérito. 

Controversia constitucional 2/95. Jesús Hinojosa Tijerina, José Martínez Gonzáles y Miguel Gómez Guerrero, en su carácter de Presidente Municipal, Secretario y Síndico Segundo del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Estado de Nuevo León, respectivamente, contra el Gobernador, Secretario General de Gobierno y Congreso Estatal del propio Estado. 13 de Mayo de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Amriano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. 

El tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dos de junio en curso, aprobó, con el numero 47/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dos de junio de mil novecientos noventa y siete. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Época: novena Época. Tomo V, Junio de 1997. Tesis: P./J. 47/97 Página:396. Tesis de Jurisprudencia. 

11. Vid. Las opiniones que al respecto vierte Juventino V. CASTRO Y CASTRO, El artículo 105 consticional, Porrúa, México, segunda edición, 1997. 

12. OVALLE, Teoría..., p. 269. 

13. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto, “Notas relativas al concepto jurisdicción”, Estudios de teoría general e historia del proceso. Tomo I. UNAM_IIJ , México, primera reimpresión de la primera edición, 1992, p.p. 57-58. 

14. COUTURE, ob.cit., p39. 







domingo, 10 de julio de 2016

"El factor Churchill" de Boris Johnson

Boris Johnson es un antiguo periodista que fungió como alcalde de Londres. Ahora ocupa un banco en el Parlamento Inglés por parte del partido Tory (conservador), y ha llegado a México su libro “El factor Churchill”, de la mano de Alianza Editorial.

No es extraño un político británico que sea escritor. El mismo Churchill, pasando por su ilustre antecesor Disraeli, entre otros. Es una actividad perfectamente compaginable con el ejercicio del mando público y la contienda electoral, sin duda habla de una clase política acostumbrada a la reflexión.

Johnson fue uno de los más entusiastas promoventes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y recientemente ha declinado contender por el cargo de Primer Ministro (al menos por el momento) en 2014 dio a la luz el libro que hoy nos ocupa.

No es desde luego la mejor biografía del gigante inglés. El mismo autor lo reconoce (en lo personal, recomendaría los dos tomos de Roy Jenkins) pero la intención del autor es más bien presentar tanto algunas ideas del premier británico, como explorar las razones que le dieron la fuerza interior que tanto le sirvieron a los ingleses en el momento de su máxima prueba.

Al desarrollar el carácter y el estilo churchilliano, Johnson reivindica la función del político con puro en tanto estadista, pero también lo describe como persona, con pinceladas de color sobre el uso que brillantemente hacía del doble sentido (entre nosotros seguramente hubiera entendido y practicado con éxito el albur). Y para mí el mayor mérito del trabajo (que no es para nada menor) es la acertadísima relación entre los dos Churchill (Randolph el padre y Winston el hijo) con el inventor del partido Tory como representante de las clases populares: Benjamín Disraeli. Los vasos comunicantes entre el viejo ministro de la Reina Victoria y Churchill el hijo son muy importantes para entender el conservadurismo inglés, y no había encontrado que esa liga se hiciera evidente ni siquiera en el texto de Jenkins, que fue distinguido miembro del Parlamento (pero laborista…, tal vez por eso no se dio cuenta de la relación apuntada)

El capítulo en que Johnson aborda las ideas churchillianas sobre una Europa unida es muy interesante, no solo por lo que muestra del gran hombre, sino por lo que evidentemente proyecta de sus ideas. Una Europa grande, de la que el Reino Unido sea firme socia, pero no consorte.

No presenta un Winston de piedra que mira a la historia desde un pedestal. Presenta sus debilidades y carencias (lo que no es raro en la amplísima bibliografía sobre el titán de Blenheim) y ahonda en los sucesos contradictorios o auténticos fracasos que jalonaron su carrera política, tratando de fijar su responsabilidad personal, en temas tan complejos como la tragedia de los Dardanelos o el bombardeo de la escuadra naval francesa. Un capitán en medio de la tempestad no puede ser juzgado como el apacible patrón de una panga de río.


Vale la pena el libro. El ritmo es bueno, y a pesar de errores de edición que lo afean, vale por dos, pues presenta una reflexión sobre el más grande británico mientras trasluce las ideas de un político inglés aún en activo.

viernes, 1 de julio de 2016

Miscelánea jurídica XXIV

Understanding State Constitutions
G. Alan Tarr.

Estupendo libro para conocer el vigoroso constitucionalismo local americano. La relevancia de las cartas locales en Estados Unidos desde su origen, contrasta con el aletargamiento que en México tuvieron durante mucho tiempo. Este libro nos demuestra que no necesariamente es así en otros sistemas federales.

Organizado de forma que nos presenta los principales temas del constitucionalismo local a lo largo de tres siglos, nos muestra los asuntos que se han regulado en las máximas normas estaduales; temas como la independencia o posible reintegración al Reino Unido, el costo de los billetes del tren, la restricción o extensión del voto a mujeres y americanos provenientes de razas diversas, así como la participación popular en la aprobación de constituciones, leyes, y políticas públicas. Termina con un muy interesante capítulo sobre interpretación.

En buena medida ilustra también acerca de la influencia que los constitucionalistas de una entidad han tenido en la labor de los juristas de otra. No necesariamente se tiene una mentalidad vertical, más bien se buscan aproximaciones horizontales al momento de ajustar las constituciones.

Este libro lo leí en la versión original americana, publicada por Princeton Paperbacks. Tuve la oportunidad de conocer en noviembre de 2015 a su autor, y verificar en persona la claridad de su pensamiento así como su excelente trato.


jueves, 16 de junio de 2016

Segunda vuelta



En el último número de la revista Voz y Voto se publicó un interesante artículo de José Woldenberg sobre el tema de la segunda vuelta electoral, para la elección de los puestos ejecutivos. Como argumento de fondo, el distinguido politólogo presenta el que se evite que llegue a encabezar gobierno quien concita más voluntades en su contra.

Desde luego no puede obviar el ex presidente del IFE el tema de la gobernabilidad por referencia a la integración del legislativo, y propone que se modifique la integración de las cámaras federales, a fin de que  sean un espejo de la votación nacional, esto es, el porcentaje de votos de cada fuerza política sea igual al de escaños que obtenga. Afirma que, incluso en caso de que este elemento de ajuste no se consiga, aun así con el modelo constitucional actual sería posible un esquema de segunda vuelta, dado que se puede optar por un gobierno de coalición, basado en la alianza entre el partido en el ejecutivo y la fuerza o fuerzas principales del el legislativo.

Desde luego la autorizada pluma que propone lo anterior obliga a tomar en serio su propuesta. Y por tanto, exige también una réplica que permita ofrecer a los ciudadanos distintos puntos de vista para que cada quien forme su opinión.

Si bien es cierto la segunda vuelta genera la ilusión de una mayor “legitimidad”, siguiendo a Jaime Cárdenas, puede afirmarse que la misma en buena medida es ficticia, dado que un porcentaje importante de quienes votan por el ganador no lo hacen por sus propuestas, personalidad o antecedentes, sino justamente como afirma Woldenberg, para evitar que otra persona acceda al ejecutivo, esto un poco justo como acaba de suceder en Perú entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski.

Sin embargo, ¿esto genera legitimidad? Genera la aceptación del mal menor, pero ni concita la emoción ni garantiza el apoyo; más bien una especie de pasiva aceptación.

Al contrario que Woldenberg, estimo que el entramado constitucional actual no es adecuado para la segunda ronda. Ya lo ha apuntado María Marván, ex consejera tanto del IFE como del IFAI, el tema no es la segunda ronda, el asunto es si modificamos la forma de gobierno presidencial por una diversa. Veamos el ejemplo de Perú. Frente al triunfo ajustado de Kuczynski para el ejecutivo, se observa que los seguidores de Fujimori tienen 60 escaños de 130, y los partidarios del presidente electo acceden apenas a 25. Es de esperarse que las medidas legislativas y presupuestarias del nuevo gobierno choquen con la fuerza que tiene casi la mitad de los congresistas.

Si un escenario similar se presentara en México, se dirá que hay dos salidas: una, la negociación política de cada tema trascendente, lo que desde luego es posible pero que en un congreso con diversas bancadas se vuelve muy complejo, y más si observamos que en nuestro país ya no son tres, sino cuatro las fuerzas políticas principales. La segunda salida, podría aducirse, es que ya nuestra Constitución contempla los gobiernos de coalición, que al correcto decir del expresidente del IFE permite acuerdos que permitan ejecutar un plan de gobierno concertado.

Sin embargo, vale recordar que ese modelo de gobiernos de coalición es propio de los sistemas parlamentarios, en los cuales el gabinete dura tanto como el apoyo de la mayoría de la legislatura. Así, si en México tuviéramos una coalición en el gobierno que por cualquier causa (elecciones intermedias, disputas por puestos, discrepancia sobre la ejecución de políticas, eventos externos sobre cuya atención no haya acuerdo, etc,) se rompiera, no terminaría anticipadamente el gobierno y el tema se zanjaría con elecciones anticipadas, como en cualquier país parlamentario, sino que continuaría un ejecutivo nacional confrontado con una oposición fortalecida por sus ex aliados, con una debilidad patente por un lastimoso periodo de varios años.

Con lo anterior no descarto la segunda ronda. Llamo la atención sobre la necesidad de no introducir elementos aislados en la estructura constitucional de gobierno, sin que se haga la revisión integral de la misma que permita su adecuado funcionamiento como un todo. 

miércoles, 8 de junio de 2016

Miscelánea jurídica XXIII

Teoría de la nulidad de las elecciones
Santiago Nieto Castillo

Por derecho propio, uno de nuestros máximos autores de Derecho Electoral, que ahora plasma sus ideas sobre el tema siempre complejo de las nulidades en materia comicial. Siguiendo su buena costumbre de fijar posiciones, precisa de inicio su visión acerca del Estado constitucional y democrático de derecho, así como el papel de los jueces en la democracia. Esto es importante, porque su visión ideológica y su postura epistemológica, expresadas de forma clara, permiten confrontar sus ideas a lo largo del libro con los postulados de que parte, a fin de verificar la coherencia del autor; sin duda lo es a lo largo de todo el texto.

Se abordan temas como el desarrollo histórico de la nulidad electoral, así como el concepto de la determinancia en sus dos vertientes, cualitativa y cuantitativa. En particular, destaca el análisis de las causas abstractas y genéricas de nulidad, distinguiendo con precisión entre una y otra. En un apartado previo analiza las causales específicas. Al final, plasma sus consideraciones sobre la judicialización de la política.

La obra de Nieto Castillo conjunta conocimiento teórico con un brillante análisis de casos concretos, en temas que van desde la separación Iglesias-Estado hasta el uso de logos partidistas en peleas de box. Su compromiso con los ideales de un estado auténticamente democrático están presentes en este como en todos sus libros; y aquí toman un lugar preponderante cunado se ocupa de analizar las nuevas causales constitucionales de nulidad electoral. Pluma ágil, experiencia práctica y solidez teórica, no es algo que se encuentre siempre.

Afirma el autor: "Los juzgadores deben ser conscientes que sus sentencias trascienden al ámbito social y mandan mensajes para el colectivo". Lo que permiten o no los jueces, marca el límite entre lo políticamente posible y lo jurídicamente lícito.


lunes, 23 de mayo de 2016

Voto razonado. ¿Pueden las autoridades administrativas realizar control constitucional?

Transcribo a continuación mi voto razonado en un asunto, donde analizo el tema del control constitucional difuso y las autoridades administrativas.

VOTO RAZONADO QUE EMITE EL CONSEJERO LUIS OCTAVIO VADO GRAJALES, EN RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RELATIVO A LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVARSE PARA LA CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EMITIDA EN EL EXPEDIENTE TEEQ-RAP/JLD-2/2016 Y SUS ACUMULADOS.

Para explicar este voto, quiero centrarme en la decisión contenida en la sentencia del expediente TEEQ-RAP/JLD-2/2016, en cuanto la inaplicación en el caso concreto del artículo 166, fracciones I, II, III incisos a) y b) así como IV, incisos a) y d) de la Ley Electoral queretana, inaplicación a la que llega el juzgador electoral luego de ejecutar el método de control constitucional que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010, originado por la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el asunto Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos.

En tal decisión, el máximo tribunal constitucional reconoció el control difuso de la constitucionalidad, mismo que en palabras de Rafael Coello Cetina podemos definir como “la atribución que corresponde a todo tribunal del Estado Mexicano, sea judicial, administrativo o del trabajo, para analizar y decidir sobre la constitucionalidad de las disposiciones generales que debe aplicar al conocer y resolver un juicio, con el objeto de tutelar los derechos humanos de los sujetos que se someten al orden jurídico nacional”[1] y fijó los pasos para realizar dicho control, mismos que deben seguirse para declarar en su caso, la inaplicación por inconstitucionalidad. Dichos pasos son los siguientes[2]:

A.  Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo a las personas la protección más amplia.

B.  Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde con los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.

C.  Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.

Destaco de lo anterior, que conforme el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  la obligación de realizar interpretación conforme en sentido amplio corresponde a todas las autoridades, mientras que la interpretación conforme en sentido estricto así como la inaplicación por inconstitucionalidad, corresponden a los jueces.

Me parece que de lo anterior se pueden extraer dos conclusiones relevantes. Primera, que la distinción que realiza el máximo juez constitucional mexicano entre autoridades administrativas y autoridades jurisdiccionales, debe ser la guía para el actuar de las mismas, pues cualquier ejercicio de potestad pública debe estar sujeto al ámbito de competencias de cada autoridad, sin que sea posible, aún con los mejores deseos cívicos, que una determinación pueda sostenerse cuando se dicta fuera de la esfera de atribuciones que el propio sistema constitucional ha señalado.

Segunda, que la inaplicación de disposiciones legales es una competencia exclusiva de los jueces, aún en el modelo de control constitucional. Esto se robustece con la tesis de rubro SISTEMA DE  CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO, en cuya parte final se puede leer “Finalmente, debe señalarse que todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad”.

Hasta aquí, puede afirmarse entonces que al emitir el Acuerdo relativo a los Lineamientos que deberán observarse para la constitución y registro de los partidos políticos locales en el estado de Querétaro este Consejo General estaba constreñido a realizar la interpretación conforme de la legislación aplicable, pero le estaba vedado el realizar una apreciación sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley Electoral del Estado.

La interpretación conforme es un canon mediante el cual el operador jurídico debe realizar una lectura de los textos legales que permita dar a los inferiores un sentido concorde con el que se adscribe a los que se encuentran en gradas mayores del sistema normativo. Ahora bien, para lograr esto es necesario que la asignación de sentido sea racionalmente sostenible. Esto es, no cualquier lectura del texto es posible.

Dicho claramente, no es posible, so pretexto de una supuesta interpretación conforme, realizar una inaplicación. Hacerlo sería violentar el criterio fijado por la Suprema Corte e ignorar la distribución constitucional de competencias.

Ahora bien, en el caso relativo al porcentaje requerido por la legislación local y la general para el registro de nuevos partidos, el juez comicial queretano concluye que no es posible realizar una interpretación conforme, ni en sentido amplio ni en sentido estricto, porque, como afirma en la sentencia referida, la regulación de los asuntos que contiene el artículo 166 de la Ley Electoral es competencia del legislador federal. Esto racionalmente no puede superarse mediante método alguno de interpretación.

En el ejercicio de esta facultad, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro ha llevado a cabo el control constitucional en una manera que esta autoridad administrativa no pudo haber realizado, dado que la emisión del Acuerdo y de los Lineamientos que hoy se modifican son un asunto materialmente administrativo, no contencioso. En el caso de que este Consejo General hubiera arribado a la misma conclusión que dicho Tribunal, al realizar una inaplicación ya sea de forma directa o embozada mediante una supuesta interpretación conforme, hubiera realizado un acto más allá de su competencia e inconstitucional.

Si se hubiera tratado de un asunto contencioso, tales como los procedimientos sancionadores tanto ordinarios como especiales, estaríamos en presencia de una facultad materialmente jurisdiccional por parte de este Colegiado, ya que siguiendo las ideas de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, el ejercicio de la jurisdicción implica conocer, en su día decidir, y en su caso ejecutar, la determinación tomada con motivo de un litigio. Aquí sí hubiera sido no solo posible, sino en mi opinión completamente obligatorio para este Consejo General, realizar interpretación constitucional en sentido estricto e incluso determinar una inaplicación[3].



[1] COELLO CETINA, Rafael, “El control jurisdiccional del control difuso”, en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal constitucional, México, número 18, julio-diciembre 2012, p. 129.
[2] Se transcribe en los incisos siguiente lo escrito en la página 34 de la determinación del expediente Varios 912/210.
[3] Vid. NIETO CASTILLO, Santiago, Control de convencionalidad y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, México,Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, número 30 de los Cuadernos de divulgación de la justicia electoral, p.p. 86-89. Si bien las consideraciones del autor en cita se refieren al control de convencionalidad, me parecen aplicables al control de constitucionalidad, en tanto se trata de confrontar textos normativos de distinta jerarquía que estatuyen o limitan derechos fundamentales. En particular, lo relativo a que las autoridades administrativas al ejercer competencias jurisdiccionales puedan realizar control constitucional. Esto es concorde con el voto particular y concurrente que formula el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de las consideraciones sustentadas en el expediente Varios 912/2010, en el que textualmente afirma: “En este sentido, estimo que habría sido adecuado precisar, de una vez, que el control de constitucionalidad difuso que se aprobó por el Tribunal Pleno resulta obligatorio para todos aquellos jueces y órganos que realicen funciones materialmente jurisdiccionales”. p.11 de la resolución del expediente Varios 912/2010.