(En esta nueva sección presentaré reflexiones cortas sobre acontecimientos o noticias jurídicas)
El
primer informe del ministro Zaldívar.
Al ver primero y luego leer el
discurso con el cual el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación presentó su informe de labores recordé una idea de Robert Post y Reva
Siegel[1], que distinguen entre “derecho
constitucional” y “Constitución”, considerando que el primero se compone de las
decisiones de los tribunales y la segunda expresa las convicciones populares.
No sostengo que el mensaje del
minsitro Zaldívar deba leerse en clave de “constitucionalismo popular”, sino
que la idea de que hay una separación entre cómo leen el texto constitucional
la judicatura (y buena parte de la academia) puede estar desconectada de la
lectura que haga la ciudadanía. Y esto también puede reflejarse en una concepción
de aislamiento, de que las jueces y los jueces son miembros de una élite que no
comparte las necesidades diarias de la mayoría de la población.
Es difícil de asir la
percepción popular, compuesta lo mismo de opiniones ciudadanas que de sesudos
análisis con sesgos de todo tipo; pero en el discurso del Ministro Presidente
se apunta con claridad a una idea: se siente a la judicatura lejana del pueblo
y rodeada de privilegios.
No afirmo que la percepción
sea realidad. Tan solo que la realidad se compone de percepciones.
Aceptemos en principio que
existe esa percepción, probablemente extendida a otras áreas del servicio
público. Y aceptemos también que la mayoría de quienes laboran en el Poder
Judicial (local o federal) llevan cargas de trabajo y soportan presiones
intensas; esta discrepancia entre lo que se opina y lo que se hace requiere
atención, porque a final de cuentas una judicatura que no es vista como confiable
no es una judicatura con legitimación social.
Se me dirá que los jueces no
requieren de la opinión pública para desarrollar su labor, contestaré que en el
estado democrático del siglo XXI todos los poderes y órganos autónomos deben
preocuparse de contar con el respaldo de la ciudadanía.
Varias de las medidas que se
han venido ejecutando en este año dentro del Poder Judicial Federal apuntan en
ese sentido: el combate a la corrupción, las nuevas reglas para evitar
nepotismo, las acciones en materia de género, los cambios en la forma de
comunicarse con la sociedad. Todo esto se permea en un mensaje que refleja autocrítica
a la vez que también legítimo orgullo de cuerpo.
Todo esto apunta a un cambio
en la cultura institucional, en un aparato tan grande y variado como pocos en
la burocracia mexicana. En el informe se dieron cuenta de acciones concretas,
pero la modificación de costumbres llevará tiempo y siempre puede regresarse a
las viejas prácticas.
El mensaje ministerial mostró una decisión política del Presidente de la Corte pero también de toda
ella como colegiado: si no nos reformamos, nos reforman. Mejor hagámoslo
juntos.
[1] En
Constitucionalismo democrático. Por una
reconciliación entre Constitución y pueblo, Siglo XXI editores, Buenos
Aires, 2013, p.132 (traducción de Leonardo García Jaramillo)
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